A estas alturas nadie duda de que el sistema de financiación autonómica discrimina a los valencianos. Los diferentes estudios publicados (Fedea, IVIE) constatan con datos empíricos cómo el modelo actual perjudica a las autonomías más pobladas, siendo la más perjudicada la valenciana. De otro modo, no se explica la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como instrumento extraordinario de financiación para que ninguna comunidad autónoma deje de prestar servicios básicos, como la sanidad, la educación o la dependencia, de acuerdo con sus competencias.

Por primera vez, el pasado 20 de noviembre, a pesar de la lluvia, pudimos ver a todas las fuerzas políticas en el gobierno y la oposición con los agentes sociales y representantes de la sociedad civil, a excepción de Vox, reivindicado una financiación basada en el criterio de población que elimine las diferencias entre los índices de financiación por habitante a nivel autonómico, generando desigualdades entre la ciudadanía según la autonomía en la que resida.

Sin embargo, la reforma del sistema de financiación autonómica no se acomete aún. ¿Dónde está el problema? En la política. La política es el proceso mediante el cual se resuelven los problemas colectivos, en general, y se corrigen las desigualdades, en particular. Lo que requiere voluntad de resolución.

La reforma del modelo actual está pendiente desde 2014, cuando el gobierno popular consideró que era mejor no llevarla a cabo porque podía dar paso a una batalla por los recursos entre las comunidades autónomas. Se suponía que en la legislatura actual se iba a atender el problema. No obstante, la irrupción de la crisis pandémica de la covid-19 modificó por completo la agenda pública.

En los últimos meses, el Gobierno valenciano, la oposición, los agentes sociales, organizaciones civiles y la ciudadanía en general se han movilizado juntos para que la agenda pública española vuelva a incorporar como prioridad la reforma del sistema de financiación autonómica bajo el criterio de población. Han vuelto a la línea de actuación de unir fuerzas con otras autonomías, como la andaluza o la murciana, que también sufren la infrafinanciación. Y desde Moncloa se ha reiterado su compromiso, aunque también vienen puntualizando que no desean una guerra entre autonomías en nombre de la financiación. ¿Cómo se puede solventar este dilema desde el ejecutivo español a la hora de tomar decisiones? El sí, pero no.

Hemos de recordar que las ocho comunidades más despobladas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Galicia), que solo aglutinan al 25 % de la población, también se han organizado para defender juntas la posición de cubrir el coste de los servicios esenciales frente al criterio del bloque de los territorios más poblados. Este escenario pone de manifiesto que los grandes partidos españoles van a tener que hacer política, es decir tomar decisiones y pronunciarse sobre el sistema de financiación autonómica. En primer lugar, deberán tener voluntad de decidir, y, en segundo lugar, deberán escoger entre las diferentes opciones. Así, el PP tendrá que escoger entre la opción de Feijóo de las autonomías más despobladas, y la de Moreno Bonilla de las más pobladas. Mientras que el PSOE tendrá que optar entre Fernández Vara del bloque de mantener servicios básicos, y Puig a favor de la variable población. Sin un acuerdo entre populares y socialistas a nivel español la reforma no llegará a su fin.

La aparición de los fondos europeos puede ser un as en la manga si el Gobierno juega bien las cartas, y contenta a todas las partes. Pero lo que está claro de cara a los valencianos es que «qui no plora, no mama». Hay que seguir movilizándose de forma coordinada con otras autonomías discriminadas por el modelo actual, y hacer mucho ruido de forma regular para entrar en la agenda pública española, como una mascletà. Como dice Subirats, el tránsito de una demanda social a la agenda pública precisa de aquellos con capacidad de influencia en la formación de la misma, los llamados «agenda setters».