La práctica policial de parar en la calle, identificar y, en muchos casos, registrar sólo a las personas con rasgos no occidentales es la forma habitual de operar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, en las últimas semanas se ha detectado un recrudecimiento de este modus operandi. En Orriols, muchos chicos africanos sufren a diario una o varias identificaciones racistas por parte de policías, que incluso se desplazan de municipios próximos como Paterna. Delante de todo el mundo tienen que mostrar una y otra vez sus papeles a la policía, y en numerosas ocasiones explicarles qué están haciendo en la calle y vaciarse los bolsillos. Han de demostrar su inocencia porque presuntamente son culpables por ser migrantes.
En los denominados dispositivos «para la prevención de delitos y el mantenimiento de la seguridad ciudadana» desplegados en el barrio, la policía se dedica a realizar identificaciones masivas en las que la mayoría de las personas requeridas son extranjeras: según datos oficiales, sólo en la tarde/noche del 5 de mayo identificaron a 171 personas, de las cuales 123 eran extranjeras (72%) y 48 españolas. Los vecinos y vecinas de Orriols reclaman que se refuerce la seguridad, pero no de este modo que sólo contribuye a estigmatizar a las personas y a vincular la migración con la delincuencia. Además, han llegado denuncias de operativos sistemáticos de la policía en el centro de València (alrededores de la Estación del Norte y Plaza España) para interceptar personas en situación administrativa irregular con el fin de iniciarles proceso de expulsión.
Las identificaciones por perfil étnico y racial que se realizan en España han sido condenadas por numerosos organismos internacionales -como el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia-, pero también existen normas nacionales que las prohíben. La Circular 2/2012 sobre Identificación de ciudadanos de la Dirección General de Policía ordena evitar las identificaciones «innecesarias, arbitrarias y abusivas». Con la aplicación de la circular, la policía aseguró que se ponía fin a este tipo de controles, pero la Defensora del Pueblo registró en los siguientes meses quejas en las que se concretaba el lugar y la hora de más de 300 controles de identificación en lugares públicos, determinados por perfiles étnicos y raciales. Tampoco resultó más efectiva en la erradicación de esta práctica policial, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que establece que en la práctica de la identificación se respetará el principio de igualdad de trato y no discriminación y sólo se puede requerir cuando haya indicios de que ha cometido una infracción o para prevenir la comisión de un delito.
En marzo de este año, ante la persistencia de las identificaciones racistas, el Defensor del Pueblo ha vuelto a reclamar al Ministerio del Interior la adopción de «mecanismos de control interno» e «instrucciones u otras medidas con objeto de asegurar la erradicación de las identificaciones por perfil racial». La reiteración de esta exigencia es fruto de la queja que València Acull presentó a la Defensoría hace nueve años por la redada racista que se produjo frente a nuestra sede: la Policía Nacional identificó durante casi una hora únicamente a personas extranjeras. Estas identificaciones se estaban repitiendo en otros puntos de Orriols. En abril de 2013, la Defensora del Pueblo emitió 5 recomendaciones: solicitó que se registraran todas las identificaciones indicando la raza y/o nacionalidad y el motivo de la identificación para poder establecer un sistema estadístico, así como que se proporcionara formación a la policía en materia de diversidad cultural y se implantara un mecanismo de reclamaciones para las víctimas de este tipo de discriminación. No se pusieron en práctica sus recomendaciones, continuaron las redadas racistas y el Defensor ha decidido reanudar su investigación.
Ahora, varias entidades de defensa de los derechos de las personas migrantes vamos a pedir una reunión con la Delegada del Gobierno, Gloria Calero, para exigir que se ponga fin a esta situación. A finales de 2020 ya nos reunimos con la delegada, que reconoció que existían estos controles raciales, se comprometió a pedir a la policía y Guardia Civil que acabara con ellos y a informarnos sobre sus gestiones. Desde entonces no ha contestado a nuestros requerimientos, pero la realidad constata que si hizo algo, el resultado ha sido nulo.
