Las grandes crisis económicas y de otra naturaleza no se solucionan como ambicionarían los neoliberales sin la intervención de los Estados y de las organizaciones supranacionales. Lo hemos visto en la crisis económico financiera iniciada en Europa en 2008, atribuible a la falta de regulación de los mercados financieros, y lo hemos vuelto a ver con la pandemia ocasionada por el Covid-19. Pero ni todos los Estados ni todas las organizaciones internacionales son aptas para solucionar los problemas de los ciudadanos.

Los partidos políticos que han gobernado en la Unión Europea, salvo excepciones, han comprendido el papel protector de los Estados, alejándose de la posición que éstos adoptaron hasta el siglo XX en que se instaura la concepción del Estado social. Pero se siguen observando diferentes formas de abordar por los partidos políticos europeos qué debe entenderse por Estado protector.

Los partidos socialdemócratas europeos se han caracterizado por considerar que los Estados deben atender a dos frentes bien diferentes: al sano crecimiento de sus economías y al bienestar de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Estamos pensando particularmente en la socialdemocracia en tiempos del canciller alemán Helmut Schmidt: La economía seguía creciendo, el recurso a la deuda pública era limitado, la inflación se controlaba, el desempleo era reducido y se articularon políticas que amparaban a los menos favorecidos con potentes políticas sociales.

La socialdemocracia española consiguió crear un aceptable estado de bienestar, pero no prestó la atención requerida a la política económica en los diferentes mandatos en que el pueblo español otorgó el poder a Felipe González y a Zapatero. Pese a la inyección de dinero de la Unión Europea y el incremento de las inversiones extranjeras tras nuestra incorporación a la misma, y a salvo de algunos años excepcionales, los datos macro económicos han sido desfavorables y lamentablemente los desequilibrios regionales y la desigualdad y la pobreza ha persistido en algunos sectores de la población hasta nuestros días con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Al Partido Popular español le sucede lo que al Partido Socialista español, no es equiparable a los partidos conservadores europeos. Sus únicas medidas de política económica frente a las crisis económicas es bajar los impuestos y reducir el gasto social. Es lo que han practicado Aznar y Rajoy y parece ser la oferta al pueblo español de su nuevo líder Nuñez Feijóo, aunque lo cierto sea que el Partido Popular cuando alcanza el poder sube los impuestos. Seguimos teniendo una economía dependiente del turismo, una escasa competitividad internacional pese a los bajos salarios y cifras abultadas de deuda y déficit públicos, desempleo que duplica la media europea y las mismas deficiencias estructurales de nuestra economía. No parece que los populares españoles se hayan tomado la molestia en analizar las políticas económicas y sociales vigentes en Alemania durante los más de tres lustros de mandato de la canciller Angela Merkel.

En nuestros días al Gobierno de Sánchez se le pueden hacer las mismas objeciones que a los gobiernos de González y Zapatero. Las políticas sociales protegiendo a los más desfavorecidos son adecuadas, necesarias y acaso insuficientes. Y en la misma línea que ha señalado el gobernador del Banco de España, es conveniente que las ayudas económicas se destinen a los sectores económicos golpeados por la crisis en vez de practicar la receta populista de bajar los impuestos a todos. Pero las grandes cifras reflejan con claridad las graves deficiencias de la política económica del Gobierno: deuda pública y déficit públicos elevados, desempleo que duplica la media europea a lo que se añade de manera sorpresiva una inflación que nos recuerda a tiempos anteriores a nuestra entrada en la Unión Europea.

No es extraño que muchos ciudadanos no crean que el nuestro sea un Estado protector. Y en esas circunstancias han surgido entre nosotros una extrema derecha y una extrema izquierda que coinciden en la liquidación del Estado social y democrático de derecho forjado por la Constitución. Y tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en vez de fortalecer el espacio de la moderación, único en que se encuentran soluciones capaces de convencer y favorecer a la inmensa mayoría de los ciudadanos, han basculado hacia los extremos. El PSOE ha blanqueado a la extrema izquierda y el PP a la extrema derecha. No parece que los líderes de dichos partidos políticos hayan comprendido que con estas políticas se produce un alejamiento de nuestros valores y principios constitucionales.

La insatisfacción no solo se ha instalado entre los extremistas sino también entre los ciudadanos españoles moderados, que la historia ha demostrado que somos mayoría en España. Ciudadanos que consideran que el Estado no está haciendo la función protectora que justifica su existencia. Nos referimos tanto al conjunto de las instituciones del Estado central y autonómico como a los partidos políticos que gobiernan y han gobernado.

La crisis profunda que vivimos en estos años tiene que ser abordada de un modo dialogado y discreto por los dos grandes partidos moderados, PSOE y PP, dejando a un lado a los partidos políticos inmoderados que ni reconocen ni aceptan a los demás contraviniendo el pluralismo político consagrado en la Constitución. Pero el camino no es que el Gobierno ignore al PP para confeccionar su proyecto de salida de la crisis, ni que el PP envíe con luz y taquígrafos su proyecto al Gobierno.