Dicen que el mar se lo traga todo. No es verdad. El mar escupe cadáveres. Y pistas. Un zapato, un trozo de pantalón… Hay mejores armarios para guardar muertos. Por ejemplo, enterrarlos en hormigón o emparedarlos. Y aun así, el pasado siempre llama varias veces a la puerta del armario. Que se lo digan al PP. Los cimientos de unos cuantos PAI y reclasificaciones de suelo en los años del régimen popular (1995-2015) fueron pozos de comisiones y muertos. Urbanismo y contratos forman un cóctel letal, un vivero de mordidas. En 2016, al PP le reventó el caso Taula y en 2018 fue condenado por haberse financiado ilegalmente en las campañas autonómica y municipal de 2007 y en la de las generales de 2008. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo impusieron penas a la dirección del partido (Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García), a la plana mayor de la banda de Francisco Correa y a los empresarios que hicieron contribuciones ilegales. Los señores del hormigón (Enrique Ortiz, Hormigones Martínez, Sedesa, Lubasa, Facsa, Piaf…) confesaron los cadáveres que emparedaron a cambio de contratas de obra pública.
El PP concurrió a las urnas ‘dopado’, una metáfora recurrente utilizada por la izquierda para denunciar la competencia desleal del partido de Francisco Camps. Cantidades al margen, no fueron los únicos que ingirieron esteroides en los tiempos de urbanismo narcotizante. Tras publicar Ciudadano Zaplana (Foca, 2019) seguí indagando sobre conexiones políticas y empresariales, descubiertas a partir del libro, con un reguero de comisiones. Entre otras, las rutas del promotor inmobiliario Jaime Febrer, que puso huevos en muchas cestas. De personas y de siglas. Descubrí que financió la campaña electoral del PSPV en 2007, la segunda y última vez en la que el líder del partido, Joan Ignasi Pla, fue candidato a la Generalitat. Aportó una cantidad significativa. Esta y otras informaciones sobre la circulación de dinero B en terminales políticas y urbanísticas están contenidas en un segundo libro, que verá la luz a principios de mayo. El dueño de Construcciones Valencia Constitución (CVC) está considerado el núcleo irradiador de mordidas para allanar el camino a sus intereses inmobiliarios en València y en varios municipios en los que impulsó proyectos.
La agenda se chivó
La agenda de Jaime Febrer registró toda su actividad empresarial en A y en B. En ese y en otros documentos incautados en su despacho constan pagos de sobornos y gestiones para favorecer sus negocios. Datos, fechas, horas, restaurantes, detalles… que comprometen a medio centenar de políticos, técnicos y funcionarios. Entre otras anotaciones figuran los 300.000 euros que le habría entregado al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, para que desde la oposición municipal no entorpeciera sus planes y facilitara cambios de usos en parcelas de la ciudad.
La maldita agenda da fe de encuentros entre Febrer, Joan Ignasi Pla, Pepe Cataluña y el letrado José Luis Vera. Este último puso en contacto al promotor y a Pla, pero luego estos mantuvieron una interlocución directa o con la participación de Cataluña, exsecretario de administración y finanzas del partido.
Febrer, el exvicealcalde Alfonso Grau (exmano derecha de la alcaldesa Rita Barberá), Rubio y Vera fueron detenidos en la operación Azud, junto con varios empresarios. Era la segunda ronda de detenciones. Un 13 de mayo de 2021. Dos años antes, había caído el cuñadísimo de Rita Barberá, el abogado José María Corbín. Con Grau (responsable oficial del Urbanismo) y Febrer formaban una tricefalia en la gestión del reparto de líneas y premios en el plano de la ciudad. Para el PSPV, Corbín es Barberá. La detención de Rubio tampoco les preocupó en exceso, más allá de sentimientos afectivos en algún caso. La alarma se disparó con la caída de Febrer. En esos días de mayo, la UCO de la Guardia Civil se incautó de numerosa documentación en los registros de empresas y domicilios particulares, entre otros el de Pepe Cataluña en Gilet.
El delito y la prescripción
En 2007, cuando Febrer entregó el dinero al PSPV, no existía el delito de financiación ilegal, que fue incorporado al Código Penal en 2015. La referida condena Gürtel a los populares en 2018 por las campañas de diez años antes fue, técnicamente, por delito electoral, falsedad documental y fraude fiscal. La Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio fijaba un tope de 100.000 euros en las donaciones y prohibía que fueran anónimas y debían ingresarse en una cuenta electoral específica.
El dinero de Blanquerías circuló por un complejo circuito del que formaba parte una vieja conocida: la empresa de comunicación Crespo Gomar. Una agencia que ya fue investigada en juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia por supuesta facturación falsa a empresas para blanquear las aportaciones de estas a campañas municipales socialistas y del Bloc en 2007. La causa se archivó en todos los juzgados porque en caso de existir delito electoral, este estaría prescrito. Los tipos delictivos y prescripciones son temas de oposición que, a estas alturas, podrían ser recitados de carrerilla por algún muy destacado socialista consciente de la tormenta que viene y, por supuesto, por Manolo Mata, síndic parlamentario y vicesecretario del PSPV. Mata es, además, el abogado de Jaime Febrer.
Regalos en los ayuntamientos
Las letras hablan y los números cantan. Por eso cuando se juntan agendas, cuentas de resultados y hojas de Excel se tienen todas las claves de la política inversora de determinados empresarios y promotores. Febrer, al igual que la Gürtel, diseñaba su estrategia de regalos (la cuantía y condición del receptor pueden convertirlos en cohechos) según la entidad del agasajado y el interés del proyecto entre manos. Se verifica siguiendo el rastro de su dinero. Por Valencia o en municipios en los que promovió planes.
El pacto genera confianza en la bondad de una reclasificación de suelo. Por ejemplo, en Burjassot. Allí se fraguó un amplio consenso en la izquierda (el gobernante PSPV y Bloc y EU desde la oposición) para convertir 64.000 metros de suelo rústico en terciario. Para albergar, junto a la CV35, un macrocentro comercial y de negocios impulsado por el Grupo Eroski y Jaime Febrer, a través de su empresa CVC. Con una inversión prevista de 330 millones y la creación de 1.900 empleos. Cifras enarboladas por empresarios y políticos para defender el carácter estratégico del proyecto. En el parto de aquella operación (con cambio en el Plan General) intervinieron el alcalde, José Luis Andrés Chavarrías; el edil de Urbanismo y también socialista, José Ruiz, y los valencianistas Jordi Sebastià y Emili Altur, entre otros. El directivo de Eroski Pepe Yubero contrató los servicios de Pere Mayor, histórico líder del Bloc y dedicado a la consultoría desde que dimitió de la presidencia de su formación en 2003. Se celebraron varias reuniones en el despacho de Febrer y en restaurantes con participación de políticos y algún técnico. Las agendas y otros documentos hablan. Pero los implicados niegan cualquier circulación de dinero en B y subrayan que si no se ejecutó el plan no cabe mordida alguna. Porque la crisis dinamitó el proyecto.
No, el mar no se lo traga todo. Ni el tiempo tampoco. A veces, cuando más tranquilo está uno llaman a la puerta, abres y tropiezas con una multitud de políticos, técnicos y funcionarios de todos los colores cargados de escándalos. De repente, el azud se desborda e inunda territorio botánico.
