Los cambios propuestos por el gobierno acerca del delito de sedición, los ha argumentado Patxi López diciendo que con ellos se mejoraría la convivencia en Cataluña (el resto de España parece que no les inquieta). La comprensión y reconocimiento de los otros, el diálogo y la generosidad, son elementos imprescindibles para mejorar la convivencia. El problema que se da en este caso es que es evidente que todas las dádivas realizadas por el gobierno a los partidos independentistas que lo apoyan se han producido en momentos en los que se necesitaban sus votos para algo. Por ello, la afirmación de Patxi López, por desgracia, no es veraz. Habría sido totalmente cierta, si al comenzar a gobernar se hubiera buscado crear una comisión de diálogo en la que estuvieran representados todos los partidos, desde el gobierno a la oposición, y se hubieran llegado a consensuar las claves para una nueva transición en cuanto al modelo de funcionamiento de las Comunidades Autónomas (CCAA) –centralismo vs. federalismo-. Incluso si hubiera sido necesario hacer un referéndum nacional, si ello afectaba a la Constitución. En un acuerdo nacional en el que todas las partes apuestan por la convivencia y se comprometen a cumplir lo acordado, habría cabido hasta una amnistía ¿Por qué no, si se consigue con ello la paz, como en la transición?

Pero los independentistas deberían haberse comprometido a no volver a las andadas. El problema actual es que hoy no es así. Aunque se les ofrezca reducir, en su beneficio, desde la modificación de los conceptos y penas por sedición hasta la malversación y, después, quien sabe qué más entrará en el trueque, siguen en sus trece, diciendo que «han ganado algo, pero quieren más y lo volverán a hacer». No se ha mejorado la convivencia.

La historia del comercio en el que se pueden cambiar principios por intereses no ha concluido. Y el mal ejemplo que da el gobierno al modificar la ley a su antojo es el peor que se puede dar a toda la ciudadanía para lograr una convivencia en paz.

En cualquier ámbito democrático, desde los espacios más pequeños en que se aprende -las familias y las aulas- hasta los más amplios -la sociedad- es imprescindible que haya coherencia entre el planteamiento de las normas –leyes- y su aplicación. Y, en caso de observar que hay aspectos que no están bien regulados y que existen discrepancias, lo que hay que hacer es, por los procedimientos previamente establecidos, promover su cambio y realizarlo dentro de un diálogo democrático en el que participen todos.

Es lamentable observar que el gobierno es el primero en modificar las leyes según le convenga, e incluso acusar al poder judicial de que las interprete de forma interesada. Por ejemplo, si la ley del ‘sólo sí es sí’ tenía defectos y les fueron comunicados por jurídicos expertos, no parece de recibo que Irene Montero, siendo gobierno, se empecine en no reconocerlos. Reconocer el error es de sabios y no hacerlo, implica falta de conocimiento y exceso de autoritarismo.

En este teatro que estamos viviendo desde hace unos años con el gobierno de España, los que lo apoyan y la oposición, es necesario que se pregunten los implicados si con ello se le está haciendo bien a la ciudadanía o no, y si la mala educación democrática que se muestra con sus actos es algo que pasará factura a la sociedad, porque se aprende a partir de lo que se vive y se observa. Además, parece que no es sólo un problema de España, hasta en USA Trump, y en otros países otros populistas, han llegado a dudar de la legalidad y a saltársela, siendo ellos quienes gobiernan.

En nuestro país, llevamos ya demasiadas decisiones arbitrarias, negando el diálogo con la oposición ¿o es ésta la que lo evita? ¿quién sabe ya de quién es la culpa, solamente de uno, de los dos o de todos? En la sociedad, no hace falta ser un lince, para ver que incluso entre los jóvenes ya se va asumiendo como normal la anormalidad que vivimos y será un problema para el futuro de la sociedad, pues este sinsentido de falta de coherencia y respeto a las leyes, que además nos hemos dado en democracia, es uno de los principios básicos que se han observado a lo largo de la historia como signo de decadencia de cualquier civilización.

Esperemos que alguien ponga el sentido común encima de la mesa -actualmente en política el menos frecuente de los sentidos- y favorezca un diálogo integrador para conseguir CCAA que funcionen dentro de España orientadas por la justicia distributiva desde el gobierno central y en un marco indudable de justicia y equidad. Eso nos ayudaría a enseñar y a aprender lo que es legítimo y diferenciarlo de las arbitrariedades, fundamento del respecto democrático.