La financiación de Cataluña, ¿y las demás comunidades?

El acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del sistema de financiación de las comunidades de régimen común y pase a financiarse mediante un concierto solidario ha recibido el apoyo del Gobierno de España y la contestación de la práctica totalidad de los gobiernos de las comunidades, excepto las forales.

No es sorprendente esa diferencia de puntos de vista, y no solo porque los partidos que nos gobiernan encuentran en este asunto un terreno abonado para sostener el permanente estado de confrontación que padecemos desde hace un decenio. Lo es también porque, objetivamente, las comunidades que seguirán siendo de régimen común se enfrentarán a un escenario más incierto cuando se produzca la salida de Cataluña del sistema vigente desde 2009. En primer lugar, porque solamente han recibido la callada por respuesta cuando han preguntado al Gobierno sobre sus intenciones acerca de la reforma de un sistema disfuncional, que lleva diez años prorrogado. Ahora se tendrá que reformar y el documento acordado en Cataluña supondrá cambios de gran alcance para el resto, aunque es intencionadamente vago y nada ha trascendido de cómo se concretarán sus consecuencias para las demás comunidades.

Conocemos del acuerdo que Cataluña se dirige hacia una posición en la que, como las comunidades forales, asumirá competencias de gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos pagados en su territorio y que ahora gestiona la AEAT. El objetivo parece doble: visibilizar la responsabilidad fiscal y la importancia de la Generalitat ante los contribuyentes, y otorgarle instrumentos potentes para relacionarse con el Estado. La transferencia a la Generalitat de las competencias fiscales de la manera que se plantea es una opción comprensible para quienes, desde una visión confederal de España, contemplan las funciones del Estado en Cataluña como subsidiarias. Pero no para quienes las contemplamos desde un federalismo cooperativo, en las que el Estado también desempeña funciones fundamentales y complementarias en las comunidades. Desde este segundo punto de vista, lo positivo sería crear un consorcio para la administración tributaria -como proponía la Comisión de Expertos en 2017-, con una cogobernanza de ambos niveles de gobierno que facilitara compartir información y la cooperación con los demás territorios.

Lo que se propone se parece más a la situación actual, pero al revés. Ahora se concentra la gestión, injustificadamente, en una AEAT que solo gobierna el Estado a pesar de su importancia para las comunidades. Los inconvenientes de ese modelo son conocidos y, por razones similares, darle la vuelta a la tortilla ofrecerá ejemplos del mismo tipo, en la dirección opuesta: será más difícil el aprovechamiento de economías de escala y la transparencia en materias muy importantes, como el cálculo de la capacidad fiscal, el cupo por los servicios que presta el Estado, la contribución a la solidaridad, la lucha contra el fraude, etc. Por lo tanto, optar por un modelo similar al actual, pero a la inversa, no mejorará las cosas.

El otro asunto clave es el del reparto entre la Generalitat y el Estado de los ingresos fiscales recaudados en Cataluña. Como actualmente cuenta con unos recursos por habitante ajustado iguales a la media, es obvio que su objetivo es situarse por encima de ella, y el argumento fundamental es que en capacidad fiscal lo está. La propuesta tiene dos partes. La primera, similar a la del régimen foral, contempla un cupo para financiar las cargas generales del Estado, sin más indicación que decir que se hará teniendo en cuenta el peso de la recaudación de Cataluña. La segunda añade un compromiso que en las comunidades forales no existe: contribuir a la solidaridad interterritorial.

Sin embargo, ese compromiso de solidaridad propuesto es muy vago en cuanto a su alcance, pues se evita precisar si el objetivo de nivelación de recursos entre comunidades para prestar los servicios que tienen encomendados es total o parcial. Lo que sí que se precisa es que el compromiso tiene un límite: respetar un criterio de ordinalidad, es decir, impedir que Cataluña tenga unos recursos por habitante inferiores a otras comunidades con menor capacidad fiscal. Esta situación se da en el sistema de financiación actual y no tiene sentido, pero se puede evitar de varias formas. Una sería garantizando a todas las comunidades los mismos recursos por habitante, o por habitante ajustado. Otra, manteniendo diferencias entre comunidades, pero concentrando las posiciones de privilegio en las ricas en lugar de, como ahora sucede, en las favorecidas por el statu quo (la cláusula que garantiza a algunas CC AA sus ventajas históricas en recursos cuando se modifica el sistema de financiación). Si la concreción final de lo pactado entre PSC y ERC amplia la actual ventaja financiera de las comunidades forales (ricas) a Cataluña, avanzará un modelo de descentralización distinto del contemplado en la Constitución, cuyo texto aspira a que el domicilio no implique privilegios en el acceso a los servicios públicos de unos ciudadanos frente a otros.

Lo preocupante en esta coyuntura desde la perspectiva valenciana -y también de otras comunidades autónomas que cuentan con menos recursos que Cataluña- es la asimetría en las sensibilidades del Gobierno de España. Si hablamos de empatía y de solidaridad, es clamoroso el contraste entre la falta de respuesta a las reiteradas y bien fundamentadas reclamaciones valencianas desde hace muchos años, y los compromisos hechos públicos para abordar el conflicto político existente en Cataluña. Es inevitable sacar la conclusión de que no son razones de equidad interterritorial las que mueven las iniciativas para mejorar el encaje de una España federal. Si así fuera, hace tiempo que la revisión del sistema de financiación actual estaría encarrilada en una dirección que corrigiera las graves injusticias que padecemos desde hace décadas. Y para poder creer que va a ser distinto ahora urgen las concreciones sobre cómo se tiene previsto modificar, de una vez, un sistema de financiación que hace aguas desde hace años.