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Julio Monreal

EL NORAY

Julio Monreal

Eficacia en la complejidad

Eficacia en la complejidad

Viajar en metro entre Picassent y València costará exactamente la mitad a partir del mes de enero gracias a la largamente esperada integración tarifaria de la movilidad metropolitana que el conseller de Transportes, Arcadi España, y su equipo han hecho posible. Con el nuevo año, una sola tarjeta y una estructura simplificada de pagos permitirán el uso combinado de Metrovalencia, Metrobús, la EMT de la capital y la red de Cercanías de Renfe por parte de más de un millón y medio de ciudadanos, un hito que cabe calificar de histórico y en cuya consecución muchos han fracasado, demorando lo que solo tenía un camino que está todavía por completar, que es la fusión de todos los medios públicos de transporte del área de València para dar soluciones globales a una movilidad que ya no tiene sentido que se vincule a términos municipales, como todavía sucede con las concesionarias de bicicletas o los servicios de coches y motos de alquiler.

Cada año, cuando llega el debate de los presupuestos del Estado, se reproduce el agravio de ver cómo las áreas de Madrid y Barcelona reciben más de cien millones de euros para financiar su transporte metropolitano y València ha de conformarse con un tercio. Y siempre que se produce ese debate, el ministro o la ministra de turno replican que hay que trabajar por una integración del transporte metropolitano, como hacen de forma decidida en las dos capitales citadas, para optar a más ayudas desde las dos riberas del Turia.

La integración tarifaria impulsada por el responsable de movilidad de la Generalitat, de la mano de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València, es un paso decisivo en el camino de obtener financiación para acometer nuevos proyectos después de poner en marcha lo que está en su mano, y dista mucho de esperar pasivamente a que llegue el maná por la autovía A-3 mientras maldice uno su suerte.

Arcadi España demuestra cada día, y la integración del transporte metropolitano es un episodio más, que se puede gestionar con rapidez y eficacia en ámbitos de la máxima complejidad, como es el territorio de distintas empresas públicas con diferentes propietarios.

Solo unos meses después de la implantación de la tarjeta común para metro, tren y autobuses urbanos y metropolitanos entrará en servicio la nueva línea 10 de Ferrocarrils de la Generalitat entre la estación de la calle Alicante y el barrio de Nazaret, un equipamiento urbano que los gobiernos del Partido Popular dejaron empantanado por falta de fondos y que ahora será realidad dando un paso más hacia la configuración del metro como una auténtica red, condición que no adquirirá mientras no se complete la línea entre Ciutat Vella y Orriols.

La buena gestión autonómica del transporte metropolitano y urbano contrasta con la sobresaltada y conflictiva administración municipal de la EMT de València, que en los seis años que suman sus actuales responsables acumula estafas, una deuda galopante y una reforma de líneas que no para de provocar deserciones y protestas, intensificadas últimamente con la implantación de cámaras de control del tráfico con régimen sancionador en el centro histórico que ha levantado en armas a los vendedores del Mercado Central y a buena parte del comercio de la zona.

Los partidos de derecha y ultraderecha en el consistorio se frotan las manos en la creencia de que la movilidad y sus conflictos pueden desempeñar un papel fundamental en las próximas elecciones municipales de la capital. De momento ya se relamen mirando una y otra vez los resultados de la reciente encuesta realizada por Ciudadanos que anuncia que la balanza, inclinada hoy hacia la izquierda por un solo concejal, caerá del lado conservador en mayo de 2023. Otra cosa es que si esa situación se produce, María José Catalá y sus aliados reviertan algunas de las medidas contra las que tanto han protestado desde la oposición. Los arietes solo sirven para derribar puertas de muralla, pero una vez dentro su valor es nulo. Aunque no es la portavoz popular en las Corts y en el cap i casal la única que utiliza ese instrumento de asedio. Los soberanistas de Compromís, socios de los socialistas en los gobiernos autonómico y municipal, han pasado de puntillas sobre el logro que constituye la integración del transporte metropolitano y zarandean un día sí y otro también a sus aliados exigiéndoles mejoras en la red de Cercanías de Renfe, que gestiona el Ministerio de Transportes y cuya transferencia reclama la Generalitat.

Como queda de manifiesto cada día más, el tren eléctrico es el medio de transporte de la era de la descarbonización que está comenzando, tanto para viajeros como para mercancías, y cuanto antes se tome conciencia de ello, mucho mejor para todos. Pero eso no empece que la integración tarifaria del transporte metropolitano deba ser reconocida como un gran avance al que los rezagados deberían sumarse con sus energías y los medios que tienen a su disposición por el bien de los ciudadanos y de lo que algunos de ellos predican, aunque a la hora de gestionar presenten un pobre bagaje lleno de líos y números rojos. Hay muchos pasos que dar, y el próximo puede afectar al taxi, un servicio público que piensa más en sí mismo que en el usuario, que no acepta competencia y que bien podría someterse a un sistema de puntuación que premie las buenas prácticas y señale a quienes no se merezcan la licencia.

camps y el «pitufeo», la cara y la cruz

Camps y el "Pitufeo", la cara y la cruz



La justicia ha traído suerte dispar en las últimas semanas a las filas del Partido Popular en lo que se refiere a la sucesión de casos de corrupción de su época como partido de gobierno en la Comunitat Valenciana. Los 50 concejales, asesores y candidatos a ediles en la lista de Rita Barberá en 2015 se han visto imputados por poner mil euros para sufragar su campaña y aceptar que se los devolvieran en metálico, lo que implica que Su Señoría da por hecho que todos sabían que el dinero devuelto procedía de financiación ilegal. Lo cual es mucho suponer y bastante dificil de probar. Mientras se prorroga el calvario de «los 50 del pitufeo», el expresidente Francisco Camps ha visto cómo el Supremo le quita el noveno de los diez clavos que le unían a la cruz judicial por distintos casos relacionados con su acción de gobierno o su vestimenta. A falta solo de un último fallo, el ex jefe del Consell ha anunciado que irá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pedir amparo tras lo que considera 12 años de persecución y se ha vuelto a ofrecer a su partido para que cuente con él como candidato en 2023. Como se recordará, fue su compañero Federico Trillo quien le instó a dimitir como presidente para no perjudicar a su partido solo unos meses después de conseguir una holgada mayoría absoluta en 2011.


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