¿Es suficiente el plan de choque del gobierno valenciano?

El martes se inició una tragedia en la Comunitat Valenciana, cuyos efectos aún tardará cierto tiempo en poder evaluarse con propiedad. La Generalitat Valenciana va a aprobar, previsiblemente, un primer bloque presupuestario de 250 millones de euros para ayuda a los damnificados por los efectos del DANA. En términos escuetos, vale la pena destacar tres aspectos. En primer lugar, la simplicidad administrativa con la que se pretende que los perjudicados accedan a las ayudas, en segundo lugar, el volumen de hasta 6000 euros a percibir por afectado y, en tercer lugar, se contempla un apoyo específico a la reconstrucción de infraestructuras.

Independientemente de la rapidez con la que se pretende poner en práctica este conjunto de medidas, la envergadura de los problemas exige, al menos posteriormente, pero con relativa inmediatez, el establecimiento de un programa global de reconstrucción de la Comunidad Valenciana. El programa debería dispone, al menos, de cuatro grandes líneas de acción en política económica y social. En primer lugar, una encaminada a la población damnificada en general. Parte de esta orientación está siendo reconocida por el gobierno valenciano a través de los apoyos financieros a la recomposición mobiliaria. Una mención aparte requerirá el conjunto de auxilios para la adquisición y reparación de vehículos. En segundo lugar, una línea específica de política económica exige tener presente el soporte a la actividad productiva. Parte de las zonas afectadas son muy industriales (destrucción de polígonos industriales), pero además contenían muchos negocios (autónomos y pymes), que se han visto muy dañadas. En tercer lugar, se encuentra el apoyo a la reconstrucción de infraestructuras, aspecto que inicialmente se ha reconocido en las primeras medidas que pretende adoptar el gobierno valenciano. Esto supone establecer una acción coordinada por el gobierno valenciano, donde se incluya a entidades de ámbito del estado central (ferrocarriles, carreteras, etc.). En cuarto lugar, aparecen las intervenciones que se agruparían bajo un corte social. En la intervención inicial de la Generalitat Valenciana ya se consideran parte de estas acciones como el realojo de damnificados, establecimiento de servicios de transporte, sin embargo, unas intervenciones muy especiales requerirán los perjudicados pertenecientes a la tercera edad, debido a su desprotección. Todas estas acciones de gobierno requerirán la coordinación de actividades de educación, sanidad y servicios sociales.

Una situación tan especial como la presente requiere un consenso entre las fuerzas políticas y sociales. Respecto a los partidos políticos, se debe llegar a un acuerdo que afecte a todos o a la mayoría del arco parlamentario. Por un lado, para aprobar medidas especiales de recuperación regional global y, por otro lado, para que las mencionadas agrupaciones políticas de la Comunitat Valenciana presionen sobre las de ámbito central para que apoyen en la dotación de recursos suplementarios. En efecto, la idea de trasfondo es la necesidad de obtener recursos materiales y financieros extraordinarios y de concentrarlos para amortiguar los efectos del desastre que estamos padeciendo. Paralelamente, también es necesario que el gobierno llegue a acuerdos al respecto con los principales agentes sociales: sindicatos y patronal.

Los anteriores comentarios redundan en la necesidad de recabar un apoyo por parte de la Unión Europea, en particular, en términos financieros. Estos pueden venir, en parte del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, pero también cambios en condiciones en fondos estructurales o, incluso en reconsideraciones relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

En conclusión, el plan de choque del gobierno valenciano debe constituir un primer paso en la constitución de una estrategia global de reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Esta debe plantearse desde un enfoque amplio si se pretende que tenga efectividad. En definitiva, se tiene enfrente no sólo un reto económico, sino también político y social.