Aquel maestro castellanohablante nacido en las entrañas de la Ribera, hijo de jornaleros agrícolas inmigrantes, recibió, como primer destino, una escuela de párvulos de Gabarda. El hombre aplicó su mejor saber en la enseñanza de las primeras letras a niños que habían mamado el valenciano, jugaban en valenciano y pensaban en valenciano. Aquella cartilla de lectura con el método fotosilábico exponía el dibujo junto el nombre. El niño se empeñaba en discutir con el maestro que aquel dibujo era una «cadira», mientras el buen maestro le insistía en que se leía «silla». Y como para el niño era una contradicción irresoluble identificar aquellos dibujos con nombres extraños, pensó el buen pedagogo que lo correcto sería enseñarlos en su lengua materna. Un éxito. Una paz para el niño que por fin se sentía en un espacio propio. Aquel maestro fue, en el curso 1978/79 uno de los pioneros en introducir la enseñanza en la lengua materna. Fue una decisión personal, contemplando lo mejor para aquellos niños, todos ellos valencianoparlantes. No pertenecía a ningún colectivo, ni partido. Usó el raciocinio y comprendió el derecho de aquellos niños a aprender las primeras letras en la lengua que ellos habían mamado de sus madres.
Hubo un tiempo en que era necesario reivindicar ese aprendizaje en la lengua propia. Era el tiempo en que el valenciano estaba postergado y necesitaba reconocerse como oficial lo que era natural. La Constitución del 78 lo hizo posible, impulsando la oficialidad de las lenguas llamadas regionales en aquellas comunidades que además del castellano tuvieran otra lengua propia. El castellano, la lengua oficial del Estado, se reservaba el derecho a ser usado y el deber de conocerlo. El derecho, no el deber de ser utilizado. Por eso existe el propósito de que el Senado pueda acoger parlamentos en las distintas lenguas del Estado. Nadie debería oponerse a ese loable propósito de elevar el nivel de respeto a las lenguas de las distintas regiones españolas, porque lenguas españolas son todas. Y no sirve el argumento de que supone un gasto innecesario pues los sentimientos satisfechos forman parte de un buen gobierno.
Otra cosa muy distinta es que en Catalunya, su gobierno, no permita que los niños que han mamado el castellano puedan aprender sus primeras letras en su lengua materna. O que se pretenda eliminarlo incluso de las conversaciones en el patio escolar. Eso no es defender el catalán, sino perseguir al castellano, y sobre toto, inculcar una política que vulnera los derechos naturales. Los mismos que se vulneraron contra el catalán se vulneran ahora contra el castellano, más bien contra los individuos que lo tienen como lengua propia. Hay millones de personas en Catalunya que estiman el catalán y quieren que sus hijos aprendan la lengua que identifica la cultura catalana pero desean que sus hijos aprendan el castellano, que no se sientan extranjeros en su propio país. Muchísimos de ellos tienen el catalán como lengua propia. Y no pueden hacerlo por la decisión irrevocable de los políticos que además, presumen de no respetar las sentencias judiciales, en un desafío que tiene poco de democrático. Y esos millones de catalanes que no quieren dejar de ser lo que son, merecen al menos el respeto y la consideración, el raciocinio, que tuvo aquel maestro de la Ribera cuando cambió de lengua en defensa del mejor aprendizaje para sus alumnos. Pero los tiempos, evidentemente, ya son otros. No impera la razón, sino las vísceras.
