Desde el año 2000 se emprendió por parte de los países que participan en las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Durante 15 años los ODM brindaron lecciones y experiencias, no pudo lograrse por completo pero en 2015 gracias al empuje de la sociedad civil, científica y académica se logró un acuerdo histórico para transitar a un mundo más sostenible. A través de 17 Objetivos interrelacionados con metas e indicadores precisos para que cualquier persona, comunidad, gobierno y país se puedan sumar con acciones a lograr esta misión mundial.
No dejar a nadie atrás es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ella representa el compromiso inequívoco de todos los Estados miembros de la ONU de erradicar la pobreza en todas sus formas, poner fin a la discriminación y la exclusión, y reducir las desigualdades y vulnerabilidades que disminuyen el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto.
No dejar a nadie atrás nos obliga a centrarnos en la discriminación y las desigualdades que socavan la entidad de las personas como titulares de derechos. Muchas de las barreras a las que se enfrentan las personas para acceder a servicios, recursos e igualdad de oportunidades no son simplemente accidentes del destino o falta de disponibilidad de recursos, sino el resultado de leyes, políticas y prácticas sociales discriminatorias que dejan a grupos particulares de personas cada vez más atrás.
La puesta en práctica del compromiso con No dejar a nadie atrás a nivel de país requiere un enfoque integral, incluida la identificación de quién se queda atrás y por qué; la Unión Europea impulsa medidas efectivas para abordar las causas profundas y garantizar la participación libre, activa y significativa de todas las partes interesadas y considera a la sociedad civil como un componente clave de todos los pasos y fases de la política, la planificación y la programación, además de propiciar el enfoque de datos basado en los derechos humanos como imprescindible para garantizar que el su uso y estadísticas sea coherente con las normas y principios internacionales, incluida la participación, la transparencia, la privacidad y la responsabilidad.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, nos advierte en su informe “Impacto global de la guerra de Ucrania en los sistemas alimentario, energético y financiero” de abril de 2022 que “…tras dos años de lucha contra la COVID-19 y las graves consecuencias de la guerra en Ucrania, la economía mundial ha quedado en un estado frágil. Hoy en día, el 60% de los trabajadores tienen ingresos reales más bajos que antes de la pandemia; el 60% de los países más pobres están endeudados o corren un alto riesgo de estarlo; a los países en desarrollo les faltan 1,2 billones de dólares al año para cubrir el déficit de protección social, y se necesitan 4,3 billones de dólares al año –más dinero que nunca- para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)…”
Ya no nos basta con las retóricas, el discurso poético, las excusas o las estadísticas maquilladas. Queremos datos objetivos del índice de empobrecimiento que padece nuestra población, indicadores de aquellos sectores que sí están quedando atrás, indicadores de renta para los proyectos de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation europeos en los Planes de Acción Local y Autonómico para que las inversiones impulsen el reequilibrio territorial y la cohesión social, para reducir la brecha digital tanto en el ámbito poblacional como en el territorial, y queremos participar como sociedad civil y como movimiento vecinal en el diseño e implementación de aquellas políticas públicas que afecten directamente a nuestra Comunidad, a nuestros barrios y a nuestro medioambiente, porque, paradójicamente, parece ser que el reto de lucha de cambio climático o de la urgencia social se está inclinando, lenta y peligrosamente, al ámbito institucional y al sector empresarial y donde, precisamente, la sociedad civil y la participación ciudadana está quedando atrás.
