El Banco de España da por evaporada nuestra recuperación económica y deja para el tercer trimestre del año la posibilidad de situarnos a los niveles previos a la pandemia, no sin advertir que serán los hogares más vulnerables los más afectados por el deterioro general. El propio FMI apunta que nuestro país sufrirá secuelas de la actual crisis hasta el 2027.
La guerra en Ucrania no ha hecho más que empeorar una situación económica muy complicada. Baste decir que la cesta de la compra se ha disparado en 500 euros anuales, un coste que pone en apuros a muchos. Para las más de 70.000 familias valencianas que ya pasan estrecheces, el panorama a corto y medio plazo es desalentador.
El ciudadano de a pie lleva achicando agua demasiado tiempo. La crisis económica de 2008 duró una década y causó estragos en miles de hogares que aún intentan hoy sobreponerse a duras penas. Ahora ha habido que hacer frente a una pandemia y a una guerra en Europa. Demasiada carga para unas clases medias empujadas a bajar peldaños en la escala social, asomando a muchas personas a la pobreza. Y qué decir de quienes empezaron el milenio en condiciones precarias, las capas más vulnerables: más dramático ha sido y será el futuro para ellos.
El gobierno valenciano anunció a primeros de abril un plan de choque para paliar los efectos económicos de la guerra que tuvo que ser aprobado varias semanas más tarde. No se previó el marco jurídico de esas ayudas que deben ir destinadas a autónomos, empresas y familias. No es de esperar que se depurasen responsabilidades por tamaña chapuza.
A este despropósito político hay que sumar la situación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la encargada de aunar esfuerzos para hacer frente a la pobreza. La Renta de Inclusión, presentada en su día a bombo y platillo, la ha vuelto a poner en tela de juicio el Síndic de Greuges por sus excesivos retrasos y la mala planificación, lo que provoca situaciones inaceptables. Y además está la investigación judicial que socava la estructura del departamento por el trato dado a la menor tutelada que fue objeto de abusos por parte del exmarido de Mónica Oltra, algo que puede provocar que la misma vicepresidenta pase a ser imputada. En esta situación, no es fácil que los dirigentes de la Conselleria se centren en desarrollar los planes necesarios para ayudar a quienes lo están pasando mal.
Dijeron que nadie se iba a quedar atrás, pero más pronto que tarde los hechos desmienten sus palabras.
