En numerosas ocasiones, vemos, oímos y pensamos que la Administración pública se ha convertido en un gran barco, difícil de manejar y con un exceso de peso económico que no siempre está justificado. El concepto de ‘adelgazar la Administración’, tan manido en campaña electoral y del que rápidamente se olvidó el Botànic en cuanto pisó la moqueta, es una acción lógica y necesaria, si lo que de verdad se pretende es reducir el gasto público.

Hay numerosas acciones, planes, programas…que impulsan las instituciones, en pro del supuesto bienestar de la ciudadanía, pero que son totalmente prescindibles, por mucho que algunos tengan montados sus chiringuitos en torno a ellas. Sin embargo, es muy atípico ver cómo la Administración prescinde de un servicio necesario y, además, asume un coste estratosférico por eliminarlo.

La disolución de Divalterra por parte de la Diputación de Valencia, con una factura para las arcas públicas que superará, probablemente, los cinco millones de euros, es un ejemplo de cómo anteponer los intereses electorales a las necesidades de los municipios de la provincia y, por ende, a los intereses de las valencianas y los valencianos.

Hasta hace pocas semanas, Divalterra era una empresa en funcionamiento que daba cobertura a parte de las necesidades del mundo rural. Tanto era así, que se había previsto un proceso de selección para aumentar el número de brigadistas y, con ello, se supone, mejorar el servicio prestado a nuestros montes. En pocos días, a consecuencia de la fallida contratación del responsable de recursos humanos deseado por la presidencia, todo saltó por los aires, hasta el punto de tomar la decisión de disolver la sociedad.

En resumen, la gestión de la empresa pública acabó siendo una de las más grandes indigestiones que ha sufrido en sus propias carnes el Presidente de la Diputación. Para este ente provincial, la única solución viable era gastar más de cuatro millones de euros, hasta el momento, para indemnizar a los trabajadores que se han adherido al ERE (a los que habrá que añadir las posteriores jubilaciones y gastos de disolución de la sociedad). Una maniobra que ha tenido como resultado la reducción de alrededor del 20% de los brigadistas.

Con Divalterra liquidada, nos queda que nos aclaren una cuestión fundamental, dónde va a recolocar la Diputación a su exjefe jurídico, José Luis Vera, un cargo relacionado con los socialistas valencianos que fue detenido en el marco del caso Azud. Desde el grupo popular vamos a estar vigilantes para que el trato de favor a Vera no sea eternizado con el dinero de los valencianos. Unos recursos que deberían utilizarse para mejorar los servicios prestados a nuestros ayuntamientos, siendo fieles al lema ‘Colze a Colze amb els ajuntaments’.

Toda esta historia, es, sin duda, un triste y caro favor a nuestra provincia, a nuestros consistorios y a nuestro territorio. Cuando la gestión se convierte en indigestión, alguien debería empezar a asumir que las cosas no se están haciendo tan bien como se quiere hacer creer.