Gobierno de los jueces

Quienes vivimos el tránsito de la dictadura a la democracia fuimos ilusos en diversas cuestiones. Una de ellas, la del carácter cuasi angélico de la profesión judicial, que no solo aseguraba la probidad de sus ejercientes, sino que volvía irrelevante la filiación política de cada uno de ellos a la hora de dictar sentencia. Hoy, aun manteniendo el respeto cuasi supersticioso a las togas, ya sabemos que los jueces son humanos, que tienen ambiciones como el común de los mortales y que se dejan influir por la ideología, no solo en la formación de bloques de afinidad, sino también en sus relaciones con la política. Y también en las sentencias, como se observa en los tribunales colegiados.

A muchos nos invade un estupor rayano en la indignación cada vez que surge con naturalidad una noticia en la que se informa de que fulano de tal ha sido absuelto (o condenado) por un tribunal colegiado aunque no por unanimidad. En estos casos, se advierte en un porcentaje muy alto de casos la fractura ideológica ya que surgen los bloques. Muchos no podemos llegar a entender que el bien o el mal estén radicalmente en manos de la derecha o de la izquierda (o viceversa). Y nos desconcertemos al pensar que tal o cual sentencia podía haber sido la inversa de haber contado el reo con un tribunal distinto.

Sentado esto, no es posible sostener, en un régimen democrático de cooperación de poderes como el nuestro y los del entorno, que el ideal es un poder judicial autodeterminado, elegido por sus propios integrantes. Eso sería magnífico si los jueces cumplieran la utopía de ser políticamente neutros, o si la ideología no influyera en las conductas. Pero en este país los propios jueces afirman, y la observación de las asociaciones judiciales confirma, que la mayoría es conservadora. Con estas evidencias, el numantinismo demostrado por el sector conservador de la judicatura hace impensable ceder a su deseo de que «los jueces elijan a los jueces» por una razón muy obvia: los órganos colegiados del poder judicial no tienen que ajustarse al abanico ideológico de la judicatura, sino al abanico ideológico del país en su conjunto. Y ese abanico evoluciona con el tiempo, a un ritmo distinto del anterior.

Dicho más claramente, del mismo modo que hay una relación directa entre la sociedad, el Parlamento y el poder ejecutivo, es exigible un acompasamiento periódico entre la sociedad y el poder judicial. Y no hay mejor modo de lograrlo que eligiendo los jueces a sus candidatos y designando los parlamentarios a los cargos institucionales de la judicatura y del Constitucional. Como ahora pero con mayor altura y más rigor en el cumplimiento escrupuloso de las reglas.

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