Las sinrazones políticas contra el derecho civil valenciano

Mañana se votará en el Congreso de los Diputados la reforma constitucional del art. 49 para sustituir la palabra «disminuidos» por personas con discapacidad. Una aspiración de justicia a la que nadie puede oponerse y que, sin embargo, ha tardado algún año en concitar el acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas, sin cuyo concurso no cabe ninguna reforma constitucional.

Más años lleva todavía esperando la propuesta de reforma de la Disposición Adicional Segunda formulada por las Cortes Valencianas, que daría plena cobertura constitucional al Derecho Civil Valenciano y cuenta con un amplio consenso político entre los partidos autonómicos y un enorme respaldo institucional y social de la sociedad civil, y que sin embargo nunca ha llegado a ser tramitada y votada en el Congreso.

La Associació de Juristes Valencians, a la que pertenezco, se ha batido el cobre para unificar ambas reformas, a lo que inexplicablemente se oponen en el ámbito nacional los mismos dos grandes partidos que la han llevado adelante en el autonómico. Es una contradicción que no extrañaría en nuestro actual contexto político, tan dado a estrategias cortoplacistas que desdicen hoy lo que afirmaron ayer, si no fuera por la clara desproporción en la balanza del coste/beneficio para PP y PSOE.

¿Qué gana el PSOE oponiéndose a la reforma? Sinceramente, no alcanzo a verlo. Máxime cuando nuestro socialismo parece haber descubierto, como prenda de su modernidad, el constitucionalismo nominal del siglo XIX: es constitucional lo que ellos han decidido que lo sea, de modo que la Constitución ha dejado de regir el proceso real del poder. No les importa romper las costuras del texto, del espíritu y del pacto constituyente con leyes como la de la Amnistía, que era inconstitucional hasta que les convino que no lo fuera, o con la cesión o traspaso de competencias de extranjería que afectan a funciones vinculadas con la soberanía de Estado y que todavía no saben cuáles son, o con el reconocimiento de los Derechos Históricos de Cataluña, que manifiestamente están fuera de La Disposición Adicional Primera. Pero, sin embargo, se vuelven exquisitos para modificar la Segunda, que redelimitando el concepto de foralidad civil del art. 149.1.8º CE, la extiende a la recuperación y actualización del Derecho Privado Histórico, de conformidad con los valores y principios constitucionales. O sea: están abiertos a cargarse el régimen local en Cataluña, por ejemplo, pero se niegan a que gran parte de su Derecho Civil ya legislado, y el de otras comunidades, tenga pleno anclaje constitucional, y que de paso Valencia pueda legislar en materia de Derecho de Familia y Sucesiones.

Lo del Partido Popular, infinitamente más torpe que la izquierda en el marketing político y la agitación y propaganda, es de aurora boreal. Pierde la oportunidad de dar pleno contenido político a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 que él impulsó. Pierde la oportunidad de poder rescatar las leyes sobre régimen económico matrimonial, parejas de hecho y custodia compartida, que elaboró y aprobó en la Comunidad. Pierde la oportunidad de aparecer como dispuesto a grandes pactos constitucionales cuando el PSOE se centra. Pierde la oportunidad de desmarcarse de Vox, por la sencilla razón de que Vox no quiere sumarse a este carro, ni siquiera echando mano de su vetusta tradición carlista, si es que la tiene.

Deja que una propuesta claramente transversal y consensuada en la Comunidad, respecto de la que ha tenido una clara iniciativa, sea presentada en Madrid por un partido nacionalista y de izquierdas (Compromís). Y finalmente, parece que puede votar en contra de que se apruebe o incluso que se tramite; no sé si es ésta la convergencia que quiere con el PSOE, que hará lo mismo.

Es lo que hay.