Siempre me ha intrigado el fetiche ideológico que se designa como Bien Común de la Humanidad. Mi intriga cuando estudio a los teólogos de la Escuela de Salamanca, y me intriga cuando los gobernantes actuales hablan de él. Los dominicos salmantinos se referían al Bien Común −particularmente Francisco de Vitoria y Domingo de Soto− a la hora de analizar la legitimación de la problemática de las Indias y los derechos de sus ciudadanos, esto es, en la reforma del derecho de gentes sobre la base del descubrimiento de la persona individual. Carlos V gustaba escuchar los razonamientos de los teólogos, para actuar de una u otra forma con los ciudadanos del Nuevo Mundo. Ampliaba la mirada más allá de los cortesanos embrutecidos, aunque desgraciadamente ganó la perspectiva sádica de estos últimos. Hoy los gobernantes escuchan al spin doctor, cuyas opiniones no se cimientan en el principio de humanidad sino en el principio de los votos.
Ese bien común son varios (interpretados según el contexto histórico): paz, seguridad internacionales y derechos humanos. Los mismos que, en ocasiones, se han instrumentalizado antes y ahora para la conquista de territorio. Los mismos que los gobernantes parecen tener por cometido para distraer y desviar constante y sistemáticamente la mirada.
En efecto, cada vez que en cualquier parte del mundo surge un conflicto peligran los derechos humanos; en menor medida la paz y la seguridad internacionales (depende de factores geopolíticos, posición internacional del Estados y demás intervinientes, económicos…). Así, el conflicto de Rusia-Ucrania sí supone una amenaza para la paz mundial los expertos en tercermundología, pentagonología, otanología y kremlinología, pero no supone tal peligro el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Sobre la base de este razonamiento, se puede comprender que el presidente de España defienda la legalidad internacional en Ucrania y la ilegalidad internacional en el Sáhara Occidental como pone de relieve la carta enviada al rey de Marruecos, que reconoce su ocupación. Por consiguiente, se humaniza a las víctimas ucranianas y no al pueblo saharaui, cuando ambas víctimas deben ser reconocidas, protegidas y defendidas.
España sometió a colonización al Sáhara Occidental en 1884-1885. Hoy sigue siendo la Potencia Administradora (origen del conflicto), que no ha cedido la soberanía al reinado alauita (agravamiento del conflicto), cuya actuación contra el pueblo saharaui es igual que la llevada a cabo por Israel contra el pueblo palestino. En ambas situaciones las potencias tan defensoras de los derechos humanos en Ucrania giran la cabeza en las situaciones de Palestina y el Sáhara Occidental.
En 1974, Portugal vivió la Revolución de los Claveles, cuya consecuencia, entre otras, fue la descolonización de sus añejas dependencias africanas. En 1975 el dictador Franco fallecía en la cama. La consecuencia fue que los gobernantes españoles se centraron en lo nacional y no en lo internacional, por eso fueron incapaces de poner en marcha el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. ¿Por qué no se entregó el territorio a la administración de las Naciones Unidas o a la población saharaui y en vez de eso se entregó a Marruecos (hoy potencia ocupante) y Mauritania (retirada en 1979)?
Es una cuestión que todavía hoy por hoy debe formularse, máxime cuando todos los gobiernos en la democracia española han dado la espalda a la población saharaui y todos han actuado de conformidad con la «neutralidad activa», esto es, apoyar a Marruecos y, por ende, incumplir un principio fundamental del Derecho Internacional: la libre determinación de los pueblos. Este principio ha sido reconocido al Sáhara Occidental, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, por los órganos principales de las Naciones Unidas (Corte Internacional de Justicia, Asamblea General de las Naciones Unidas y Consejo de Seguridad). Así, pues, el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo. Por lo tanto, ni el territorio forma parte de la integridad de Marruecos, ni los saharauis son marroquís.
Las Naciones Unidas han reconocido al Frente Polisario como representante único y legítimo del pueblo saharaui, con legitimidad para usar la fuerza. Este reconocimiento no ha impedido que la UE y España concertaran acuerdos con Marruecos respecto de los recursos naturales del Sáhara Occidental. En la decisión de 29 de septiembre de 2021, el Tribunal General de la UE ha dejado en claro que los acuerdos solo serán válidos si cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui, y que este solo puede ser manifestado a través del Frente Polisario.
Por consiguiente, siempre ha habido una única salida posible al conflicto, esta es la realización de un referéndum con un censo adecuado bajo la supervisión de la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), con la pregunta «independencia de o integración en Marruecos». El Sr. Sánchez defiende la «integración en Marruecos» como única vía posible. Esto manifiesta que España es aliada de Marruecos, no del pueblo saharaui. Es aliada de la ilegalidad internacional, no de la legalidad internacional. Siguiendo la senda de Irak, un presidente español vuelve a alinearse con la siniestra concepción de la política como cuestión de amigos y enemigos y se olvida del Derecho Internacional. Mientras, al pueblo saharaui no le permiten elegir su futuro, y el Bien Común Universal se diluye en la hipocresía mainstream.
