Cada 1 de Mayo constituye una fecha para reflexionar sobre los avances conseguidos en el último año y también respecto a los retos que quedan por afrontar en un futuro inmediato con el fin de mejorar la situación del colectivo de trabajadores. En esta ocasión, por desgracia, resultan mucho más numerosos los últimos que los primeros, que se han quedado en bastante escasos debido a la acumulación de problemas y a la falta de soluciones.
El poder adquisitivo de los trabajadores se está viendo gravemente mermado por una inflación que parece desbocada desde diciembre del pasado año. Por el lado contrario, el que compensaría ese encarecimiento de los productos, los salarios han sufrido un aumento residual basado en un IPC previsto que ha quedado desfasado y superado por los acontecimientos.
Si a esto sumamos las más de 360.000 personas desempleadas en la Comunidad Valenciana al cierre de marzo, según los datos del SEPE que en los últimos meses revelan un dramático crecimiento del paro, fácilmente podemos deducir el empobrecimiento general que están sufriendo las familias. Todo ello en un contexto todavía pandémico en el que numerosos sectores productivos tratan de recuperarse del parón y las graves pérdidas soportadas desde 2020 en estos dos años largos de covid.
La compleja coyuntura requiere de acciones contundentes y directas. No basta alegar constantemente el daño colateral provocado por la guerra en Ucrania. Sí, influye, pero lo hace como un condimento más y no como la causa directa del deterioro del mercado laboral y de la pérdida de poder adquisitivo de las familias. En la Comunidad Valenciana también afecta la infrafinanciación, un problema cuya solución se eterniza en el tiempo y que nuestros responsables políticos parecen haber relegado como prioridad.
Más allá de esa exculpación aduciendo causas ajenas, hacen falta soluciones, por parte de nuestros gobernantes, que mejoren el día a día de la ciudadanía. Para empezar resulta necesaria una mayor escucha. Nos parece irresponsable que el Consell siga desoyendo a gran parte del colectivo de trabajadores centrando la participación institucional en dos únicos sindicatos.
O que todavía no haya afrontado el Gobierno una reforma de la ley electoral sindical que rebaje ese 10% que requiere para entrar en las diferentes mesas de negociación a todos los sindicatos excepto a los dos siempre beneficiados que, obtengan el resultado que sea, están sin necesidad de alcanzar ese porcentaje. Recordemos que la ley electoral valenciana exige a los partidos un 5% para entrar en Les Corts. En otras autonomías basta con el 3%.
La sociedad cambia de una manera acelerada y algunos problemas se enquistan mientras surgen otros nuevos. La Generalitat podría afrontar como retos u oportunidades estos últimos adoptando medidas como reforzar los servicios públicos, caso del sistema sanitario, que tan imprescindibles se han demostrado en estos últimos años.
En esta línea, la reducción de la temporalidad debería de constituir una prioridad, con soluciones que permitan a los empleados públicos temporales de las diferentes administraciones consolidar un puesto de trabajo con seguridad jurídica y salir, de este modo, de una situación tremendamente injusta provocada por una mala actuación de las distintas administraciones públicas
Para todo ello resulta ineludible actuar con talante negociador y altura de miras, rasgos que, por desgracia, no están caracterizando al actual Consell. Este 1 de Mayo le insistimos en una escucha activa que prime el diálogo y la participación. El colectivo de trabajadores valencianos bien lo merece.
