Opinión | ágora
Gerardo Roger Fernández
Viena, ejemplo de vivienda social
En este 2023 se cumple el centenario del inicio de la construcción del paradigmático Parque Público de Viviendas acometido por el Ayuntamiento de Viena.
Con el nacimiento de la República de Austria tras la desmembración del Imperio austrohúngaro como resultado la Primera Guerra Mundial, en 1923 el Ayuntamiento de Viena decidió iniciar la construcción de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social promoviendo 25.000 viviendas, financiándose con impuestos a los bienes de lujo, llegando a alcanzar las 60.000 unidades en 1934.
Tras el lamentable período 1938-1945 de integración con la Alemania nazi, se retomó el Programa de Vivienda Pública construyéndose 50.000 viviendas más hasta 1956.
El ejemplo más representativo de estas promociones es el denominado «Karl Marx Hof» constitutiva de 1.270 viviendas de 1-2 dormitorios que pivotan sobre patios ajardinados comunitarios (hof), de elevada calidad arquitectónica y cuya relevancia y utilidad pública y social aún se mantiene en nuestros días.
En la actualidad, Viena (1,9 millones de habitantes) dispone de un parque público de 220.000 viviendas con precios de renta mensual del orden de 5 €/m2 destinadas a las clases medias y trabajadoras y jóvenes profesionales.
Este programa público se complementa con otro de promoción y titularidad privada de «Viviendas Subsidiadas» (con ayudas públicas) que en la actualidad alcanzan otras tantas viviendas, conformando un tipo de vivienda social para el que todas las actuaciones urbanizadoras de relevancia (las que superen las 150 viviendas) deberán prever 2/3 de las mismas con destino al alquiler con precios subsidiados del orden de los 7 €/m2.
Recuérdese que, en las ciudades españolas, grandes y medias, el precio del alquiler mensual oscila alrededor de los 18 €/m2.
En consecuencia, el actual parque público y privado de «Viviendas Sociales» en Viena alcanza un contingente de 450.000 viviendas aprox. en régimen de alquiler asequible, lo que comporta que más del 60 % de los vieneses viven en viviendas de alquiler asequible. Obviamente, este relevante contingente de viviendas viene a atemperar los procesos especulativos derivados del mercado de las viviendas de renta libre y también a paliar los indeseables procesos de gentrificación urbana. Esperemos que el riesgo que viene derivándose del actual aumento político de la ultraderecha, expresamente contraria a la intervención pública, comprometa la centenaria tradición llevada a cabo.
Obviamente la experiencia vienesa, en términos generales, es trasladable a la política española en materia de vivienda y, más aún, cuando la situación del acceso a la misma en nuestro país se manifiesta absolutamente perentoria y requiere una solución satisfactoria de carácter inmediato.
De hecho, las viviendas públicas en alquiler social vienesas son equiparables a las innovadoras y recientes Viviendas Dotacionales a promover por la Administración en suelos de uso y dominio públicos de obtención gratuita por los ayuntamientos, suelos calificados en gran cantidad como equipamientos sociales por el planeamiento urbanístico en las ciudades medias y grandes, cuya localización urbana es idónea para evitar la segregación social del espacio e impedir la gentrificación, pues responden a las demandas dotacionales de los vecinos a ubicarse en proximidad a sus residencias.
Asimismo, las Viviendas Subsidiadas vienesas vienen a equivaler a las de Protección Pública españolas, las tradicionales VPP de precio tasado, siendo de titularidad pública aquellas derivadas del deber de participación de la Administración en las plusvalías que genera el planeamiento, y siendo de titularidad privada aquellas otras calificadas por el planeamiento como VPP en suelos de particulares.
Consecuentemente, nada impide sino que resulta socialmente exigible, que los poderes públicos acometan de una vez por todas, una política decidida y expansiva de promoción de viviendas sociales a largo plazo que atienda tanto (y sobre todo) a las de titularidad pública, las dotacionales demaniales y las VPP públicas, como a las VPP de titularidad del sector privado, aplicando para ello todos los recursos públicos disponibles, así como aquellas medidas posibles de colaboración público-privada ya conocidas, a saber, las modalidades del derecho de superficie y del pago en obra, o la más novedosa consistente en la constitución de complejos inmobiliarios de carácter urbanístico.
No es tolerable seguir manteniendo una situación social tan perjudicial cuando se dispone de los medios legales y económicos para resolverlo y «lo único que falta» es voluntad política y una mínima pero eficaz capacidad de gestión pública. No es comprensible que lo que se viene desarrollando en los países de nuestro entorno desde hace un siglo no se realice en nuestro país.
Pónganse a ello, por favor, que el tiempo pasa y la comprometida situación de la vivienda ya no puede esperar más.
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