Al Gobierno Sánchez los problemas se le acumulan y muestra falta de reflejos. Vayamos solo al retraso en adoptar algunas urgentes decisiones económicas. Es lógico que un plan global para hacer frente al gran golpe del alza del precio del gas, los combustibles y otras materias primas tras la invasión de Ucrania no pueda estar listo antes del Consejo de Ministros del martes 29, posterior a la muy relevante Cumbre Europea de este jueves y viernes. El disparo de la inflación –que ya venía de antes de la invasión pero que esta ha acelerado– amenaza la recuperación de toda Europa y la coordinación entre gobiernos es fundamental. Pero una cosa es la acción conjunta europea y otra el retraso de medidas urgentes para evitar colapsos sectoriales. Este miércoles hace 10 días días que empezó la huelga convocada por una nueva plataforma de transportistas no encuadrada en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es el que representa al sector, y que el Gobierno descalificó por recordar a los chalecos amarillos e incluso relacionó torpemente con la extrema derecha. Pero sea cuales fueran los últimos motivos, el fuerte aumento del precio del gasoil hace que a muchos transportistas –también a la flota pesquera– les resulte casi imposible ejercer su actividad sin incurrir en pérdidas.
La actuación de los piquetes que obstaculizan la normalidad en el tráfico de mercancías tenía que ser impedida, pero antes o al mismo tiempo, el Gobierno debía haberse puesto las pilas. No lo ha hecho porque, abrumado por los problemas y quizá su división interna –gobernar no puede ser siempre querer recibir aplausos–, parece agotado. Bastaba ver este martes la rueda de prensa de la vicepresidenta tercera, responsable de la transición ecológica, y de la ministra portavoz para darse cuenta.
Lo cierto es que cuando el Gobierno reaccionó el lunes y ofreció al CNTC una ayuda importante de 500 millones de euros para compensar el aumento del gasoil, ya lo hizo tarde y mal. Primero, porque el detalle de las ayudas no se conocerá hasta la reunión del Gobierno del martes 29. Segundo, porque aunque el CNTC cree positiva la medida, la plataforma que lanzó la huelga no la acepta y pide estar en la negociación. Y algunas organizaciones que forman parte de la CNTC no solo no han quedado satisfechas, sino que tampoco se oponen a que sus afiliados se sumen a la huelga.
La protesta ha adquirido así unas dimensiones muy preocupantes, hasta el punto de que empresas punteras como Danone o Heineken y asociaciones representativas de la industria agroalimentaria, la construcción y los concesionarios de automóviles avisan de que la ruptura de las cadenas de distribución les está forzando a parar la actividad. Y muchos transportistas que no quieren sumarse a la huelga, tampoco pueden trabajar con normalidad por la presencia de piquetes. Lo ocurrido el martes en el puerto de Barcelona es un ejemplo de lo que no debe pasar.
El Gobierno no debe seguir dilatando medidas de emergencia, aunque sean provisionales, que el sector cree imprescindibles para funcionar sin incurrir en pérdidas. Los huelguistas, que tampoco representan la mayoría del sector, no pueden obstaculizar el tráfico normal y menos chantajear con la amenaza de un colapso general. Y la CNTC tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. El panorama es difícil, pero el Gobierno Sánchez es quien debe afrontarlo. Gobierna porque ha querido y la complejidad no es excusa para el retraso o la inacción.
