La ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha supuesto, al menos sobre el papel, un significativo avance para que las niñas y los niños puedan disfrutar de una infancia pacífica, también en el ámbito escolar dónde transcurre buena parte de su desarrollo personal. Esta norma interpela a las administraciones educativas para que regulen los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia escolar, así como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Se trata de una nueva figura que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad y a quien le corresponde velar porque los centros educativos sean espacios libres de agresiones.

UGT Serveis Públics del País Valencià, como sindicato comprometido con una enseñanza libre de acoso y violencia, se interesó en el arranque de este curso por esta figura y la respuesta ha sido preocupante. No sólo no se ha incorporado al centro ningún profesional especializado sino que tampoco se ha formado a nadie para desarrollar lo que la ley exige: el abordaje integral de la violencia contra la infancia y la adolescencia.

El problema no se queda sólo en el incumplimiento de las normas; va más allá. La gravedad de casos de acoso escolar o bullying en los centros educativos, a veces con consecuencias drámaticas e irreversibles, requiere intervenir. A corto plazo esta violencia impacta en el desarrollo de los niños y cerciona su derecho a una educación en libertad, pero también a largo plazo puede ocasionar secuelas que arrastrarán en su vida adulta. Por eso, no nos vale la excusa a la que apunta la Conselleria de Educación de que las funciones de bienestar se van a acumular a las que ya desarrolla la persona coordinadora de igualdad y convivencia que existe en los centros educativos.

UGT Enseñanza PV ya advirtió que era insuficiente que en una misma coordinación se unieran dos temas tan importantes y diversos en el ámbito educativo, como son la igualdad y la convivencia, por lo que ahora no podemos aceptar que se le sume un tercero vinculado al bienestar y la protección contra la violencia escolar. Es inasumible que ahora se le incrementen las tareas y funciones a desarrollar, sin dotación específica de horas para realizarlas y sin formación adicional para su capacitación.

Desde UGT consideramos que estas nuevas exigencias exigen la división y especialización de las coordinaciones y la designación en todos los centros educativos de tres figuras de coordinación en lugar de una sola . Además, es imprescindible analizar cuál es el perfil profesional y la formación para su capacitación. Centrándonos en la persona coordinadora de bienestar, UGT cree que el perfil más adecuado es la de las educadoras y educadores sociales o el profesorado de las especialidades de Intervención Sociocomunitaria o Servicios a la Comunidad. Y así lo vamos a exigir a Edudación.