El pacto Cuca/Bolaños, un intento de perpetuar 44 años de discriminación

Cuca Gamarra y Félix Bolaños se reunieron el pasado miércoles 25 de enero en el Congreso para decir a las Corts Valencianes que han pactado que la reforma constitucional para eliminar el despectivo término «disminuido» del artículo 49 no podrá ser utilizada para conseguir también la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Pero la partida no ha acabado, dado el largo trámite parlamentario del procedimiento de reforma constitucional previsto en el art. 167, sobre todo, a la vista de en un parlamento tan fragmentado como el actual.

Ambos nos niegan utilizar el legítimo trámite parlamentario para -«por economía procesal»- corregir una discriminación consentida por muchos lideres socialistas y del PP durante décadas, pese a preverlo la redacción original del Estatuto de 1982, y la versión reformada en el año 2006, y que fijó el Derecho civil propio, como eje del autogobierno.

Modestamente, queremos aclarar a Feijóo y Sánchez, que los valencianos hemos colaborado en facilitar la aprobación de la reforma del artículo 49 de muchas formas, y sobre todo con el consentimiento previó de CERMI, los representantes de las personas con discapacidad, que en carta dirigida por su presidente Luis Cayo al de les Corts el pasado mayo dijo que la recuperación del derecho civil valenciano, y la reforma del art. 49 «representan un bien incuestionable para nuestra vida política y para la extensión y profundización de nuestra democracia».

Como nos pidió un destacado dirigente del PP, al que no le parecía bastante la carta de CERMI, conseguimos el compromiso de ERC y de Podemos de no incluir otras cuestiones durante la tramitación del artículo 49; en paralelo el PSPV, el PPCV, Compromís y Podem recordaron en Corts al Congreso, el 29 de junio pasado, que desde febrero del año 2020 no había avanzado la reforma, y que por tanto solicitaban la tramitación conjunta de la recuperación de la capacidad legislativa civil valenciana vía enmienda a la justa reivindicación de las personas con discapacidades.

Tras el análisis personal de la reunión celebrada el miércoles en el Congreso, que anteayer fue mas que nunca la casa de todos los españoles (excepto la de los valencianos), parece que el PP sector centralista ha logrado su criterio de reformar exclusivamente la regulación de la discapacidad, y ha impuesto al PSOE, un pacto «a fuego» para garantizar que no se introduzcan ninguna enmienda, en palabras de Cuca Gamarra «para evitar que lo aprovechen otras reivindicaciones», en realidad, ante la imposibilidad de aprobar enmiendas del PNV o Ciudadanos por ser contrarias al Estado Autonómico, este pacto sólo se aplicará contra los valencianos.

Creo sinceramente que Alberto Núñez Feijóo desconoce la gravedad de la cuestión, porque los diputados en el Congreso y la dirección regional no se han preocupado de trasladar la relevancia de este tema identitario, como probablemente tampoco otras cuestiones esenciales para los valencianos. Así que en caso de gobernar el PP tras las elecciones generales, ya veremos lo que ocurre con la infrafinanciación.

Lo del ninguneo al president Puig es también de una gravedad extrema. Tras 7 años de autogobierno recortado con lo que conlleva de eliminación de derechos civiles en materia vinculadas al matrimonio (régimen económico de separación de bienes) -custodia compartida, uniones de hecho o incluso mantenimiento de puestos de trabajo vinculados a la pervivencia de la empresa familiar- si les Corts regularan normas modernas para la transmisión sucesorio de este tipo de empresas esenciales para nuestra economía.

Compromís y Podem tienen que recordarle a Puig que firmaron un pacto para gobernar la Comunitat Valenciana, que en su punto 6-7 deja clarito su compromiso político a apoyar la reforma constitucional. Mal está que no consigan que avance, pero votar en contra de la reforma constitucional es un ataque total contra la defensa del autogobierno. Ximo Puig debería ser mimado por Moncloa al ser el presidente socialista de la comunidad autónoma mas relevante que controla el PSOE, pero el enemigo parece que lo tiene en casa.

Estamos a tiempo de revertir este grave ataque a una seña de identidad valenciana, así que desde Juristes Valencians solicitamos una explicación de las gestiones realizadas para defender nuestro Estatuto en este tema al president Puig y al presidente del PPCV, Carlos Mazón, y sobre todo, lo que van a hacer para que en la Comisión Constitucional consigamos que se vote favorablemente la enmienda, que calca la propuesta de recuperación efectiva del Derecho Civil presentada en el Congreso hace casi 3 años.

Si no defienden nuestro autogobierno antes sus jefes parece evidente que no pueden contar con el respaldo de la sociedad por ineficaces en la defensa de intereses generales de los valencianos. Los valencianos hemos trabajado, hemos persistido, pero ya no podemos esperar más tiempo, señores Puig y Mazón, tienen que cumplir sus promesas ahora.