La pandemia provocada por la covid-19 está mostrando la importancia de contar con un Estado del Bienestar desarrollado. España, al igual que los países de nuestro entorno, está haciendo frente a la pandemia con un sistema sanitario, educativo y de atención a la dependencia que ha multiplicado sus esfuerzos. Además, ha sido necesario establecer ayudas a los sectores y trabajadores más afectados. Todas estas medidas han supuesto un importante aumento del gasto público, que se está financiando con los impuestos y las cotizaciones sociales que pagamos los españoles, junto con los fondos europeos. Todos esperamos que la pandemia acabe pronto, o al menos que se convierta en una enfermedad endémica, pero cuando esto ocurra tendremos que enfrentarnos a nuevos desafíos, entre ellos el progresivo envejecimiento de la población que supondrá unos mayores gastos en materia de pensiones, sanidad y dependencia. Para ello debemos contar con un sistema fiscal desarrollado, que genere ingresos suficientes y no dependa en exceso del ciclo económico.

Sin embargo, España tiene una presión fiscal - impuestos y cotizaciones sociales dividido por el PIB – mucho más reducida que la media europea. Solo algunos países del este europeo, junto a Malta, Portugal e Irlanda se sitúan por detrás de España. En 2019, la presión fiscal española fue del 34,8 %, con un diferencial de 5,3 puntos respecto a la media europea, lo que indica que nuestros impuestos y cotizaciones sociales deberían aumentar 70.000 millones de euros para situarnos en dicha media. Es cierto que un aumento tan elevado no es factible a corto plazo, pero sí podría entenderse como un objetivo a largo plazo, para lo que resulta imprescindible una ambiciosa reforma fiscal.

Para diseñar esta reforma fiscal, en abril de 2021 se creó un Comité de Personas Expertas independientes, que debería presentar un Libro Blanco al Ministerio de Hacienda a finales de este mes de febrero. Aunque todavía no se conoce el contenido concreto de las medidas propuestas, existe un amplio consenso en aumentar la presión fiscal, reducir los beneficios fiscales en los impuestos sobre la renta (IRPF e Impuesto sobre Sociedades), estructurar una fiscalidad medioambiental que fomente las energías renovables y gravar adecuadamente la economía digitalizada. Además, debe plantearse la armonización de la imposición sobre la riqueza en todo el territorio español, ya que el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones suponen una carga muy distinta en función de la Comunidad Autónoma de residencia.

El Libro Blanco debe servir como punto de partida para el debate político y desembocar en reformas legislativas. Sin embargo, hace unos días Unidas Podemos presentó su propia propuesta de reforma fiscal, lo que generó controversia en el gobierno de coalición debido al momento en que se hizo pública. Se trata, en mi opinión, de un posicionamiento de esta formación para la futura negociación que se llevará a cabo en los próximos meses. La reforma planteada por Unidas Podemos es consecuente con su programa, al pretender un aumento de la progresividad del sistema fiscal centrado en la imposición sobre la renta y la riqueza.

Al tratarse de una reforma estatal, podríamos pensar que la futura reforma fiscal no tendrá influencia sobre los servicios públicos fundamentales que recibimos por parte de nuestro gobierno autonómico (sanidad, educación y servicios sociales). Sin embargo, esto no es en absoluto cierto. La financiación de las CC AA depende en gran medida de los tributos cedidos por el Estado y, si la recaudación de estos tributos aumenta, también lo harán los ingresos de cada comunidad. La recaudación de algunos tributos está cedida totalmente a las comunidades, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en otros casos está cedida al 50 %, como el IRPF o el IVA, o al 58% en los Impuestos Especiales.

La reforma fiscal no puede desligarse de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que debería haberse llevado a cabo hace ya ocho años, pero que ha sido pospuesta sine die. En los últimos meses parece haberse dado un impulso a esta reforma, tan necesaria para la Comunitat Valenciana, que sigue siendo la que recibe menos recursos por habitante en la actualidad. En dicha reforma deben decidirse básicamente dos cuestiones trascendentales.

Por un lado, la nivelación vertical, es decir, cómo van a repartirse los recursos entre el Estado y el conjunto de CC AA. Y por otro, la nivelación horizontal, es decir, cómo va a repartirse la parte autonómica entre las quince CC AA de Régimen Común. Para conseguir un sistema de financiación acorde con las necesidades de gasto, debería aumentarse la participación autonómica en los recursos totales y tender a igualarse el reparto de recursos entre todas las CC AA.

Si la reforma fiscal y la de financiación autonómica consiguen los objetivos descritos, los valencianos podremos contar en el futuro con más recursos para reforzar nuestros servicios públicos fundamentales. Nos jugamos mucho en estos próximos meses.