El 22 de abril se celebra en muchos países el Día Internacional de la Tierra, una fecha que busca concienciar y recordar la urgente necesidad de abordar la emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación.

Si bien es cierto que cuando hablamos de medioambiente nos vienen a la cabeza automáticamente las emisiones de carbono y el uso de combustibles fósiles, hay muchos otros aspectos que deben ser considerados a la hora de proteger la Tierra. Por ejemplo, la fase de diseño de productos juega un importantísimo papel en este propósito, ya que hasta un 80% de los impactos medioambientales de los productos se determinan en dicha etapa.

En esta línea, el pasado 30 de marzo, la Comisión Europea (CE) publicaba la esperada propuesta de reglamento que establece los requisitos sobre el diseño ecológico de productos sostenibles, estando entre sus principales objetivos el «reducir los impactos ambientales negativos del ciclo de vida de los productos y mejorar el funcionamiento del mercado interior». Para ello, la Comisión ha adoptado una posición muy ambiciosa y pretende regular sobre la gama más amplia posible de productos, tan solo excluyendo, por el momento, unos pocos, como los alimentos y fármacos, debido a sus particularidades y complejidad.

El enfoque adoptado se basa en dos categorías: legislación horizontal, es decir, que afecta a diferentes sectores por igual y legislación específica a nivel de producto. Los requisitos específicos de esta última no están claros todavía, ya que serán definidos en futuras disposiciones. En consecuencia, por ahora, no es posible juzgar cuan efectivas resultarán estas medidas en mejorar el desempeño de los productos sobre aspectos señalados en la propuesta como la durabilidad y fiabilidad, el contenido de material reciclado o la posibilidad de remanufacturación y reciclaje.

El alcance de esta propuesta es tan extenso que es muy probable que su puesta en práctica suponga todo un reto para las empresas, especialmente por el volumen de recursos que precisa. Por ejemplo, además de las inversiones necesarias para mejorar las características de circularidad del producto, es posible que se generen duplicidades con existentes legislaciones e iniciativas, lo que supondría mayores cargas administrativas para las organizaciones e, incluso, para las propias autoridades.

En esta línea, la Comisión se ha comprometido a proporcionar directrices, formación y ayudas financiera a las PYMES para ayudarles a integrar dichos requisitos, permitiendo que estén exentas de algunas obligaciones. Este último enfoque no considero sea el más adecuado, ya que la creación de un impacto ambiental no entiende de tamaño de empresas. Los compromisos y responsabilidades deberían ser los mismos para todas, siendo obligación del regulador garantizar que todas dispongan de los recursos necesarios.

Por otro lado, destacan los esfuerzos de la propuesta en aumentar la transparencia, dado que para alcanzar los objetivos ambientales marcados por la UE es necesario que los consumidores estén informados y las empresas sean capaces de compartir los avances realizados en esta materia. Concretamente, se resalta la creación de un pasaporte digital de productos que permita registrar, procesar y compartir electrónicamente información relacionada con los productos entre las empresas de la cadena de suministro, las autoridades y los consumidores. Ahora bien, es todavía difícil saber cómo afectará esta medida a la protección de los derechos de propiedad intelectual, pues cabe la posibilidad de que las empresas deban publicar información que hasta ahora era confidencial.

Además, es muy posible que estos requisitos de transparencia se trasladen en un incremento del precio, puesto que toda la cadena de suministro va a necesitar dedicar recursos para poder cumplir con los requisitos definidos.

Por el momento, la propuesta está teniendo una acogida positiva por parte de las organizaciones. En la Comunidad Valenciana cada vez son más las empresas que están llevando acciones para reducir el impacto medioambiental de sus envases, de manera que el desarrollo y aprobación de esta legislación, sería el empujón necesario para avanzar un paso más y focalizarse en mejorar las características ambientales del producto. No obstante, todavía falta por ver la aceptación más allá de las fronteras europeas, ya que cumplir con esta normativa requerirá del desarrollo de nuevas tecnologías, inversiones sustanciales y el acceso a habilidades y capacidades técnicas, que podrían instaurarse como barreras al comercio a terceros países, algunos de los cuales no tienen los medios.

Como se puede observar, se trata de una propuesta muy ambiciosa, pero imprescindible para alcanzar los objetivos de la Unión Europea en materia de clima, medioambiente y energía. Además, la instauración de un modelo económico circular ayudaría a combatir la fuerte dependencia de materiales que actualmente está afectando a nuestra sociedad.