No sé si en la convocatoria adelantada de elecciones en Castilla y León ha tenido más peso Alfonso Fernández Mañueco o ha sido la alargada mano de la calle Génova de Madrid, pero una primera victoria ha sido ensombrecer el debate de la financiación autonómica. Que la reforma del sistema de reparto de fondos del Estado (de todos, por tanto) parezca hoy más compleja y alejada de la realidad de lo que estaba en diciembre, cuando el Ministerio de Hacienda presentó (sin mucha fe) el ‘esqueleto’ de algo sin concretar tiene mucho que ver con el ciclo electoral que se ha abierto en la vieja Castilla y que tiene toda la pinta de continuar en Andalucía. Los resultados dirán. La realidad es que, en lugar de estar hablando de cómo se articula ese nuevo modelo, estamos hablando de elecciones en medio de la tensión partidista que siempre generan. Cuando hay elecciones, los partidos solo dialogan para ver quién habla antes en el debate televisado. Dijo la ministra María Jesús Montero en el Congreso que hay un grupo de autonomías a las que ya les está bien si la financiación no se toca. De ese grupo forma parte Castilla y León. Por eso, ya es una victoria si la reforma se enfría. Por falta de ganas de dejarlo estar por parte de muchos no será. Pero para las comunidades infrafinanciadas, como la valenciana (o la andaluza), supone amplificar el drama de no tener los mismos recursos que otros para prestar unos servicios públicos dignos. Por eso, no queda otra que hacerse oír y levantar la voz. Y a ser posible, hacerlo con unidad. Si no la hay, todos deberán asumir su parte de responsabilidad. Una armónica voz en alto de la sociedad valenciana es mucho más potente que el griterío político. Por favor, que alguien haga que impere el trellat entre los partidos.
Las elecciones castellanoleonesas tienen además un especial interés observadas desde este sillón del Mediterráneo, porque van a fotografiar a la ultraderecha en este momento y, más importante, van a retratar al PP, que gobierna aquel territorio desde hace más de 35 años. Se verá si está dispuesto a compartir el poder (para conservar algo de él) con una fuerza que cuestiona las autonomías y muchos de los derechos civiles ganados o si hay alguna alternativa diferente, incluso una investidura al candidato más votado con el apoyo del principal partido de la oposición. Si con ello se aleja a los ultras del poder, no debería ser una opción a desdeñar. En todo caso, lo que suceda a partir del 13 de febrero será una piedra de toque para las demás comunidades, donde las urnas esperan a la vuelta de la esquina.
Por aquí se celebran los 40 años de autogobierno. Al principio, fue poco de este y mucha precariedad. Ahora, hay bastante más gobierno propio, incluso se ha hecho fuerte el concepto difuso de cogobernanza. No obstante, perviven lagunas competenciales y se ven más claros problemas de descoordinación entre los territorios y con el Gobierno central. Pero la mejor prueba de que el modelo se ha asentado es que hasta en Castilla y León, núcleo de lo hispánico, se ha impuesto una agenda y un calendario autonómico propio. Y otra buena prueba es el temor que genera entre los recelosos de una arcaica y reductora unidad española.
