Veinte años ya

El 28 de diciembre de hace veinte años se publicaba la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en el Boletín Oficial del Estado. Por primera vez se incorporaba a la mujer como sujeto jurídico de una ley.

De este modo se reconocía que la violencia específica que sufren las mujeres no era algo privado sino una cuestión de Estado y de salud pública. Y hoy, a dos décadas vista, no está de más recordar que se aprobó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en el momento del sufragio y que, aun así, recibió más demandas de inconstitucionalidad que cualquier otra ley.

Finalmente, en 2008, el Tribunal Constitucional declaró su constitucionalidad. Su aprobación supuso un hito histórico al igual que más recientemente lo ha sido el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 con las recomendaciones de los organismos internacionales, la ONU y el Convenio de Estambul.

Hay que decir que, desde el principio, la misma ley se reveló como un instrumento jurídico necesario para cesar la convivencia con el maltratador. Sin embargo, su misión no fue la de resolver únicamente casos individuales mediante la aplicación de medidas paliativas.

De hecho, la ley apuntaba a miras más amplias al intentar combatir la violencia estructural, simbólica e institucional que padecen las mujeres por el solo hecho de serlo. De ahí que naciera con la pretensión de impulsar un cambio de paradigma social que todavía no se ha dado como lo prueban más de un millar de víctimas que, desde 2003, se contabilizan como asesinatos por violencia de género. Una cifra que hace que se pueda hablar con propiedad de terrorismo machista.

Fueron las feministas ponentes en la elaboración de esta ley, las que pusieron en el centro del discurso jurídico la violencia sexista contra las mujeres. Es ese mismo enfoque de género que prevalece en la ley, el que sigue precisando de mucha pedagogía, de muchas campañas de sensibilización y de mayor formación para todos los colectivos profesionales que han de saber detectar, prevenir y tratar los casos de violencia de género.

Es urgente porque vivimos momentos preocupantes de retroceso. Por una parte, el negacionismo ha llegado a las instituciones y se escucha en sede parlamentaria. Por otra, la alerta salta ante el aumento de la violencia machista entre las generaciones jóvenes que son la sociedad del futuro.

Puesta a hacer un balance somero y a vuelapluma, no cabe duda que habría que mejorar la protección a las víctimas, legislar el acceso a las plataformas pornográficas, impulsar la coeducación a edad temprana e incorporar en el currículo educativo una disciplina troncal que se llamara igualdad.

Al fin y al cabo, la causa de la violencia de género está en la desigualdad estructural con la que se han construido históricamente las relaciones entre los sexos. Con todo, cuando se cumplen dos décadas, la LO1/2004 no necesita tanto de reformas como de completar su desarrollo en aquellos aspectos que todavía no lo ha sido, dotándola con las medidas económicas que precisa. Y, entretanto, defenderla con auténtica convicción política para no estar siempre en las mismas y no tener que lamentar víctimas

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