La revolución digital, impulso de un proceso de modernización que solo encuentra precedentes en su impacto y calado en la revolución industrial, permea todos los aspectos de nuestras vidas, sociedades y economías. Así como los valencianos supieron aprovechar la revolución industrial y desarrollar la industria del calzado, el textil, la cerámica y el mueble, entre otros, que han llegado a nuestros días, debemos sembrar hoy las semillas de un nuevo tejido económico, social y cultural que nos lleve a la Comunidad Valenciana del futuro. Igualmente, la digitalización expande el proceso de globalización, ampliando horizontes y superando más fronteras. Navegar un cambio de esta magnitud requiere la implicación de todos los actores sociales, ciudadanos, empresarios, y una gestión política precisa y suficiente.
Por ello, el Plan de Transformación Digital de la Comunitat Valenciana anunciado en febrero 2022 por el Presidente Puig, es de crucial importancia. El Plan se halla alineado con el programa Europa digital y recibirá financiación de la Unión, que, junto con fondos de la Generalitat y el Gobierno de España, llegará a una dotación de 1.000 millones de euros.
En su primera comparecencia en las Cortes el 25 de mayo de 2022 Josefina Bueno, Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, expuso su programa fundamentado en la promoción de una cultura de la innovación, condición necesaria para navegar y aprovechar la gran ola digital, junto con la digitalización, la automatización, y la inteligencia artificial. En todas ellas, la Generalitat incorpora una perspectiva de inclusión e integración, pues todo cambio debe siempre estar imbuido de valores rectores. Estos valores se han declinado por la Conselleria en inversiones y proyectos concretos, por ejemplo, la expansión del Distrito Digital, para que se establezcan sedes en todas las comarcas de la Comunidad, redundando en la cohesión social. Igualmente, cabe destacar la finalización del nuevo edificio de este proyecto en el Muelle 5 del Puerto de Alicante para transformarse en nuevo espacio del Distrito Digital. Además, Alicante contará un cable submarino de datos radicado en el Puerto, previsto para 2025, que permitirá la implantación de data centers y empresas tecnológicas, haciendo de la ciudad un punto estratégico de conexión de datos a gran velocidad. También se destinarán dos millones de euros a la transición digital de los ayuntamientos, lo que supondrá un aumento de la eficiencia en los trámites públicos.
La apuesta socialista pasa por el impulso del empleo y la economía lo que requiere adecuar la educación a lo largo de la vida. Hay que reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía, y preparar a los jóvenes para un mercado laboral que ya pide hoy altas cualificaciones en este ámbito. También debemos apoyar a las empresas, en particular a las micropymes, para que puedan acelerar su digitalización y que en 2025 puedan generar al menos, el 25% de su negocio mediante el comercio electrónico. Esta nueva economía del dato, puede ser realidad si se aprovechan bien las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial y el Big Data, eso sí, asegurando la seguridad y privacidad, los principios democráticos y los valores europeos.
Nos hallamos tan solo al principio de esta revolución digital, por ello las decisiones que tomemos hoy sobre qué principios rigen la producción y el consumo online, así como la vida pública en el ámbito digital son de extrema importancia. De otra manera, podríamos acabar en un far west digital, sin derechos, ni protección, abiertos a los abusos del más fuerte. Digitalizar, sí, pero desde los valores. Por ello, se debe abogar por una transición digital inclusiva, justa, y democrática.
Una digitalización inclusiva es aquella que no deja atrás a nadie. Esto implica, como defiende la Consellera, que no podemos dejar colectivos sociales sin acceso a los recursos e infraestructuras digitales. Por ejemplo, la pandemia forzó la migración de la escuela al medio online, y desgraciadamente, hogares con menos recursos vieron como la escolarización de sus hijos sufrían por la falta de ordenadores. También es el caso de las comunidades rurales, ya acechadas por la despoblación, que se agravará, sin duda, sin un acceso fiable a la red. Por el contrario, con una conectividad digital adecuada las zonas rurales, amplían sus capacidades de atracción, ofreciendo así vías para revertir el despoblamiento mediante nuevas posibilidades de producción y empleo vehiculadas a través de medios digitales.
La digitalización justa se fundamenta en la no discriminación. Este concepto abarca cuestiones bien conocidas como los sesgos inherentes de los algoritmos, fundamentados sobre bases de datos estadísticas que incorporan sesgos, y que, por tanto, penalizan a comunidades con menos recursos, o razas y religiones no mayoritarias, un elemento que debe ser tenido en cuenta, más aún frente al reto de la digitalización de la administración pública, en particular en el ámbito de Empleo, Justicia, o las Políticas Sociales. Una transición justa, no discriminatoria, implica también la no-sustitución en los servicios, públicos o privados. Es decir, si bien la gestión online acelera algunos trámites y servicios, y permite ganancias en eficiencia, no es de recibo que sustituya completamente la posibilidad de interactuar personalmente, pues se excluye de ese modo a colectivos que no pueden operar online. La Comunidad Valenciana tiene en Carlos San Juan un ejemplo de lucha contra este tipo de discriminación, que con su campaña “Soy mayor, no idiota” que recogió 600.000 firmas contra la digitalización casi total de los servicios bancarios en detrimento de la atención personal en oficina, logró que la patronal bancaria firmara un nuevo protocolo de atención a mayores. Por ello, he propuesto a Carlos San Juan para el Premio Ciudadano Europeo. La digitalización no debe llevar a la total sustitución de la atención personal so pena de una completa deshumanización de las relaciones sociales, mercantiles y políticas.
Por último, una digitalización democrática es aquella que se erige sobre la voluntad de los ciudadanos, y por tanto es política en su naturaleza. A efectos prácticos, esto implica que no podemos dejar a Zuckerberg y Musk decidir cómo se organiza el mundo digital. A estos efectos la Unión Europea se erige como baluarte democrático, pues no hay hoy país europeo que pueda hacer frente en solitario a decisiones tomadas por un reducido número de directores generales de grandes plataformas transnacionales, frecuentemente americanas o chinas. Esta soberanía digital, pasa necesariamente por la soberanía compartida a nivel europeo. Aquí Europa ya ha demostrado que puede actuar mediante la aprobación, por ejemplo, de la Ley de Servicios Digitales, asegurando así una mayor rendición de cuentas de las plataformas digitales, una mejor protección de los usuarios de internet, así como de sus derechos fundamentales.
