España no restauró la monarquía, instauró la Familia Real. Todos los premillennials hemos sido educados en la ejemplaridad de la institución conformada por Juan Carlos, Sofía, Elena, Cristina y Felipe. Los dos primeros de la serie estaban casados de antemano, los tres hijos fueron incurriendo en el matrimonio conforme dictaba el calendario, aunque con notorias reticencias en el caso del heredero. Sin necesidad de detenerse en la prosopopeya de los enlaces matrimoniales respectivos, la iconografía de miles de fotos de abuelos, hijos y nietos reunidos consagra una familiaridad trasladada al Estado entero. La imagen almibarada se ha degradado a un retrato amargo que desarbolaría al pobre Goya.

La monarquía es una empresa familiar. El divorcio camuflado de los Urdangarin, recién acontecido tras poner las manos en la masa, supone la voladura de la Familia Real a cargo de sus integrantes. La ejemplaridad que tantos palafreneros monárquicos venían predicando no ahorra ejemplos de escándalos de corrupción con condena en firme, aventuras sexuales y rupturas incompatibles con la acendrada fe católica de los integrantes del tinglado. De los cuatro matrimonios regios iniciales, tres ya se han disuelto, aunque cabe reservar una delicada carcajada para quienes defienden que Juan Carlos y Sofía mantienen el vínculo.

La Infanta Elena e Iñaki Urdangarín.

El único vínculo vigente de la primitiva Familia Real corresponde a Felipe y Letizia, aliados en una encomienda profesional y de quienes nada se sabe durante la mayor parte del año. Por no hablar de la incompatibilidad de la Reina con sus cuñadas y suegros. Al detectarse las primeras grietas en La Zarzuela, los apóstoles de la ejemplaridad apuntaron a que era positivo que los Borbones experimentaran los mismo vaivenes matrimoniales que los Pérez García. En la tesitura actual, puede asegurarse que el palacio albergaba a la entidad familiar más desestructurada del país. Pese a ello, la rocambolesca ruptura de Cristina e Iñaki, citados por orden de importancia, pretende ampararse en que "es una decisión de ámbito privado". Con fondos públicos, medidos en millones de euros.