Como se esperaba, el presidente de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura anunció este lunes la puesta en marcha de una ley que ha llamado de Concordia y que no es más que su plegamiento a Vox, su nuevo socio de Gobierno, una de cuyas imposiciones ha sido la anulación o sustitución del Decreto de Memoria Histórica y Democrática en vigor que tanto odio despierta entre los ultraderechistas. La idea no es nueva, pues ya el anterior presidente del Partido Popular, el infausto Pablo Casado, propuso una ley de Concordia a nivel nacional que no prosperó por su inferioridad en el Parlamento. Para justificar su propuesta, el castellano-leonés Mañueco dijo sin despeinarse un pelo que la nueva ley de Concordia “servirá como elemento de reconciliación y evitará la utilización de la historia para dividir a los españoles”. Lo mejor es que que lo dijo alguien que durante su época como alcalde de Salamanca (cargo que también ocupó su padre en la dictadura) se resistió todo lo que pudo a retirar de la fachada de la Plaza Mayor salmantina el medallón puesto a Franco durante aquélla.

Se podría pensar que, como manifestó el presidente del Partido Popular europeo al enterarse de que sus correligionarios en España habían pactado con la ultraderecha, lo de Fernández Mañueco “fuera un accidente” y se constriñera sólo a Castilla y León, una tierra en la que, como ya se sabe, la derecha es más derecha que en ningún sitio, pero la sorpresa vino cuando un portavoz del nuevo PP español, el del teóricamente moderado Feijóo, salió en apoyo de aquél superándolo incluso: “Ya está bien de que la izquierda haga política con el pasado”. Menos mal que Feijóo iba a traer aires nuevos a la derecha española…

La concordia, dice el diccionario, es el acuerdo o armonía entre personas o cosas, un ideal del que nadie puede disentir salvo que se esté en contra de la felicidad. La cuestión es que para conseguir ese acuerdo y esa armonía tiene que haber respeto entre las personas y hoy no parece que eso suceda entre los españoles, una parte de los cuales exige a otra que olvide su pasado como si la memoria fuera un inconveniente para la convivencia. Se vuelve así a la idea de la reconciliación, tan ponderada durante la transición política, basada en el olvido y no en el conocimiento de nuestra historia, algo que en ningún otro país sucede. O peor: pretendiendo que todos los españoles aceptemos, como en los tiempos de la dictadura, una versión de la historia que nada tiene que ver con la de verdad y sí con los intereses de quienes la defienden.

La concordia sin memoria no es concordia, es una estafa, un cebo para justificar lo obvio

Pretender además que eso se haga en nombre de la concordia, que renunciar a buscar los restos de los desaparecidos o enterrados en fosas comunes desde la guerra civil mientras que a la vez se exige memoria y reparación para las víctimas del terrorismo etarra se considere normal, que invitar a olvidar sucesos y nombres propios de la dictadura al tiempo que se reivindica esta a cada momento sea tenido por armonía y acuerdo es creer en fantasías o directamente tomar por tontos a todos los españoles. La concordia sin memoria no es concordia, es una estafa, un cebo para justificar lo obvio, que es que el que impone las condiciones en el nuevo Gobierno de Castilla y León es Vox y no el PP, o que ambos son lo mismo, que es lo que le pasa al popular Mañueco, en el que su pasado y su presente se confunden de tal modo que es imposible que lo disimule.