¿Es posible una política de reactivación de la industria valenciana?

La política industrial valenciana ha repetido al menos desde el último tercio del siglo pasado su aspiración a cambiar el modelo productivo. Sin embargo, los diversos intentos acometidos se han quedado en simples palabras o en aspiraciones frustradas. Independientemente de la voluntad política, los cambios en el tejido productivo valenciano se han ido operando, pero más bien de manera espontánea: se ha operado una desindustrialización. Esta ha tenido como fenómenos más llamativos el desmontaje de empresas de gran tamaño, la deslocalizaron en el extranjero (China) de actividades productivas y el aumento en el tamaño del sector servicios, con una caída en la productividad y una debilidad en la creación de empleo, así como en la precarización en este.

En la última década el gobierno valenciano trató de acometer los retos de esta debilidad económica a través de la aprobación de varias estrategias de política industrial. Sin embargo, estas iniciativas políticas aparentaban más ser una respuesta formal a presiones administrativas, como, por ejemplo, la pretensión de conseguir financiación procedente de la Unión Europea. Estas políticas consistían más bien en unas descripciones de la industria valenciana, apuntando unos objetivos genéricos y con la ausencia de una estrategia clara de reindustrialización. En definitiva, estas iniciativas no tenían, en la realidad una vocación de cambio y presentaban más bien una actitud contemplativa.

Recientemente el gobierno valenciano ha aprobado la ‘Estrategia de reindustrialización de la Comunidad Valenciana, 2024-2028’. Esta política pretende acometer de una manera renovada e innovadora el problema de la dinamización de la industria valenciana. En esta se platea un diagnóstico de la industria valenciana, donde destacan los retos por sectores económicos. A continuación, se establecen unos objetivos a alcanzar (generales y más concretos). Posteriormente, se establecen líneas de intervención a través de la que se agrupan acciones de política económica.

El nuevo programa de política industrial se asemeja bastante al anterior (el vigente hasta 2023). Cabe señalar que, en lugar de distinguir 6 líneas de intervención, señala 9, al tiempo que amplia de 15 a 20 los sectores económicos de referencia. Por un lado, dentro de los sectores económicos señalados se repiten los apuntados en el programa anterior, pero añadiendo, el de aeroespacial, biotecnología, cosmética, microchips y audiovisual. En cuanto a las líneas de intervención, cabe señalar como nuevas y más significativas las relacionadas con suelo industrial y simplificación administrativa. En este caso, se subrayan dos ámbitos problemáticos detectados con anterioridad, pero sobre los que no se incidía y, ahora, han pasado a la agenda del gobierno.

Un primer problema que se suscita es que quedan difuminadas las prioridades de actuación, cuestión que oscurece la propia acción de gobierno. Esto requerirá de un desarrollo ulterior si es que se pretende que sea operativo el programa. A pesar de que existe una sección destinada a explican la programación, queda pendiente si existen motores o elementos básicos sobre los que actuar que pudiesen ayudar en el cumplimiento de los objetivos del programa, es decir, se requeriría establecer una prelación entre las líneas de intervención. En este contexto, se requeriría establecer una estrategia complementaria de atracción de grandes proyectos (con participación extranjera) que contribuyan a cambiar el modelo productivo. Por tanto, queda pendiente, por tanto, establecer una causalidad en la estrategia de política industrial, es decir, no solo exponer qué hacer, sino cómo hacerlo.

Un segundo problema consiste en la excesiva concentración de atención en las tecnologías avanzadas, tal como se deriva de la ampliación en el número de sectores económicos contemplados por el programa. No debe olvidarse que las tecnologías medias, como por ejemplo las vinculadas al sector de cosmética, pueden ser una fuente de actividad nada despreciable en la que la Comunidad Valenciana, que posee ventajas comparativas respecto al exterior, al tiempo que goza de una fuerte competitividad.

En tercer límite es el reducido alcance temporal. Dado que el programa se ha amparado en una amplia discusión con los agentes sociales, sí podría haber extendido su horizonte de visión, hasta por ejemplo, diez años, constituyéndose en un plan estratégico global.

No obstante, utilizando este programa hasta 2028, aún se está a tiempo de diseñar otro hasta, por ejemplo, 2035. Este programa de perspectiva, algo así como dibujar qué queremos ser los valencianos «cuando seamos mayores», poseería la ventaja, si se consigue la adhesión de los agentes sociales, que podría ofrecer un horizonte de estabilidad más allá de las contiendas electorales.