Un vecino de Ciutat Vella se mudó este verano -otro más-, al Ensanche. Pidió el coche más grande de una amiga, que acabó el traslado con tres multas por traspasar el ‘checkpoint’ del Área de Prioridad Residencial sin autorización. Hay docenas de casos similares (familiares de visita, turistas despistados, urgencias varias, compras, averías, etc.), para los que está previsto darse de alta de manera excepcional. Como también existe un extenso protocolo para justificar la entrada a Ciutat Vella, que va desde certificvados sanitarios a cualquier problema doméstico. Sin embargo, ni de la clara advertencia sancionadora, ni de las posibles necesidades perentorias hay un cartel anunciador, ni cualquiera forma de contacto para citar la incidencia. Y eso que somos la Capitalidad Mundial del Diseño, algo que iba a facilitar la vida ciudadanía. Sin cuestionar la restricción del tráfico rodado, una tendencia de hace años, es evidente que se ha gestionado muy mal la pedagogía de la medida.
Ordeno y mando.
Ni València ha sido la primera, ni será la última, en iniciativas similares, pero en otras ciudades, seas vecino o visitante, las reglas del juego están más claras. Aquí no existe, como en otros sitios, la oportunidad de preguntar a través de un simple interfono conectado las 24 horas con la Policía Municipal. «Oiga que el novio de mi madre no da con su hija y vengo yo a llevarlo al ambulatorio, ¿puedo pasar?», o situaciones parecidas. Era evidente que ante tanta dejadez municipal, este verano iba a ser una sangría de multas, por tanto, poco sirve esa rectificación con la boca pequeña del alcalde Ribó de que vamos a mejorar ahora mejor la señalización, cuando fueron conveniente avisados por vecinos y comerciantes de la zona. El problema es que el concejal Grezzi sigue con sus tics autoritarios y no le gusta que le lleven la contraria, incluso cuando es para apoyar alguna de sus medidas. Grezzi se lo debe hacer mirar, pero el alcalde también, porque ya va siendo hora que ponga orden en esa asamblea de ediles que forman el gobierno, donde siempre gana el más activista, no el que tiene mejores argumentos y sintonía con los vecinos.
Celos y competencias.
Además de la pésima señalización, el APR-Checkpoint de Ciutat Vella ha nacido entre rivalidades ‘rialteras’. Mientras que la medida ha sido diseñada por el área de Movilidad, o sea del Compromís de Grezzi, la vigilancia y las sanciones se las comen la concejalía de Seguridad del PSOE de Aarón Cano. Y de eso, que debería solucionarlo el alcalde, no tienen la culpa los 40.000 multados en dos meses, y ya sé que esa cifra no coincide con las personas, porque como he contado al principio, la mayoría suman una media de dos o tres sanciones, que son muchas y señalan a las claras que las cosas no se están haciendo bien. Sin embargo, conociendo el percal, que nadie espere una desautorización de Ribó a Grezzi, porque aunque el concejal se crea infalible, la mala gestión sobre el APR de Ciutat Vella supone un paso más para expulsar a los pocos vecinos que quedan, enfadar aún más a los comerciantes y provocar la aceleración de la gentrificación de nuestro mejor barrio.
