Opinión
Una tragedia que necesita respuesta
La tragedia de Valencia, ya que no ha podido evitarse, tiene que servir para que las políticas públicas no queden al albur de batallas culturales o de partido. Para que se depuren no sólo responsabilidades, sino por encima de todo procedimientos
Más de noventa muertos, una cifra que desgraciadamente irá creciendo porque anoche los desaparecidos se contaban por decenas. Comarcas enteras anegadas que recibieron precipitaciones de hasta 500 litros por metro cuadrado. Numerosos pueblos y pedanías arrasados. Las comunicaciones cortadas, el suministro eléctrico también. Es el primer balance de la DANA que descargó sobre Valencia el martes y que se ha convertido en la mayor catástrofe natural sufrida en lo que llevamos de siglo en España y una de las peores de las que constan en los registros.
La Comunitat Valenciana, por su situación geográfica y su orografía, es territorio endémico para episodios de lluvias torrenciales, antes conocidos como “gotas frías”. Aunque su evolución siempre es difícil de determinar, el riesgo extremo que comportan sí es predecible y los científicos que trabajan en este campo, tanto en organismos oficiales como académicos, han perfeccionado de forma muy notable su seguimiento. El cambio climático que padecemos ha hecho que este tipo de fenómenos, cuando ocurren, se concentren cada vez en menos horas con una intensidad mayor. El Mediterráneo, la temperatura de cuyas aguas lleva años aumentando, actúa como potenciador. Las malas decisiones urbanísticas y de infraestructuras adoptadas durante décadas multiplican la devastación.
Todo lo anterior, sin embargo, no debe interpretarse como una especie de maldición secular de la que la Comunitat Valenciana no puede escapar. Las víctimas mortales, los damnificados que se van a contar por cientos de miles, la quiebra en sus cuentas que va a suponer para muchas familias y el agujero que se da por descontado en la economía valenciana, todo eso, exige respuestas suficientes y asunción de responsabilidades por parte de los Gobiernos, empezando por el que preside Carlos Mazón, así como planes de actuación y compromisos claros que sirvan para no dejar en el desamparo a los afectados ahora y para limitar en el futuro los efectos de estos desastres.
La alerta roja
Un día después de que se abatiera sobre Valencia la calamidad, se extiende la percepción de que la gravedad de la situación en la que estábamos no se midió correctamente y la actuación de los servicios de emergencias adoleció, como mínimo, de descoordinación. A pesar de los avisos reiterados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que a las 7 de la mañana del martes ya había decretado la alerta roja, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que a mediodía informaba de desbordamientos en algunos barrancos, y de alcaldes que desde bien temprano estaban manifestando su preocupación por el caudal que se apreciaba en los cauces, lo cierto es que el Centro de Coordinación Operativa Integrado no fue convocado hasta las cuatro de la tarde y que Protección Civil, que depende de la Generalitat, no activó hasta pasadas las ocho de la noche, más tarde aún en muchas poblaciones, el sistema de alerta en los móviles para informar a la población de un peligro altísimo. En ese momento, miles de personas ya habían quedado atrapadas por el temporal, que llevaba varias horas descargando.
Lo más urgente ahora sigue siendo rescatar a las víctimas, localizar a los desaparecidos y atender a los afectados, muchos de los cuales han perdido su hogar y todas sus pertenencias. Será necesario para ello la colaboración de todas las administraciones, con independencia del color que las gobierne. Pero una vez cumplido ese deber prioritario, es necesario establecer qué pasó, determinar si hubo fallos y aclarar por qué. La tragedia de Valencia, ya que no ha podido evitarse, tiene que servir para que las políticas públicas no queden al albur de batallas culturales o de partido. Para que se depuren no sólo responsabilidades, sino por encima de todo procedimientos. Para que se aclaren las competencias en un Estado que no ha sido capaz en casi medio siglo de crear los mecanismos adecuados para coordinar de forma efectiva a las distintas autoridades. Y para idear sistemas, acordes con los avances tecnológicos, que protejan mejor a las personas, antes de que los siniestros ocurran, y garanticen la fluidez de las ayudas si la debacle se produce. Porque en la memoria de esta Comunitat se acumulan demasiadas pantanadas y es hora de que la lucha contra sus consecuencias se convierta en una prioridad.
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