En mayo de 1982 la España democrática y constitucional ingresaba como miembro número dieciséis de la OTAN con la mayoría parlamentaria que le daban los votos del partido gobernante, UCD, más los de Alianza Popular y los nacionalistas catalanes y vascos. El partido socialista y el comunista votaron en contra. No había sido la posición tradicional española, que desde la recuperación de la democracia en 1977 había optado por la neutralidad, porque supuestamente nuestro alineamiento con el bloque occidental podía afectar a nuestras relaciones tanto con los países árabes como con los de América latina. La realidad es que nuestro país ya estaba vinculado al sistema defensivo y de seguridad occidental por sus acuerdos con los Estados Unidos, sin embargo, el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, mantuvo esta situación de ambigüedad hasta que poco antes de su dimisión previa al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 hizo saber que había cambiado de posición. Pero fue finalmente su sucesor en la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, quien tomó la decisión de solicitar la adhesión.
Para los ciudadanos españoles más progresistas, pero también para muchos conservadores, este cambio de posición supuso una situación traumática. El objetivo mayoritario y prioritario de los ciudadanos parecía ser entonces consolidar la democracia y formar parte de los países europeos integrándonos en la, entonces, Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, pero no teníamos en mente participar en su seguridad y defensa. Y en el caso español había muchas razones. En primer lugar estaba sin duda el pacifismo mayoritario y todavía reciente después de una sangrienta guerra civil y dictadura que nos privó de la libertad y que nos hizo retroceder muchos años en la historia.
También contaba para la izquierda el trato recibido durante la guerra de algunos países democráticos hacia la República española, impidiendo defenderse al régimen constitucional a través del Comité de no Intervención, con una supuesta neutralidad que era sistemáticamente vulnerada por los regímenes totalitarios europeos y también el apoyo decidido de algunas empresas multinacionales norteamericanas a los sublevados y, sobre todo, el hecho de no haber acabado con la dictadura tras la derrota de los totalitarismos en la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo más reciente para la desconfianza era el derrocamiento del régimen constitucional chileno.
Para la izquierda, pues, la decisión produjo un gran debate que se trasladó al interior de los partidos y que solo calmó cuando Felipe González ganó las elecciones de octubre de 1982 con el objetivo fundamental de consolidar la democracia y modernizar España, y congeló la entrada de España en la estructura militar de la OTAN y prometió un referéndum para tomar la decisión.
Para cuando se celebró el referéndum, el 12 de marzo de 1986, antes de finalizar la legislatura, se volvió a resucitar la división, casi exclusivamente entre la izquierda, porque se había producido un cambio fundamental de opinión en el Gobierno y es que las circunstancias habían cambiado tremendamente, porque participar en la Unión Europea, el selecto club del Estado del Bienestar, los derechos humanos y la libertad, en una situación de relativo estancamiento tras la crisis del petróleo de 1979 y tener que admitir a nuevos socios que no estaban dispuestos a comprometerse con su defensa y seguridad, aunque ambas cosas no estuvieran vinculadas formalmente, parecía difícil de conseguir y necesitábamos buscar más aliados. Los encontramos con nuestra nueva posición y se desbloqueó nuestra entrada en la Unión.
El referéndum, con condiciones para nuestra permanencia (a saber: la no incorporación a la estructura militar; la prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en España y la reducción de la presencia militar norteamericana) dio un resultado favorable a la permanencia de más del 52 por ciento frente a un 39,8 en contra. Apoyaron públicamente el ‘sí’ el PSOE, el CDS y de nuevo nacionalistas catalanes y vascos, mientras que Alianza Popular, en una maniobra de corto alcance para derrotar al Gobierno que le costo una gran credibilidad entre sus aliados europeos, preconizó la abstención. Las consecuencias positivas de esta decisión democrática de los españoles se vieron claramente en la creciente presencia internacional de España ocupando el lugar que nunca debió perder.
Se reflejaron también en el nuevo convenio para la defensa entre España y Estados Unidos de diciembre de 1988 que hacía referencia a la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio y a las autorizaciones de uso y paso, y en nuestro ingreso en la Unión Europea Occidental, la vertiente europea de defensa que obliga a los Estados a prestar ayuda en caso de agresión a los miembros de la organización. Y lo más positivo, la mayor integración internacional de las Fuerzas Armadas ayudó a evitar los intentos de involución que se dieron anteriormente, produjo su modernización y las introdujo en las misiones de paz que tanto han ayudado a mejorar la imagen de la institución.
Seguramente, después de la invasión de Ucrania por Rusia y la petición de ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia, países tradicionalmente ejemplo de neutralidad, para garantizar mejor su defensa e integridad territorial, hoy harían innecesaria la reflexión ante este aniversario.
