Opinión | Tribuna
Memoria de Atocha
La Ley 20/2022 de Memoria democrática plantea, como un deber ineludible para fortalecer las virtudes cívicas y los valores constitucionales, conocer y divulgar la trayectoria y sacrificios de los movimientos colectivos y personas individuales que participaron en la lucha por sus derechos y por la libertad de todos.
La reivindicación de la memoria obrera ocupa un lugar central, por cuanto la lucha de quienes en los tiempos oscuros rompieron el silencio impuesto y se levantaron contra la injusticia y por la dignidad del trabajo fue clave en la reconstrucción de la razón democrática, articulando la defensa de sus reivindicaciones sociales y económicas con la demanda de libertades civiles.
En el marco del programa España en libertad, diseñado por el Gobierno para celebrar los 50 años del fin del franquismo y el inicio de la transición democrática, se incluye la declaración como lugar de memoria del despacho laboralista de la madrileña calle de Atocha donde, el 24 de enero de 1977, fueron asesinados por pistoleros fascistas cinco abogados de Comisiones Obreras (CC.OO.).
Como ha relatado una reciente serie televisiva (Las abogadas), formaban parte de un grupo de jóvenes profesionales que asesoraban y defendían los derechos de trabajadores y vecinos de barrios periféricos, en un momento de gran conflictividad provocada por la confluencia entre una grave crisis económica (26,4% de tasa media de inflación) que erosionaba rápidamente los salarios y la incertidumbre de una transición política boicoteada por el franquismo residual enquistado en los aparatos policiales, militares, judiciales del Estado.
Aquella red de despachos laboralistas, que en Valencia representaban, entre otros, Alberto García-Esteve, Manuel del Hierro, Ricardo Peralta, Carlos Alfonso Mellado…, desarrolló un papel fundamental en la defensa de los derechos políticos y laborales, contribuyendo asimismo a la consolidación del movimiento sindical.
Aquel invierno caliente se registraron más de 1.200 huelgas, con tres millones de participantes y 16,5 millones de horas no trabajadas, entre ellas la del sector del transporte, cuyos representantes sindicales se reunían en Atocha-55 coordinados por Joaquín Navarro, cuyo liderazgo exasperaba a los burócratas verticalistas que instigaron el asesinato.
El multitudinario funeral por los abogados de Atocha, que recorrió en un impresionante silencio el centro de Madrid entre claveles rojos y puños en alto, representó un punto de inflexión en el difícil camino hacia la democracia: en los tres meses siguientes se disolvieron el Movimiento Nacional y los sindicatos franquistas, se legalizaron partidos y organizaciones obreras, empezó la liberación de los presos y el retorno de los exiliados políticos y se convocaron las primeras elecciones libres en más de 40 años.
La transición no fue, pues, ni una concesión graciosa pilotada por la monarquía ni un pacto continuista entre élites, sino que sería, precisamente, la presión social desde abajo, impulsada por los movimientos vecinal, estudiantil, profesional y, sobre todo, obrero, la que resultó determinante para desbaratar primero las maniobras post-franquistas, acelerar luego las reformas y forzar, finalmente, la ruptura democrática.
Y es ahora, cuando asistimos con creciente preocupación a la banalización de la dictadura y la expansión de un neofascismo con cobertura tecnológica, cuando más necesaria resulta la reivindicación de la memoria obrera y democrática que, desde Atocha’55 nos interpela con el imperativo ético de un verso de Cernuda: "Recuérdalo tú y recuérdalo a otros!".
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