Opinión | ÁGORA

Informe Mazón

Escucho en directo al Sr. Mazón y no puedo dejar de pensar en el calamar y la tinta. Pasan y pasan las hojas, con datos y datos. Al final sabemos lo que hicieron todas las instituciones, desde la Delegación de Gobierno a la Confederación del Júcar, desde su consejera de Justicia al secretario de Estado que estaba en Colombia. Conocemos los correos que se cruzaron, las reuniones que tuvieron, las conversaciones que mantuvieron con los alcaldes, los informes de la AEMET. Todo. Pero ese yo de Mazón no aparece en el informe como actor. Es solo la persona que lo lee.

Lo que pretende demostrar el informe de Mazón es que él se sintió justificado para no aparecer en la escena hasta las 19 horas de aquel día. Según su informe, estaban pendientes de la grave situación todas las instancias institucionales. Todas, excepto él. Mazón podía desaparecer hasta las siete de la tarde porque las instituciones, según el informe, estaban haciendo lo que debían. La Generalitat no necesitaba para nada a su president.

Esta es la contradicción básica del informe. En el momento en que ocurrían los hechos, hubo mucha gente preocupada, reunida, intercambiando información y noticias. Pero el presidente no estaba entre ellos. Si la situación era tan grave para mantener todas esas actuaciones, ¿por qué él no formaba parte de ellas? La situación, antes de que fuera una tragedia descomunal, ya era para muchísimas instancias regionales, centrales, locales, objeto fundamental de preocupación. Por ejemplo, de la alcaldía de Utiel, que cerraba las actividades a las siete de la mañana; de la Diputación de Valencia, que hacía lo mismo; o de la Universitat.

El argumento de Mazón afirma que la tragedia fue resultado de dos fenómenos meteorológicos. La crecida del Magro y la de la rambla del Poyo. La AEMET desde la siete de la mañana de aquel día decía que se trataba de una dana. Y que merecía la alarma roja. Todo su argumento tiene una meta. La alerta general no está en el protocolo, nos dice. Pronto se corrige y reconoce que solo está en el protocolo cuando hay vertidos químicos y rotura de presas. Con eso nos prepara para afirmar que sólo cuando se enteró de los problemas de la presa de Forata, y de la inmensa tragedia que podría representar la inundación del río Magro, intervino como máxima autoridad. Entonces se dio la alerta a las 20.10 horas.

Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con lo que llama el segundo fenómeno metereológico, el de la rambla del Poyo. Aquí, el efecto que produce su relato es inquietante. Nos muestra una situación en la que todo el mundo estaba en tensión. Las reuniones estaban pendientes en todo momento de la crecida del cauce. Él mismo dice que la Generalitat no desactivó la alerta. Pero se centra en que los avisos de la Confederación del Júcar ofrecen un vacío de seguimiento. Entre las 16.13 y las 18.43 hubo un tiempo ciego, sin información, justo en el momento crucial en el que el cauce llegó a los mil metros cúbicos por segundo. Mazón se queja. Las informaciones de la Confederación eran contradictorias. Por eso, nadie de la comisión de emergencias estuvo en condiciones de saber lo que pasaba en esas dos horas. Mazón podía estar tranquilo. Perdido.

La impresión que quiere transmitir Mazón es que todo parecía funcionar bien excepto la Confederación del Júcar. Todos estaban en alerta y él actuó cuando tocaba. La impresión que tenemos nosotros es que durante esas horas cruciales su consejera, que tenía competencias para decretar la alarma general, quedó bloqueada por incomunicación con su jefe. No quiso asumir su responsabilidad, pero tampoco pudo transferirla al president. De este modo, nadie estuvo al frente. Si el president hubiera estado dirigiendo el operativo, dadas las sobradas evidencias de la gravedad de la situación, si hubiera hablado con alcaldes del interior, si hubiera estado cerca de las inundaciones que padecía Utiel desde las dos de aquella tarde, ese centro de emergencias habría funcionado de otra manera. No puedo dejar de apreciar una falta de sensibilidad con lo que sucedía más allá de Chiva, y una falta de compresión de que lo que sucediera allí, estaría en la huerta poco tiempo después.

Hacernos creer que la única fuente de información era la Confederación del Júcar es mala fe. Un gobernante pendiente de la suerte de su pueblo tiene mil formas de enterarse de lo que está pasando. Pero para eso debe tener el interés de hacerlo. No puede esperar los correos de la Confederación para escudarse en ellos. Y lo que es peor. Tenemos derecho a preguntarnos si el Sr. Mazón tenía en directo todo el conocimiento que recoge el informe, o si solo se ha enterado cuando nos lo ha leído. El hecho de que jamás diga lo que él hizo, nos induce a creer que se entera ahora. Pero su obligación era saberlo cuando podía actuar, no ahora, cuando sólo puede justificarse.

Nos da cierta tranquilidad que toda esa documentación del informe se haya recogido y se pueda hacer pública. Pero estaremos más tranquilos cuando todas las instituciones implicadas hagan sus informes y una autoridad imparcial juzgue la actuación de todas ellas, cruzando todos los datos. Esa autoridad llegará. No se mueren 216 personas sin que se investigue hasta el último detalle. Y si Mazón no tiene sensibilidad para sentir su parte de culpa por esta tragedia, ni vergüenza política para asumirla, alguien con imparcialidad tendrá que juzgarlo.

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