Opinión | tribuna

Barro para todos

El barranco del Poyo tras la dana

El barranco del Poyo tras la dana / Fernando Bustamante

La tragedia de la gran riada del 29-O nos ha traído de nuevo lo mejor y también lo más abyecto del ser humano. Frente a los miles de jóvenes comprometidos y solidarios entregados al rescate de los damnificados, unos pocos se dedican a restregarse en el barro, en sentido literal y figurado, intentando obtener réditos políticos, reputacionales, o los clics que atraen la publicidad y la llegada del dinero. Las tertulias televisivas se llenan de especialistas de nuevo cuño que en realidad no son más que ignorantes interesados.

En otro escalón están algunos políticos instalados en la estridencia, propagadores de la tensión que envenena a este país. Muchos, cada vez más, mienten con desparpajo con tal de sostener su relato. Sus votantes les creen. O no, pero les votan a ciegas, así que manga ancha. Sale barato mentir.

Ayer mintieron el ex presidente del Gobierno José María Aznar, y muchos de su partido cuando dijeron que el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que puso en marcha el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero suprimió las obras de defensa contra avenidas en el barranco del Poyo. No es cierto: las obras que estaban en el Anexo II del Plan Hidrológico Nacional que aprobó Aznar en 2001, seguían calcadas en el mismo Anexo II en el plan socialista de 2004 y declaradas, además, de «interés general». Zapatero y Cristina Narbona suprimieron el trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, pero no el resto de obras, entre las que se encontraba la «Restitución y adaptación de los cauces naturales de los barrancos de Torrente, Chiva y Pozalet» y la presa del Marquesado en el río Magro. Incluso añadieron algunas más (Plan AGUA). Al BOE me remito.

El problema real, el que ahora deberíamos lamentar y corregir en atención a las víctimas, es que ni sus gobiernos (de Aznar), ni los ejecutivos anteriores y posteriores, tanto del PP como del PSOE, ejecutaron las obras previstas, pero el expresidente prefiere mentir, seguramente mal asesorado. Quiero pensar que ocurrió lo mismo cuando dijo que Iraq tenía armas de destrucción masiva o que fue ETA quien atentó el 11-M.

Pero mejor no emponzoñar más las cosas. Tiempo habrá para que geógrafos y meteorólogos expliquen qué ha ocurrido. Probablemente estamos ante un evento excepcional, sin antecedentes históricos, en el que las sierras del interior: Santa María, Burgal, Tejo y Negrete, han jugado un papel similar al que en 1982 representaron la Muela de Cortes y el Caroche. La lluvia derramaba en estas sierras y por unos metros se dirigía hacia el Reatillo (Turia), el río Magro o la rambla del Poyo, un cauce con características singulares. Un No-cauce en realidad.

Cavanilles ya describió el potencial destructor de la rambla del Poyo cuando atraviesa Chiva pero lo cierto es que hasta los primeros años del siglo XX, las crecidas de la rambla del Poyo desparramaban al llegar al Pla de Quart sin generar apenas daños. No había nada ni nadie a quien pudiera dañar el agua, salvo algunos cultivos oportunistas viviendo de los nutrientes del aluvión.

El agua llegaba violenta desde un cauce de casi 200 metros de ancho, visible desde la A-3, buscando otros barrancos (Pozalet, Saleta, Pelos), tan difusos como el del Poyo, a través de los que llegar a la Albufera. Alguien pensó por entonces que sería una buena idea conectar ese cauce, enorme, con el vecino barranco del Gallego, paralelo por el sur al del Poyo, aunque lo hizo con una pequeña acequia de apenas dos metros de ancho a la que dieron un giro de 90 grados respecto al cauce natural, como si el agua fuera a obedecer. En la trasera del bar ‘Casa Pepe’, un lugar de culto para el almuerzo en la A-3 desde mucho antes de que se pusiera en marcha la moda del almuerzo, podía verse hasta hace unos días la acequia por la que debía circular un barranco que multiplicó por cinco el caudal del río Ebro.

En 1995 se aprueban en un gobierno de Felipe González los primeros estudios para evitar inundaciones en el área de la rambla del Poyo, cada vez más invadida por grandes polígonos que impermeabilizan el terreno agravando las escorrentías aguas abajo. Todo se quedó en estudios y proyectos, con Felipe y con Aznar, pese a la riada del año 2000, que anegó toda la zona, aunque sin víctimas. En 2004, el Gobierno, basándose en los proyectos del Anexo II, presentó públicamente un plan para la «defensa integral» contra avenidas de la cuenca de la rambla del Poyo que venía gestándose desde 2002. Incluía una presa, apoyada en dos diques, en el término de Cheste. Su alcalde, Raimundo Tarín, se opuso a la presa para proteger el futuro desarrollo de su pueblo y dejó, además, un recado en las páginas de Levante-EMV (07/07/2004): «Cheste no es responsable del desarrollo urbanístico de los municipios de l’Horta Sud». Sin pelos en la lengua. En el 2006 se presenta un nuevo proyecto «integral», fruto de los aires «verdes» que se respiraban entonces en el ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona. Se diseñan repoblaciones forestales en cabecera y se abandonan los embalses, pero se proyectan como alternativa tres áreas inundables en las que retener las riadas situadas en los municipios en Quart de Poblet (620.000 m2 en la cuenca media del Pozalet y 4.500.000 metros cuadrados en la confluencia del Poyo y el Gallego) y 480.000 metros cuadrados de Riba-roja para frenar las salidas del Pozalet, otro NO-cauce que aparece y desaparece sobre el terreno, aunque más modesto que el Poyo. Los municipios sacrificados tomaron nota de los proyectos «verdes» que amenazaban proyectos como el macro polígono logístico de Ribarroja o el futuro desarrollo industrial y terciario de Quart aunque sin llegar a manifestar en público su rechazo.

Mientras tanto, aguas abajo, Aldaia o Alaquàs, suspiraban por estas obras en cabecera en las que retener el agua y aplaudían los encauzamientos de sus barrancos, sobre todo el de la Saleta. Eso sí, los encauzamientos debían ser subterráneos, una solución muy cuestionada por los técnicos. Se abrieron pequeños cauces en el entorno de Bonaire y se expropiaron los terrenos para conectar los barrancos, incluido también el del Poyo, con la «Solución Sur» de Valencia. También se ejecutó el encauzamiento desde Paiporta hasta la Albufera, aunque con una capacidad de 800 metros cúbicos por segundo que se ha revelado mortalmente insuficiente.

Tan reciente como el pasado 1 de julio de 2024, cuatro meses antes de la tragedia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, «instaba» al Consell de la Generalitat «a desbloquear el plan contra inundaciones en Aldaia». Lo contaba Alfredo Castelló en las páginas de Levante-EMV: «La Confederación del Júcar da un mes a la conselleria para que avale su proyecto para el Barranc de la Saleta o desistirá de su ejecución». El problema es que la Generalitat y el ministerio discrepaban de la solución dada al citado barranco, el mismo que entró en Bonaire. Finalmente, el 18 de septiembre de 2024, a menos de dos meses de la tragedia, el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán y el alcalde de Aldaia Guillermo Luján mostraban su «predisposición a poner fin al bloqueo de este plan y a completar el informe que había congelado su ejecución debido a las diferencias en algunos aspectos técnicos entre el proyecto contemplado por la CHJ y el redactado en 2006 por la Generalitat Valenciana».

Desde 1986 -dejemos a Cavanilles en paz- ha gobernado en España Felipe González, José Maria Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sin que ninguno haya puesto freno a los desbordes del Poyo y a las riadas del Magro, donde todavía se anda buscando una «alternativa» a la presa del Marquesado. Existen desencuentros territoriales y muchos intereses económicos en juego que lastran los consensos sociales y no ayudan en el diseño técnico de las soluciones. Acabar con las inundaciones del río Magro y de la Rambla del Poyo será complicado y costoso, aunque nada equiparable al dolor de los muertos. No hablen, no mientan, hagan.

Tracking Pixel Contents