La historia de Teresa, la niña que estando bajo protección de la Generalitat sufrió abusos por parte de un educador, exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra, sigue de actualidad.
Pese a que el abusador ha sido condenado en sentencia firme a cinco años de cárcel, en Compromís insisten en sembrar dudas sobre el caso con el argumento de que la defensa de la menor corrió a cargo de José Luis Roberto, líder del partido de extrema derecha España 2000.
Papi Robles, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, mantiene públicamente la tesis del montaje contra Oltra. El propio presidente de la Cámara, Enric Morera, no tiene empacho en hablar de trama corrupta. Aitana Mas, sucesora de Oltra en el Consell, también defiende la teoría de la conspiración.
En paralelo, van apareciendo informaciones de Teresa y detalles de su vida personal que cuestionan su capacidad para atender a sus hijos y que, pese a ser la víctima de una historia dramática, la desacreditan miserablemente a ojos de la sociedad.
Cualquier partido, y Compromís en este caso debería ser el primero, tendría que ocuparse más de la protección social que de buscar fantasmas con los que tratar de salvar la cara. Y es que hace tres años, Mónica Oltra aprobó su Ley de Servicios Sociales alardeando de cómo garantizaba la universalidad del sistema, de la atención integral que prestaba a las personas en función de sus necesidades, de cómo favorecía la inclusión y el desarrollo personal, y de lo eficaz que sería en la prevención. Entre sus objetivos, ojo, destacaba el derecho a la confidencialidad y la privacidad para favorecer la intimidad y la dignidad de los ciudadanos.
Hoy sabemos por cuántos ayuntamientos ha pasado Teresa en demanda de ayuda y protección. Sabemos por qué no se ha tramitado una Renta de Inclusión para ella. Sabemos dónde ha maldormido y la situación en la que están sus hijos…
Ningún profesional del área social entiende que la conselleria haya sido incapaz de coordinar la acción para atender como merecía a una joven que ha estado bajo su tutela durante años. La misma que fue llevada a declarar esposada ante el juez tras denunciar al educador de la Generalitat que abusaba de ella.
Una coordinación y un deber entre los sistemas de protección social que es nombrada en repetidas ocasiones por la citada ley de servicios sociales y que parece que ha brillado por su ausencia.
La cortina de humo de la extrema derecha no podrá tapar un escándalo que lo que en realidad refleja es extrema ineptitud.
