Tras el acuerdo plasmado entre Patronal y Sindicatos más representativos después de nueve meses de intensas negociaciones, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una nueva reforma de nuestro mercado de trabajo. Lo cierto es que a pesar de las enormes expectativas creadas durante los últimos años, los dos partidos que sustentan el gobierno de coalición (PSOE y Podemos) no se han atrevido a ir más allá de una mera modificación parcial de la reforma de Rajoy de 2012. Y frente a las repetidas promesas de derogación, al final han acabado asumiendo el grueso de la reforma laboral del Partido Popular. O dicho de otra manera, la reforma laboral de PSOE y Podemos mantiene la mayoría de los aspectos más controvertidos de la anterior del PP, como: la cuantía de la indemnización por despido improcedente, las causas del despido objetivo, la eliminación de los salarios de tramitación (excepto en despidos nulos), la eliminación de la preceptiva autorización administrativa en caso de ERE, la posibilidad empresarial de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo -vía artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores- y hasta incluso la posibilidad de descuelgue salarial del convenio (vía art. 82.3 ET).

Sin lugar a dudas, detrás de esta renuncia del Gobierno a derogar la anterior reforma laboral, está la presión de la Comisión Europea, quien, a cambio de la transferencia de millonarios fondos europeos, venía exigiendo la aprobación de una reforma «consensuada» de nuestro mercado de trabajo, que en todo caso mantuviese una buena dosis de equilibrio entre flexibilidad y seguridad. 

Dicho esto, la reforma contiene diversas modificaciones de cierto calado. Así entre otras medidas: la ultraactividad de los convenios colectivos recupera su carácter indefinido (eliminando el límite máximo de un año establecido en la reforma de 2012). En materia salarial, el convenio colectivo del sector vuelve a tener prioridad frente al convenio de empresa. En el caso de los trabajadores que prestan sus servicios a través de subcontratas, el convenio colectivo de aplicación a través del cual se determinan las condiciones de la relación laboral, tales como los salarios, será el de convenio de ejecución de la actividad, (excepto cuando la empresa contratante disponga de convenio propio). Se elimina el contrato de obra o servicio. Se reduce tanto la duración máxima del contrato de formación, como del contrato temporal por circunstancias de la producción. Se incrementan considerablemente las sanciones por la utilización fraudulenta de la contratación temporal, incurriendo en infracción grave por cada uno de los contratos suscritos en fraude de ley, y cuya sanción podría llegar a los 10.000 euros por cada trabajador.

Como conclusión, me gustaría destacar dos cuestiones. En primer lugar, que esta reforma del mercado de trabajo aporta ciertos aspectos interesantes como: una mayor apuesta por la contratación indefinida frente a la contratación temporal (aunque de manera insuficiente) o también en materia de negociación colectiva, la aportación de una mayor seguridad jurídica a través de la eliminación de restricciones a la ultraactividad de los convenios. Pero al mismo tiempo, la reforma -tal y como se exigía desde Europa- mantiene el núcleo esencial de la reforma de 2012. Reforma anterior con evidentes sombras, pero también con luces, ya que tal y como sostienen diferentes organismos internacionales -como el Fondo Monetario Internacional o la propia Comisión Europea- sirvió para crear empleo en un contexto de grave crisis económica. Probablemente la mayor crisis de nuestra historia moderna. 

Y en segundo lugar destacar también, que, en un país tan poco propicio para los grandes acuerdos, resulta digno de elogio la capacidad de dialogo, negociación y en definitiva la responsabilidad, mostrada por los agentes sociales partícipes de todo el proceso negociador, habiendo cedido todos lo suficiente en aras a alcanzar un acuerdo de país. Acuerdo sin el cual, dicho sea de paso, se ponía en peligro la recepción de los fondos europeos de reconstrucción pospandémica que tanto necesita nuestro tejido productivo. Creo que las dos principales fuerzas políticas de nuestro país deberían tomar buena nota de ello, abandonar de una vez las estrategias políticas sectarias de bandos y bloques (como si la guerra civil nunca hubiera acabado), y ser capaces de acordar todas las grandes reformas que necesita España.