Opinión

Memoria democrática: miedo a la verdad

Resulta difícil permanecer callado ante la brutalidad y el desprecio con que la extrema derecha y la derecha de nuestro país tratan la memoria y el dolor de las víctimas olvidadas de la Guerra Civil y del franquismo. Lo vemos cada día y lo seguiremos viendo, lamentablemente, con el rosario de derogaciones de leyes de la memoria por los parlamentos autonómicos gobernados por esa coalición del miedo, que trata de enterrar de nuevo la verdad y el dolor de miles de víctimas olvidadas, con actitudes prepotentes, de crispación y de odio; porque ni tan siquiera soportan que estas les miren a los ojos, aunque sea desde una foto esgrimida valientemente por sus familiares y defensores. Por eso rompen esas fotos; por eso niegan el acceso de las víctimas a los tribunales, por eso nunca les han mirado a la cara y les condenan siempre al olvido.

Pero quién se acerca y escucha a las víctimas, hace suyas al momento, las palabras de José María RUIZ-HUERTAS, catedrático emérito de Psicología de la Memoria, cuando señala que “para las víctimas, recuperar públicamente su memoria de dolor, es recuperar la vida. Porque sin memoria no hay vida; no hay pasado, presente ni futuro, porque la memoria es la vida”. Por eso, reivindicar la memoria democrática y la dignidad de todas las víctimas, como hacen las leyes que ahora se derogan, es por supuesto, exigir verdad, justicia y reparación; pero sobre todo es reivindicar la vida y proclamar la dignidad de cada ser humano abatido o herido por el terror. Por el contrario, todo memoricidio es siempre reflejo de una cultura del odio y la negación de la vida.

Por eso, pienso que detrás de ese negacionismo, de esa ocultación permanente de la verdad y de ese amordazamiento de la memoria de las víctimas de los crímenes contra la humanidad del franquismo, quizá solo existe miedo a mirar a los ojos de los otros, miedo a mirarse cara a cara con las víctimas y aceptar que todas las víctimas son iguales y que su dolor no admite diferencias de consideración en función de la ideología o indumentaria del victimario, sea un uniforme militar, un antifaz o una boina negra. En definitiva, es un miedo a la verdad; miedo a una verdad que les desnude política e ideológicamente. No les preocupa perder la impunidad judicial; saben que la tienen garantizada. Pero otra cosa es la impunidad memorial. Esa sí que les da miedo perderla, porque se quedarían sin su propia razón de ser. Por eso se parapetan en la cultura del odio y de la muerte frente a la vida. “Soy el novio de la muerte”, cantan a pleno pulmón, cuando los soldados de la Legión elevan al Cristo clavado en la cruz

Y si algo necesitamos en este país es precisamente eso, mirar a los ojos de los otros. La periodista Olga Rodríguez lo formula con palabras preciosas: “es preciso entender lo básico en la resolución de conflictos: que en la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca”. Necesitamos encontrarnos, sentarnos a dialogar; pero desde la cercanía con el dolor de tantas víctimas olvidadas. Necesitamos una cultura de la amistad cívica y de la vida, como también nos recuerda Adela Cortina. Y por eso, necesitamos que las víctimas olvidadas y sus descendientes sean públicamente escuchadas. Porque la dignidad se recupera con el ejercicio público de la palabra; lo que además es instrumento de sanación y reparación popular. “Dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”, nos recuerda el filósofo alemán Adorno.

Y si alguna esperanza había de que las víctimas del franquismo fueran escuchadas en los tribunales con la nueva Ley Estatal de Memoria Democrática, el reciente Auto del Tribunal Constitucional rechazando la admisión de un recurso de un represaliado por la dictadura, ha cerrado la puerta de forma definitiva a que los tribunales de nuestro país investiguen en vía penal los crímenes contra la humanidad del franquismo. Curiosamente, no se alzan voces en la derecha política contra esta decisión de un TC de mayoría progresista. Y tampoco el rigor de los votos particulares de dos magistrados (Saez y Balaguer), es un gran consuelo, aunque las palabras de la Magistrada Balaguer deberían figurar en todas las Salas de Justicia del país: “los tribunales deberían atender al menos a las peticiones de las víctimas de reflexionar y escuchar a las víctimas para darles una respuesta completa, profunda y adecuada, algo que también supone una forma de reparación y de hacer justicia”.

Pero la mayor parte del TC, insensible a tan preciosa reflexión de su colega y saltándose una vez más a la torera el derecho internacional humanitario (art.10.2 de la CE), se limita a señalar que sigue valiendo lo que ya dijeron hace varios años en el caso de Gerardo Iglesias (prescripción, amnistía e irretroactividad de la ley penal), y remata la faena con un argumento que habrá hecho temblar al Profesor Javier Pérez Royo, quién hace unos días dedicaba unas útiles lecciones de derecho constitucional a los fiscales del Tribunal Supremo, y les recordaba que “la independencia del juez nace de su sumisión al imperio de la ley”: “La Ley de memoria democrática -dice el Auto- no sustituye al Tribunal Constitucional en la interpretación de los derechos fundamentales”.

Vivimos tiempos difíciles en la lucha por la verdad, justicia y reparación de las víctimas olvidadas de la Guerra de España y el franquismo; pero tampoco es tiempo para la desesperanza. Existen instrumentos jurídicos que deben ser utilizados con rigor y firmeza en todas las Comunidades que deroguen sus leyes de memoria democrática y también en todo el país, para garantizar los derechos humanos de quienes siguen esperando justicia frente a los crímenes contra la humanidad del franquismo; más allá de los recursos que se anuncian ante un Tribunal Constitucional del que cabe esperar muy poco. En primer lugar, la aplicación directa y rigurosa de la Ley de Memoria Democrática (ley 20/2022) en todas aquellas comunidades que deroguen leyes autonómicas similares, con la previsión presupuestaria necesaria. Recordemos que esta ley viene a establecer una previsión de mínimos que garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos, sin menoscabar la regulación autonómica existente en el ámbito de sus competencias; y que además, constituye el derecho supletorio en materia de memoria democrática. Y la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática deberá velar por la garantía de esa igualdad.

Por otra parte, resulta necesario utilizar la habilitación legal que la ley de memoria democrática establece a favor del gobierno del Estado, para desarrollar aquellos aspectos de la ley que propicien el protagonismo de las víctimas en el proceso de recuperación de la memoria y la convivencia democráticas, con más razón ahora que se cierra el acceso de las víctimas a los tribunales. Así, reconocido de forma expresa y tajante por la Ley el derecho a la verdad de las víctimas, la satisfacción de ese derecho cabe contemplarla, por cualquiera de los mecanismos extrajudiciales comunes desde la perspectiva de los estándares internacionales, destacando entre ellos la creación de una Comisión de la Verdad con proyección psicosocial. Un Decreto del Gobierno podría crear este espacio, para dar satisfacción al derecho a la verdad de todas las víctimas, en el objetivo ineludible de fomentar la conciliación, la convivencia democrática y el encuentro restaurativo de una sociedad fracturada por el dolor y el olvido en toda su dimensión transgeneracional, para que las diferencias de cualquier tipo nunca más se pretendan resolver con el discurso del odio, la venganza y el uso de la violencia. El momento es hoy. El momento es ahora.