El pasado 5 de agosto se publicaba el DECRETO 118/2022, para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en contratación pública, convocatorias de ayudas y subvenciones. Se trata de una norma que aplicará a cualquier contrato o subvención con la Administración Pública, aunque muchos ni siquiera se hayan enterado aún. No es un tema baladí, ya que como si de un mazazo se tratase, pretende que todas las empresas incluyan cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, sin orden ni concierto.
Lo cierto es que es una tarea pendiente, y un camino que toda empresa debe recorrer a fin de garantizar su supervivencia a largo plazo. Sin embargo, el hecho de implementar estas acciones de forma desesperada y/o desordenada, por cumplir un expediente, y sin una estrategia definida detrás, en muchos casos puede condicionar la viabilidad de la empresa.
Me explico, la sostenibilidad en la empresa debe entenderse como un elemento estratégico que integre los procesos de la compañía, y no como parches o imposiciones desde un departamento concreto para cumplir un requerimiento. Porque, el primer paso para que una empresa sea sostenible, es que sea rentable económicamente, y luego por supuesto, aportar en las distintas dimensiones: Ambiental, Social y de Gobernanza. Y aunque es cierto que este Decreto establece algunos de los requisitos como futuribles y/o compromisos de la empresa en caso de ser adjudicataria, también es cierto que una planificación no adecuada, puede influenciar la viabilidad económica del contrato y, por ende, en algunos casos, de la empresa.
Así, por una parte, habrá empresas que dispongan del sello de entidad socialmente responsable (cuando dicho registro esté operativo) y/o que ya han empezado a integrar la sostenibilidad, en todas sus dimensiones y con cierto orden, en su organización. Éstas lo tendrán fácil, porque habrán sabido anticiparse, mejorando incluso su competitividad. Pero por otra, habrá otras que tendrán que improvisar y asumir, a riesgo de minimizar o quebrantar la rentabilidad, que en muchos casos ya va muy ajustada, el integrar dichos aspectos.
A modo de ejemplo, en materia social, se hace hincapié, entre otros, en cuestiones de género y conciliación laboral, y en la inclusión de colectivos vulnerables y diversos, aspectos que en términos estratégicos pueden asociarse con la rotación del empleado, absentismo y/o productividad.
En materia ambiental, se contempla la reducción del consumo energético y huella de carbono; el uso de energía certificada de origen 100% reciclada; la utilización de productos con etiqueta eco (incluidos los vehículos); o los suministros de kilómetro cero, entre otros. Factores que, debidamente planificados, también afectan a la competitividad de la empresa, disminuyendo la volatilidad del coste de las materias primas y/o eventuales roturas de suministro.
En materia de gobernanza, se proponen requisitos basados en la utilización de productos o suministros con etiquetas de comercio justo; vigilancia a lo largo de toda la cadena de suministro; o el respeto a los Convenios Internacionales relativos al trabajo: evasión fiscal y corrupción…, que evidentemente, de no preverse adecuadamente, pueden condicionar la viabilidad de la empresa.
Lo cierto, es que, leído así, no parece tan difícil y quizás para la mayoría de las empresas sea una obviedad y están abordando dichos conceptos, ¿verdad? Pues la realidad es bastante más cruda. A duras penas las empresas son capaces de cumplir con toda la normativa existente que les es de aplicación. Sólo en lo laboral, tenemos registros retributivos, auditorias salariales, cálculos de brecha salarial, planes de igualdad, conciliación, acoso, y podríamos seguir. No es por falta de interés, sino porque la burocracia se come literalmente a los departamentos de Recursos Humanos. Así, so pena de descuidar su trabajo de gestión y desarrollo de personas y talento, estos requerimientos requieren de una estrategia definida que dé coherencia y se integre en el modelo de negocio, porque cada empresa es diferente.
Lo mismo ocurre en materia ambiental, el cambio a sistemas más eficientes, renovables, requiere de una inversión que, en algunos casos, no se puede amortizar, y ante los cuales deben proponerse soluciones creativas o innovadoras. Y en gobernanza existen múltiples disonancias entre lo que debería realizarse y lo que realmente ocurre en la organización.
Así, la sostenibilidad es una carrera de fondo a la que, por convicción o imposición, debemos empezar a prepararnos porque ser sostenible no es limitarse a cumplir con la ley, sino ir más allá. Además, debe estar bien articulada e incorporar la perspectiva de los grupos de interés para crear ventajas competitivas. En nuestra mano está decir qué papel jugar.
