Opinión | ágora

2025: Un año plagado de retos

Lo vivido desde la dana no tiene parangón, pues tras la descoordinación inicial, vino la descoordinación en la segunda fase y parece que seguimos en las mismas.

El 2024 ha finalizado y lo hace dejándonos un sabor muy amargo por las víctimas de esa DANA que llegó y lo destruyó todo. Lo vivido desde entonces no tiene parangón, pues tras la descoordinación inicial, vino la descoordinación en la segunda fase y parece que seguimos en las mismas.

Las dimensiones de la catástrofe fueron impredecibles, quedando patente que ni la población ni las diferentes administraciones estaban preparadas para asumir las gravísimas consecuencias de lo ocurrido, pero tras dos meses de los sucesos, hemos podido ver cómo la ciudadanía y las entidades se organizaron desde el minuto uno para hacer frente al desastre, pero la administración sigue sin estar a la altura: burocracia lenta e interminable, ayudas irrisorias y poca empatía hacia las personas damnificadas.

Todo esto se traduce en una sensación de desolación y abandono, mezclado con la rabia que, junto a los mensajes de odio y falsas noticias que la extrema derecha se encarga de difundir, genera una desafección hacia las instituciones muy, pero que muy peligrosa y que entre todas deberemos neutralizar por el bien de la democracia y del bienestar colectivo. Como profesionales de la Educación Social este será nuestro primer reto del 2025, ya que en nuestra tarea y responsabilidad socioeducativa debemos realizar los diagnósticos oportunos, tanto a nivel individual como del entorno, detectar las necesidades y hacer un acompañamiento preciso, para que la reconstrucción social y comunitaria se trabaje desde todas las vertientes y con las figuras profesionales adecuadas.

Pero este no será el único reto, ya que la Generalitat ha publicado la nueva Ley de Simplificación Administrativa en la que aparecen cambios respecto a la anterior y que modificará a su vez el Decreto de Tipologías y la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, lo que afectará directamente a los profesionales de lo social, pero sobre todo a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En esta ley se elimina la preferencia de lo público, abriendo la puerta a la concertación o privatización de los Servicios Sociales a través de empresas privadas, con lo que esto pueda suponer de precarización en los contratos de las personas empleadas y el déficit en la atención a las personas usuarias.

Por otro lado, implica un descenso de hasta un tercio en las plantillas de las residencias de personas mayores, mientras que se duplica el número de plazas de personas usuarias, pasando del tope de 75 a 150 plazas.

Esto significa que las personas mayores van a padecer estos recortes, que no redundarán en la bajada de los precios de las residencias, pero sí en un descenso en la calidad del servicio que reciban.

Y también aparece que se revisarán los perfiles de las personas con diversidad funcional que asisten a los centros ocupacionales para valorar su derivación a centros de día… lo que hace pensar que también sufrirán un recorte sustancial en la atención que reciban.

Nuevo año, nuevos retos y nuevas normativas que trabajaremos, desde el COEESCV, defendiendo los derechos sociales como un pilar fundamental y los sistemas sociales públicos como garantía de calidad en la atención a la ciudadanía.

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