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Julio Monreal

EL NORAY

Julio Monreal

Soberanía energética

Soberania energetica Elena Martínez

La cuenta está clara. Si la Comunitat Valenciana produce un 66 % de la energía que consume y el 40 % de ella se genera en la central nuclear de Cofrentes, cuando ésta cierre en 2030 como está previsto la dependencia energética regional será del 74 %. La guerra en Ucrania, la carestía de materias primas, el sistema de fijación de precios de los distintos productos y otros muchos factores, entre ellos algunos geopolíticos y estratégicos, han dejado claro que es necesario buscar una cierta autonomía energética, la mayor que sea posible, para no quedar indefensos ante los vaivenes del mercado.

La pandemia por covid-19 ya puso a la sociedad ante el espejo por la elevada dependencia del exterior en materias como consumibles sanitarios. La búsqueda desesperada de mascarillas y equipos de protección individual (EPIs) para frenar la expansión del coronavirus puso en jaque a las Administraciones y dejó puertas abiertas para que algunos se forraran con la oportunidad que les brindaba la angustia de la mayoría. Se hizo hincapié entonces, en una de las lecciones aprendidas de la epidemia, que era necesario crear y mantener una industria propia, próxima, para asegurar determinados productos considerados estratégicos y conservar reservas para no tener que depender de fuera ante otra eventual emergencia. Y quedó asentada también la conveniencia de trabajar en cadenas de suministro cortas en campos como el agroalimentario, a salvo en lo posible de imprevistos del mercado como el bloqueo del Canal de Suez por un mercante embarrancado o una guerra en Ucrania que, de repente, deja a toda Europa sin cereal para piensos cuando, por ejemplo, toda la provincia de Cuenca está sembrada de pipas de girasol que en buena parte no se recogen por escaso rendimiento económico.

El elevado precio del gas en los mercados internacionales, disparado como un cohete desde hace ocho meses, y su efecto sobre la fijación del resto de las fuentes de energía, principalmente la eléctrica, han desatado una auténtica tormenta económica y social para la que los gobiernos no estaban preparados. La creciente e insostenible factura de la luz en industrias y hogares, la elevación de los precios de los combustibles para vehículos que han provocado la tensa huelga de los transportistas y otros imponderables han desatado una inflación galopante con subida generalizada de precios que deja pérdida de poder adquisitivo, tensiones laborales y más desigualdad y pobreza.

En medio de la emergencia climática llega la emergencia energética y coge a todo el mundo desprevenido y sin herramientas. Hay que descarbonizar el planeta para reducir las emisiones de CO2 y la alternativa, la electricidad, se pone a un precio imposible por el impacto del gas sobre ella. Medio mundo decide renunciar a la energía nuclear por los riesgos de contaminación y la dificilísima gestión de los residuos. Y luego llega la guerra.

Para colmo, en el país con más horas de sol de Europa solo cuatro visionarios creían en las renovables. Hasta el punto de que el Gobierno de España (del PP) penalizaba su despliegue con el famoso impuesto al sol e impedía las instalaciones para autoconsumo. Hasta octubre de 2018, en una de las primeras decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, no se eliminó el veto y se adoptaron las primeras medidas de fomento generalizado de fotovoltaicas y eólicas. El retraso acumulado es de décadas. De hecho, hasta 2007 no hubo registros sobre producción de renovables en relación con la generación global de electricidad. Milagrosamente, estas energías limpias, a las que se suma la hidráulica, alcanzan hoy más del 40 % de toda la que se genera en España.

Pero no es suficiente. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha agravado la crisis de suministros y precios y ha obligado a los gobiernos a actuar en modo de emergencia. En la Comunitat Valenciana, después de no pocas tensiones entre los partidos que componen el Pacte del Botànic, el Consell aprobaba el viernes un decreto de medidas urgentes que pretende facilitar un mayor despliegue de instalaciones para generar energías limpias. La patronal eléctrica Avaesen cifra en 500 plantas las afectadas por paralización administrativa (la Generalitat rebaja la cifra a 320) y una de las medidas principales del decreto es acortar en un año los trámites para la autorización de parques de menos de 50 MW, que dependen de la Generalitat, lo que da una idea de la magnitud del atasco.

El paisaje es ahora el problema. Como ya sucedió antes con las instalaciones vinculadas a los residuos, nadie quiere un vertedero en su término ni un huerto solar o un parque eólico que afeen sus sierras y sus valles. Con el presidente Ximo Puig intentando convencer a los reticentes de que las placas fotovoltaicas son una solución provisional y reversible, a la espera de otras fuentes (en especial el hidrógeno verde), sus propios altos cargos vetan instalaciones alegando razones paisajísticas y jalean públicamente sus actuaciones. Y eso que tiene como inesperada aliada en ese lance a su consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà (Compromís), que no se cansa se repetir, especialmente para los suyos, que es necesario multiplicar por 16 la generación de energía fotovoltaica en la Comunitat Valenciana para 2030, pasando de los 360 MW actuales a 6.000 MV, y alcanzar la cifra de 4.000 MW en la eólica.

Y en algún sitio habrá que instalar los nuevos parques de renovables. Como se repite hasta la saciedad, poner placas solares en los tejados de todas las edificaciones existentes en la Comunitat Valenciana proporcionaría poco más de un 10 % de la energía necesaria. De ahí que en el decreto del Consell de este viernes se decida reservar el 3 % del suelo no urbanizable de cada término municipal para ubicar parques energéticos, y que surjan iniciativas audaces, como colocar fotovoltaicas hasta sobre las lápidas de los cementerios. Un estudio profesional apunta que dotar todas las edificaciones existentes en la ciudad de València de placas solares proporcionaría el 99 % del consumo de las viviendas urbanas. Ayuntamientos y colectivos vecinales están poniendo en marcha comunidades energéticas locales (CEL) que proporcionan electricidad barata y generan empleo. Es evidente que fórmulas como estas y otras que están extendiéndose no podrán resolver necesidades energéticas como las del sector de la cerámica en Castellón, donde las empresas gastan dos millones de euros en gas al mes (y reciben ahora una ayuda única de 400.000 euros incluida en las medidas urgentes del Gobierno) pero sí pueden contribuir a esta situación de emergencia, sea climática o energética. Hay 160.000 hectáreas agrícolas sin cultivar por falta de rentabilidad o agricultores que las trabajen. A lo mejor hay que comenzar por ahí y cosechar luz en vez de coles.

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