El futuro del administrador de fincas de oficio

La figura del Administrador de Fincas de Oficio (AFO) fue impulsada desde el convenio firmado con el Ayuntamiento de Gandia en febrero del año 2021 con el objetivo de que las comunidades de propietarios ubicadas en el municipio que se encuentran en riesgo de exclusión social por la situación de vulneración económica de sus vecinos, pudieran entrar en un proceso de rehabilitación arquitectónica de los edificios, y para ello, previamente, que pudieran cumplir con todas las exigencias normativas y constitutivas para funcionar legalmente como comunidad de propietarios. Este convenio establece una dotación presupuestaria para poder atender el pago de los honorarios profesionales de los administradores de fincas colegiados que prestan sus servicios a estas comunidades de propietarios, de manera que no sean los propietarios de las mismas quienes tengan que soportar ese gasto. El éxito de funcionamiento del convenio, y las negociaciones emprendidas con la Consellería de Vivienda, culminaron en la consecución de un convenio autonómico firmado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, con el vicepresident de la Generalitat Valenciana y Conseller de Vivienda, Héctor Illueca. Inicialmente con un ámbito de seis meses, vigente en el segundo semestre de 2022, fue renovado por la Generalitat para el ejercicio 2023, a fin de profundizar en dos ejes fundamentales: primero, la regularización de las comunidades de propietarios beneficiarias en todos los aspectos, especialmente en conseguir que los edificios de más de 50 años tuvieran realizado el informe de evaluación del edificio (IEE) que es obligatorio; y, segundo, la apertura de las citadas comunidades a los planes de ayudas públicas derivados de los fondos Next Generation. Una vez finalizado el año 2023 el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana, conseguimos el compromiso verbal de la Generalitat para que los AFO continuasen su labor, pero no ha sido sino hasta el mes de noviembre de 2024 cuando se ha podido firmar el convenio para este año, con efecto desde el 1 de enero pasado.

Durante once meses, y a pesar de contar con el citado compromiso de la administración autonómica, la incertidumbre se cernía para los más de 50 administradores de fincas colegiados que atienden este programa, que han seguido trabajando en beneficio de todas las comunidades acogidas al programa AFO, que son más de 200 de nuestra Comunitat y más de 1.000 familias que habitan en ellas. Ahora, sin una confirmación por parte de la Generalitat de que vaya a haber continuidad del convenio para 2025, pueden quedar abandonados a su suerte sin un profesional guiándoles, ya que todas las obligaciones normativas que pesan sobre las comunidades no son fáciles de cumplir para personas no expertas, y se agrava si tenemos en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los destinatarios de la figura del AFO, por lo que situaciones tan habituales como comunicarse con las administraciones públicas mediante un certificado digital o firma electrónica parecen utópicas e imposibles. Y la falta de continuidad de esta herramienta del AFO tiene un aspecto más importante, a nuestro entender, que es la imposibilidad de ejecutar las obras señaladas por su técnico redactor en los informes de evaluación del edificio (IEE), y que los Ayuntamientos van a exigir que se hagan, porque afectan a la calidad de la conservación y mantenimiento de las edificaciones. Y, por último, no puedo dejar de mencionar a todos los AFO que colaboran en los Planes de Barrio de varios municipios, que sirven para la regeneración de zonas muy degradadas arquitectónicamente, y que profesionalmente los administradores consiguen que haya comunidades de propietarios que puedan integrarse en las actuaciones de rehabilitación programadas por los Ayuntamientos.

Esta situación de inexistencia de un nuevo convenio para el próximo año, va a suponer el final de la ayuda de los Administradores de Fincas de Oficio a la parte de población más desfavorecida, que es propietaria o que simplemente es residente en un edificio de promoción pública, con grandes necesidades de “poner en regla” su finca, e incluso de decidir la ejecución de las obras de restauración y rehabilitación, que les permitan cumplir con la aspiración constitucional de disfrutar de una vivienda digna. ¿Queremos como sociedad que estos ciudadanos más necesitados de ayuda no tengan opción de eliminar esa brecha que aleja su vivienda de las condiciones óptimas de habitabilidad? Si nos respondemos que sí, solo queda decir: ¡adiós a los AFO y mucha suerte!