La Vida Saludable, necesidad, derecho universal y deber colectivo

En la práctica, el acceso a una vida saludable para toda la población pasa por conseguir objetivos que parecen inabordables a corto plazo, porque dependen de transformaciones profundas en la propia estructura social, como cambiar las condiciones de vida, pero está en nuestra mano, en países como el nuestro y en la medida de las posibilidades de cada uno, intentar cambiar el estilo de vida acercándonos a todo lo que nos permite no sólo prolongar la existencia sino disfrutar más de ella, sin olvidar nunca que, a largo plazo, es imposible gozar de una buena salud individual sin que exista una buena salud colectiva.

La salud es un derecho universal que implica la lucha contra la enfermedad mediante la prevención y curación de las dolencias. Para que sea completa debe incluir la rehabilitación, que posibilita la reinclusión social tras la enfermedad. La cobertura sanitaria universal debe ser una aspiración de cualquier sociedad y debe abarcar la salud mental, componente fundamental de las necesidades del individuo. La asistencia sanitaria pública debe hacer frente a esta necesidad, frecuentemente olvidada. También debe garantizar el acceso a la tecnología sanitaria última y a los medicamentos necesarios para afrontar la enfermedad, pero, sobre todo, y como primera instancia, debe permitir que cuando una persona se encuentre mal, cuando necesite asistencia, tenga cerca, en un plazo mínimo de tiempo, un profesional de la salud con quien poder consultar, con capacidad para abordar la solución del problema. Todo ello genera una inversión económica elevada, que debe ser manejada con responsabilidad, pero con la seguridad de que es un gasto necesario que repercute de forma directa en el bienestar de la población. Una sociedad moderna que presume de un servicio de salud excelente debe encontrarse permanentemente mejorando la asistencia primaria, facilitando el uso de los recursos a todos sus habitantes.

Pero, además, cabe recordar que la salud es también un deber colectivo de toda la sociedad, que comienza por una educación para la salud a la población más joven. Una educación que le permita conocer desde edades tempranas cuáles son aquellas prácticas y circunstancias que la ponen en riesgo y que, en un futuro más o menos lejano, van a acortar su vida o a hacerla más infeliz y, al contrario, cuáles son las que contribuyen a mejorar la salud individual y colectiva.

Cada año se producen, según la OMS, más de 13 millones de muertes en el mundo por causas ambientales evitables. Por ello, el lema elegido para conmemorar este 7 abril es «Nuestro planeta, nuestra salud», que pone de manifiesto la estrecha unión entre salud individual, salud colectiva y salud ambiental, y nos invoca la necesidad de ligar el porvenir de la sociedad con el del medio que nos rodea y la obligación de protegernos, protegiendo el entorno.

Por ello, Fundación por la Justicia, en defensa de los derechos humanos, hace suyos los principios de la Carta de Ottawa, redactada en 1986 en la Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. En ella se incluyen la paz, la educación, la vivienda digna, la alimentación adecuada, la renta suficiente, el ecosistema estable, la justicia social y la equidad, como pre-requisitos para que una población aspire a una vida saludable. Los poderes públicos deben actuar con esa perspectiva, sabiendo que, de otra forma, es imposible alcanzar niveles de salud y bienestar consistentes.