Marzo de 2020: una pandemia mundial golpea España, forzando un estado de alarma y una reclusión domiciliaria impuesta para toda la población. En medio del caos de los muertos, de la saturación hospitalaria y de la falta de información, acecha una amenaza diferente y una noticia se abre hueco en todos los periódicos. El 19 de marzo, en la localidad de Almassora (Castelló), tiene lugar el primer asesinato machista del confinamiento. Los dos hijos menores de edad de la pareja son testigos del crimen.

El pasado 2 de marzo, casi dos años después del homicidio, el cónyuge de la mujer asesinada fue declarado culpable. La condena son 23 años de prisión y una indemnización económica a los dos niños, a los padres y a las hermanas de la víctima. A partir de este suceso se plantean numerosas preguntas. Se han escrito ríos de tinta sobre la violencia de género: noticias, reportajes, ensayos e incluso novelas. Se ve en todos los medios de comunicación, se insta a las víctimas a denunciar y al resto de los ciudadanos a dar parte cuando se tiene conocimiento de una situación de malos tratos, pero ¿qué pasa después? ¿Qué consecuencias tiene para una mujer y sus hijos la decisión de comenzar el proceso de separarse del maltratador? Y, cuando el resultado es tan trágico como el del caso de Almassora, ¿qué sucede con esos niños? ¿Cuáles son las secuelas de haber presenciado semejante crimen?

El mensaje para las víctimas es que denuncien ya que, si no se tiene constancia de un caso de violencia, no se puede actuar en consecuencia, como bien explica la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Almassora, M.ª José Tormo. Sin embargo, para una mujer maltratada esta es una decisión muy difícil de tomar, puesto que supone enfrentarse legalmente a la persona que han elegido como compañero de vida y, muy posiblemente, al padre de sus hijos. Empar López, técnica jurídica en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaia, insiste en que, para la interposición de una denuncia, se ha de contar con el «pleno consentimiento y convencimiento de esa mujer». Si esto falla y la víctima se niega a declarar contra el maltratador, puede salir gravemente perjudicada al incurrir en un delito de falso testimonio.

La experiencia de las víctimas tampoco es halagüeña con la idea de la denuncia. La escritora y superviviente de violencia de género María González (nombre ficticio), narra el calvario que sufrió tras la separación: «Desde que decides separarte hasta que recibes la ayuda, estás muy desprotegida. No hay nadie que te diga dónde ir ni cómo hacerlo ni lo que está pasando». Además, habla de un incremento exponencial de la violencia del maltratador tras la separación, hasta el punto de agredirla sexualmente o amenazarla con matar a sus hijos si no mantenía relaciones sexuales con él. López corrobora que este punto es el más crítico para las mujeres, en el que se produce un gran número de los asesinatos: después de la separación pero antes de la denuncia.

Lo que sucede con los niños suele pasar más desapercibido, pero no por ello sufren menos. El Observatorio de la Infancia definió maltrato en el año 2008 como «toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social». De acuerdo con Julián Garcés, psicólogo y jefe de sección de Recepción y Diagnóstico en Protección de Menores de Zaragoza, si un menor presencia violencia de género, se considera que está siendo sometido a un maltrato psicológico grave. Según el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, en el año 2020 se registraron en España casos de 3654 menores que habían sufrido maltrato emocional grave, lo que supone una tasa del 56,6. Dentro de esta cifra están los menores expuestos a violencia de género que, según Unicef, asciende en España a unos 800 000 niños en total.

Existen diferentes tipos de maltrato al que son sometidos los menores. Garcés distingue entre tres tipos de abuso emocional. El primero es la alienación parental, mediante la cual uno de los cónyuges adoctrina a los menores y los posiciona en contra del otro progenitor. En segundo lugar se encuentra el aprendizaje por imitación, en el que el niño emula los comportamientos abusivos. María González vivió de primera mano esta realidad cuando observó que sus hijos la trataban de la misma forma que su marido. Este tipo de maltrato a los niños perpetúa la violencia de generación en generación. Por último se encuentra la violencia vicaria, que utiliza el maltrato físico o el asesinato de los hijos como medio para hacer sufrir a la madre.

El proceso legal posterior también produce un desgaste en los menores: las interminables peleas por la custodia o las visitas obligadas al maltratador. Gracias al Defensor del Pueblo, en 2015 se modificó la ley, priorizando la voluntad del menor antes que su edad, como se había estado haciendo hasta entonces. A pesar de ello, legalmente, los derechos paternos deben cumplirse a no ser que exista una condena o una medida administrativa. Las secuelas psicológicas en los niños ante todas estas situaciones son evidentes.

Así, los recursos que se ponen al servicio de estos menores se consideran a menudo insuficientes debido, principalmente, a la falta de psicólogos en las administraciones públicas. González se lamenta de que si sus hijos reciben ayuda psicológica es porque ella ha podido costearla. Las secuelas del maltrato son muchas y duraderas, psicológicas, físicas y socioeconómicas. En las mujeres la recuperación depende del nivel de empoderamiento que consigan alcanzar, mientras que en los niños depende de la intensidad de las vivencias y de su nivel de resiliencia. Pese a todo, según la concejala de Almassora, los niños testigos del asesinato de su madre, han sido arropados tanto por la Administración como por su familia. Actualmente están siendo atendidos psicológicamente en Almassora y Castelló, donde han sido acogidos por su tía y se recuperan poco a poco de la tragedia.