Siempre se suele decir que para apreciar algo en profundidad, para ponerlo en valor y establecer vínculos emocionales, primero hay que conocerlo. Se aprecian las culturas que son ajenas a nosotros, sus lenguas, sus diferentes costumbres y paisajes, y también las personas, cuánto más descubrimos sus secretos, sus necesidades, legado e historia.
Gracias al área del periódico que coordino desde hace años, he tenido la inmensa suerte de recorrer numerosos municipios de las comarcas valencianas, departir con sus alcaldes y alcaldesas y conocer -y por tanto, apreciar, y mucho- una realidad completa y compleja, repleta de retos diarios y siempre en constante transformación. He asistido a decenas de jornadas, ponencias y mesas redondas y, desde hace años, sean cap de comarca o pequeños municipios, hay una palabra que surge siempre, como un negro nubarrón en el horizonte, en las comarcas de interior: la temible despoblación. ¿Qué lleva a ella? ¿Como empezó todo? ¿Qué se puede hacer para atajarla? Y siempre surgen las mismas respuestas: empleo, infraestructuras de calidad y servicios públicos que garanticen que los vecinos de esos municipios puedan ejercer sus derechos - a la educación, sanidad, justicia y ocio- en las mismas condiciones que sus iguales que residen en las ciudades o municipios de la zona costera o más poblada de la C. Valenciana.
La decisión del Gobierno de trasladar a Alzira todos los casos de violencia machista del partido judicial de las comarcas de Costera y la Canal de Navarrés ha caído como un jarro de agua gélida no solo sobre el ayuntamiento setabense sino también sobre otras localidades y numerosos colectivos de lucha contra la violencia machista. No es para menos. Perder servicios y, especialmente, uno tan clamorosamente indispensable como éste no es únicamente un castigo a unas víctimas que estarán obligadas, con su dolor a cuestas, a desplazarse como puedan hasta Alzira (y con unas Cercanías que ya sabemos como están), sino que además ahonda en la herida sangrante de la despoblación. Menos servicios, menos población. Y esto es así.
Y todavía hay más. Esta decisión, además de fomentar un terrible desequilibrio entre los ciudadanos de un mismo territorio es un perfecto ejemplo del conocido mal trato -o maltrato, con un significado más violento y quizás más claro- de la administración pública para con sus ciudadanos. Que la decisión de suprimir el juzgado de violencia machista de Xàtiva se conozca pocos días antes del 25-N es irónico si no fuera insultante. Cada juzgado que se cierra y se aleja de sus ciudadanos; cada vez que hacemos más difícil la denuncia de una mujer a su agresor; cada vez que ponemos más trabas, solo gana uno: el que usa la violencia. A veces hasta la muerte.
