Hemos asistido estos días, en medio de las tensiones sobre el conjunto de la economía europea desatadas por la brutal agresión bélica de Putin a Ucrania y el consiguiente recrudecimiento de la escalada de precios de la energía, a uno de esos ejercicios de cinismo, demagogia e interesada desmemoria a los que tan acostumbrados nos tiene la derecha de este país. Nada nuevo bajo el sol, en realidad; es su forma de entender la política y ocupar el espacio público.
A los dirigentes del PP valenciano les ha faltado tiempo para, aprovechándose del legítimo malestar de agricultores y ganaderos ante esta coyuntura adversa, proclamar su amor incondicional y solidario al campo y denunciar, de paso, el estado de abandono al que, según su muy particular visión de las cosas, lo tendría sometido ese contubernio bolchevique. El PP, y sus vecinos cada vez más próximos de la extrema derecha pura y dura, son consumados especialistas en pescar en río revuelto; en extender el «cuanto peor, mejor». Son los mismos patriotas pata negra que no dudaron en acudir a Bruselas para intentar torpedear la llegada de fondos de recuperación a esa misma España cuyo nombre tanto invocan.
En los problemas del sector agrario, a juzgar por sus declaraciones recientes, parecen haber encontrado un nuevo filón para seguir alimentando su estrategia de desgaste a cualquier precio. Ni el PP ni Vox tienen el menor escrúpulo a la hora de pasar por alto y tratar de enterrar los inéditos y desastrosos escenarios que han caracterizado estos últimos años: la irrupción de la covid, desastres naturales tan devastadores como la DANA de 2019, distorsiones inflacionistas en el precio de la energía y, ahora, la guerra de Ucrania. Resulta una obviedad tener que decir que acontecimientos de esta magnitud en tan breve espacio de tiempo han impactado extraordinariamente en la actividad del sector y en el propio sector.
El lastre estructural
En el apartado que aquí nos concierne, es decir, la agricultura, quiero poner de manifiesto una evidencia para alejar cualquier duda al respecto: efectivamente, el campo valenciano, y en concreto los agricultores valencianos, atraviesan por dificultades de calado desde hace demasiado tiempo y no seré yo quien lo niegue. A los problemas arraigados de la estructura minifundista de la propiedad se le han sumado aquellos otros derivados de los procesos de globalización comercial mal entendida y del desequilibrio que impera en la cadena de valor. Tales desventajas se han visto considerablemente agravadas por los conflictivos escenarios a los que acabo de aludir.
Pues bien, en medio de este panorama y ante las desvergonzadas acusaciones de la derecha montaraz culpabilizando al govern del Botànic y al gobierno de España de ser los únicos culpables de todos los males que aquejan al campo resulta oportuno rescatar la memoria más reciente y, de paso, refrescársela a ciertos dirigentes del PP. Cuando tras los comicios de 2015 llegamos a la conselleria de Agricultura lo que nos encontramos fue poco menos que un solar. Por no haber no había ni fondos para sufragar una línea tan fundamental como la incorporación de jóvenes agricultores. Las únicas prioridades de los gobiernos populares fueron siempre los grandes fastos y el ladrillo, unas políticas que reportaron, entre otros efectos, la voladura del sistema financiero valenciano. ¿Alguien todavía recuerda que existieron alguna vez Bancaja, la CAM, el Banco de Valencia o Ruralcaja y que todas estas entidades pasaron a mejor vida durante aquellos tiempos de esplendor?
Es una certeza indiscutible que las rentas de los agricultores no experimentaron mejoría alguna durante las dos décadas que estuvo el PP al frente de la Generalitat, sino que, por el contrario, los problemas endémicos de los productores continuaron agravándose.
El origen de tales problemas es multifactorial y aunque no existen fórmulas mágicas sí resulta imprescindible definir unos objetivos y adoptar las medidas necesarias para tratar de alcanzarlos. En esa tarea está inmerso el ‘govern’ del Botànic porque está convencido de que la profesión de agricultor tiene futuro en esta tierra y así lo acreditan las cifras. Entre 2015 y 2022, el presupuesto destinado por el Consell a las políticas agrarias ha crecido un 60%.
En materia de sanidad vegetal, es decir, en la lucha contra plagas y enfermedades contamos con el presupuesto más elevado de toda España, dotado con la nada desdeñable cantidad de 26 millones de euros. Sobre este punto no puedo dejar de referirme al ‘cotonet’ de Sudáfrica. Esta cochinilla que ataca a los cítricos fue detectada por primera vez en la Comunitat Valenciana en 2009 sin que los entonces rectores del PP en la Conselleria adoptasen ni una sola medida para hacerle frente, dejando así el camino libre para su expansión. Hubo que esperar hasta la llegada del Botànic para que se pusiese en marcha una amplia batería de acciones destinada a frenar la dispersión de la plaga.
También lideramos actualmente en la Comunitat Valenciana el gasto en ayudas directas a los agricultores para fomentar la contratación del seguro agrario, con un desembolso próximo a los 30 millones de euros. Disponemos, asimismo, de una Ley de Estructuras Agrarias dirigida a constituir y financiar unidades de cultivo más grandes, rentables y eficaces de las que disponemos en la actualidad y por las que el sector debe apostar con mayor ahínco.
Recientemente, el Gobierno aprobó una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria para reforzar a los productores y combatir situaciones de abuso, reforma que, dicho sea de paso, no contó con el apoyo ni del PP ni de Vox. Al calor de esa modificación legislativa, la Generalitat ya ha dado los primeros pasos para la creación de una Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario que se encargará, entre otras cosas, de combatir prácticas indeseables como la llamada venta a pérdidas.
El diálogo y la colaboración con las entidades y organizaciones representativas del sector citrícola permitió la creación del Foro Citrícola Valenciano, que como consecuencia del trabajo conjunto realizado en Bruselas ha dado como resultado la decisión de la Comisión Europea de aplicar un tratamiento en frío a las naranjas sudafricanas ya en la próxima campaña..
El apoyo financiero de la conselleria de Agricultura, a través de sus planes específicos de potenciación de la agricultura ecológica, se ha traducido, entre 2016 y 2020, en un aumento del 81,2% de la superficie dedicada a esta clase de cultivos, al tiempo que el número de operadores ha crecido por encima del 50% y la facturación se ha multiplicado por cuatro. Igualmente llamativo y destacable es el incremento del gasto en investigación agraria. Este año los recursos destinados al desarrollo de proyectos en el Instituto Valenciana de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha subido un 61,1%, al pasar de 3,5 millones a 5,7. Además, se han creado líneas de ayuda -inexistentes antes de 2015- destinadas a fomentar la competitividad de la ganadería valenciana.
Regantes
En lo que respecta ala política de respaldo a los regantes hemos aprobado la Estrategia Valenciana del Regadío, un ejemplo de referencia en el Estado y que cuenta con una inversión de 1.200 millones ya en marcha.
Estos son algunos ejemplos del trabajo desarrollado en los últimos años, al que, además, hemos tenido que añadir el esfuerzo presupuestario dedicado a atemperar las consecuencias de las sucesivas olas de Covid, de la DANA de 2019 o el que ahora reclamará la actual coyuntura marcada por la invasión de Ucrania.
Tampoco podemos olvidar, en esta coyuntura tan difícil, el ambicioso paquete de medidas de apoyo al sector aprobado por el Gobierno esta misma semana y que contempla ayudas por valor de 430 millones de euros para los sectores agrario y pesquero que van a ser complementadas con otras medidas adicionales del Consell
¿Están solucionados los problemas de campo?, no, no lo están. Ahora bien, por respeto a la verdad, sí podemos sostener que estamos sentando las bases para que la agricultura valenciana mantenga la posición de liderazgo que por tradición, historia, conocimiento y buen hacer le corresponde.
