Desde hace tiempo que estaba convocada, para los días 23 y 24 de junio, la reunión del Consejo Europeo con un orden del día que incluye el punto de otorgar a Ucrania el estatus de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. No fue hasta dos días antes de la misma que el presidente del Gobierno de España anticipó su apoyo, concertando a propósito una llamada con el presidente ucraniano. Recordar que en la semana anterior se conoció el pleno respaldo de los líderes de Francia y Alemania.

En nuestro entorno, el primero en dejar las cosas claras –incluso más allá del formalismo de ese estatus que ostentan otros seis países, entre ellos Turquía– fue Mario Draghi, al afirmar tan pronto el 22 de marzo que «Italia quiere a Ucrania en la Unión Europea».

Durante el mes de abril, Pedro Sánchez contó con dos ocasiones idóneas para corresponder: en la réplica a la intervención de Zelenski por teleconferencia en el Congreso de los Diputados y cuando su viaje oficial a la capital ucraniana. Pero evitó concretar sobre el respaldo en dicho extremo bajo fórmulas genéricas de solidaridad.

En mayo, aquel posado de perfil suscitó inquietud entre los diputados nacionales que llegaron a interesar al Ejecutivo «expresar públicamente su apoyo», pero una enmienda socialista condicionó tal iniciativa de Ciudadanos a conocer antes el informe al respecto de la Comisión Europea. Un informe que ha resultado favorable, pero que no llegó hasta el pasado 17 de junio. Parece así que se trataba de una maniobra para, por un lado, despejar ese debate del seno de la coalición y, por otro, evitar encararse con las sensibilidades de Macron o Scholz. Frente a las reiteradas peticiones ucranianas de una actitud proactiva, entonces la postura de Sánchez, según la prensa, fue la de votar en la reunión del Consejo «a favor de lo que decida la mayoría de los socios europeos».

Llegados a este punto, es en València donde el asunto encuentra un nuevo respiro. De hecho, lo que sigue refuerza mi convicción sobre que la nuestra es la comunidad autónoma más comprometida a nivel político y social con Ucrania y, por tanto, fiel servidora de la paz y de una Europa unida.

Pues bien, respondiendo a la petición de apoyo institucional expresada durante la visita del embajador ucraniano y compartiendo la reflexión que ha llevado a nuestra cámara autonómica el Instituto 9 de Mayo, tres grupos parlamentarios –Ciudadanos, PSPV y PPCV, los días 13, 15 y 20 de junio respectivamente– han registrado en parte sendas iniciativas que previsiblemente confluirán en una única resolución.

Se trata de unas proposiciones no de ley que ampliarán la solidaridad con el pueblo ucraniano, unánimemente expresada por Les Corts Valencianes horas después de la invasión rusa del 24 de febrero, entonces reclamando restablecer la integridad territorial de Ucrania, para destacar ahora el apoyo a la aspiración europea de este país. Todo ello con la consecuencia práctica de venir a instar al gobierno central «manifestar una postura favorable de España para concesión inmediata por parte de la Unión Europea a Ucrania del estatus de país candidato a la adhesión». A más largo plazo, por parte de los grupos se pretende que el Consell asuma favorecer «la futura integración de Ucrania en la UE» en el marco del Comité Europeo de las Regiones y «en otras posibles formas».

Esta última coletilla puede reforzar, por ejemplo, la labor de un grupo de trabajo pionero en toda España que recientemente ha creado la Generalitat para preparar, junto a los representantes empresariales, la participación valenciana en la reconstrucción posguerra de regiones ucranianas como la hermana Odesa –dando ejecución a los fondos que se doten para ello.

Pero volviendo a la cuestión del apoyo político europeo, no puedo sino destacar la llamada al liderazgo español que ha hecho el grupo socialista valenciano. Reconocer a la vez –mereciendo disculpa el que, entre otros diputados, tan solo cite a una persona por grupo mencionado– el seguimiento de la temática ucraniana que llevan a cabo Tony Woodward, Trini Castelló y Juan Carlos Caballero, también en cuanto a la acogida de las personas desplazadas. Del mismo modo, de parte de la sociedad civil interesada, quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer las líneas de solidaridad que desde sus posiciones y al nivel correspondiente vienen siendo trazados desde tales centros de toma de decisiones como los presididos por Ximo Puig, Enric Morera o Carlos Mazón. Al igual que poner en valor el mensaje de Gloria Calero en nuestra celebración de la fiesta europea, el pasado 9 de mayo, sobre que «la ayuda humanitaria, económica y social con el pueblo de Ucrania nos reafirma en la convicción de la Europa de las regiones».

Les Corts destacan en que los asuntos que tienen que ver con Ucrania siempre acaban encontrando en su seno la unanimidad política. Por eso confío en que la suma de los proyectos presentados también obtenga el beneplácito de Compromís, Vox y Unides Podem. Como primer antecedente de distinguirse positivamente de las Cortes Generales, ya en 2019 todos los grupos valencianos se unieron en la condena por genocida y en la petición de enseñar y sensibilizar sobre la gran hambruna, provocada en 1933, con la que desde el Kremlin se quiso socavar la base de la nación ucraniana causando millones de muertes por inanición para luego repoblar con rusos. Aquella PNL dedicada al Holodomor en clave de memoria histórica común europea –con la que el Instituto 9 de Mayo se estrenó en incidencia– me recordará siempre la gentileza mostrada durante su debate y aprobación por los diputados Cristina Rodríguez, José María Llanos y Naiara Davó.

Mientras tanto, en alguna sala entre la Moncloa y la Carrera de San Jerónimo de Madrid seguirá el otro elefante cuando del apoyo a Ucrania se trata: suministrar armamento. Porque no olvidemos que mientras el 70% de los españoles (según el último CIS) comparten la necesidad de entregar a Ucrania material militar para que pueda defenderse, el nivel de esta clase de envíos que en cuatro meses ha realizado España se sitúa entre los de Luxemburgo y Dinamarca.