¿Hacia la Autocracia? Trump y la enmienda 14 a la Constitución de los Estados Unidos

En 1857, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que «cualquier persona descendiente de africanos, ya sea esclavo o libre, no es ciudadana de los Estados Unidos de acuerdo con la Constitución». Conocida como el caso «Dred Scott contra Sandford», la sentencia agudizó tensiones que desembocaron en la Guerra de Secesión. Finalizada la contienda, un grupo de republicanos radicales propuso al Congreso que los Negros tuvieran derechos constitucionales para evitar que los estados sudistas pudieran negárselos amparándose en esa sentencia. Ese mismo grupo añadió otra petición: debían quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos los dirigentes sudistas que se habían rebelado contra el gobierno de los Estados Unidos. El Congreso aceptó ambas propuestas y así quedó redactada la decimocuarta enmienda en 1868 :

Sección 1. Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. 

Sección 3. Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si (…) ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. 

Basándose en la sección tercera, varios tribunales federales dictaminaron que Trump no podía presentarse a las elecciones por su participación en el intento de revocar el resultado electoral que dio la presidencia a Biden y, tras escuchar al fiscal Jack Smith y a los testigos, el Gran Jurado del Estado de Washington consideró que existían pruebas suficientes para imputarlo por difundir falsamente que se había producido un fraude electoral e intentar que el Senado no certificara la victoria de Biden. Los abogados de Trump recurrieron argumentando que gozaba de inmunidad, pero el tribunal federal de apelaciones decidió lo contrario. 

Fue entonces cuando los abogados acudieron al Tribunal Supremo. Sus seis jueces conservadores- tres de ellos nombrados por Trump- sentenciaron que los presidentes gozan de inmunidad por sus actos oficiales y que, salvo prueba contraria, fueron actos oficiales las comunicaciones de Trump al Fiscal General para que el Departamento de Justicia investigara el fraude fiscal y revirtiera los resultados así como las conversaciones con el vicepresidente, incluidas aquellas en las que le presionó para que el Senado no certificara la victoria de Biden. El caso se remitió a la jueza federal que lo instruía para que decidiera cuáles fueron actos oficiales y cuáles no, aunque, como he señalado, el Supremo se pronunció expresamente sobre algunos. Al retrasar el proceso, la sentencia permitió que Trump se presentara a las elecciones y, tras ganarlas, el fiscal especial Jack Smith retiró las imputaciones debido a que la doctrina del Departamento de Justicia establece que no se puede procesar a un presidente en ejercicio salvo que antes sea destituido mediante juicio político (impeachment). Acto seguido, Jack Smith dimitió no sin antes remitir al Congreso un informe en el que aseguraba poseer pruebas de que Trump realizó «esfuerzos criminales para retener el poder».

Las tres juezas progresistas del Tribunal Supremo sostuvieron que la sentencia vulneraba la Constitución. Merece la pena citar algunos párrafos del voto particular de la jueza Sotomayor: «La sentencia se burla del principio fundamental de nuestra Constitución y sistema de gobierno por el que ninguna persona está por encima de la ley (…) ¿Un presidente organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune (…) ¿Ordena asesinar a un rival político? Inmune (…) El presidente es ahora un Rey por encima de la ley (…) Con miedo por nuestra democracia, yo disiento».

Volvamos a la sección primera de la decimocuarta enmienda. El mismo día de su toma de posesión, Trump firmó una orden ejecutiva que revoca la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados sobre la que volveré más adelante. Varios Estados y asociaciones cívicas acudieron inmediatamente a la justicia y, basándose en la sección primera de esa enmienda, el juez federal John Coughenour ha paralizado transitoriamente la orden en términos contundentes: «Llevo ejerciendo más de 40 años y no recuerdo un caso tan claro de una orden tan descaradamente inconstitucional». La literalidad de la enmienda parece ratificar la opinión del juez y también la jurisprudencia de la Corte Suprema – en 1898, por ejemplo, un hombre nacido en San Francisco de padres chinos que entonces no podían naturalizarse fue declarado ciudadano norteamericano-. Sin embargo, desde hace una década, juristas y grupos de presión «trumpistas» vienen defendiendo en revistas de Derecho y en foros públicos que la enmienda 14 permite excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados ya que La Corte Suprema nunca interpretó correctamente la cláusula persona «sujeta a jurisdicción». 

Para esos juristas y grupos de presión, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha aplicado la doctrina del «ius soli» o derecho de suelo (basta con nacer en los Estados Unidos para obtener la ciudadanía), olvidando que la cláusula «sujeta a jurisdicción» obliga a establecer excepciones como las que el propio tribunal reconoció en una de sus sentencias que excluyó a los hijos de diplomáticos y de ejércitos invasores. Por consiguiente, la interpretación de la decimocuarta enmienda debe ser restrictiva porque la jurisdicción implica un vínculo más profundo con el país que el mero derecho de suelo. Por ejemplo, que al menos uno de los padres sea ciudadano de los Estados Unidos ya que, en este caso, hay una persona sujeta a las leyes y soberanía nacionales. Huelga decir que esos juristas y grupos de presión añaden a su argumentación que la doctrina restrictiva resulta necesaria para frenar la inmigración ilegal. 

La orden ejecutiva de Trump no ha salido, pues, de su chistera como evidencian estos párrafos de la misma: «La Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos ya que siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos pero no “están sujetas a su jurisdicción” (…)». Por ello se ordena que no se extiende la ciudadanía a las personas nacidas en los Estados Unidos: «1) Cuando la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos y el padre no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona, o (2) cuando la presencia de la madre de esa persona en los Estados Unidos en el momento del nacimiento de dicha persona era legal pero temporal y el padre no era ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona».

El nuevo presidente ya ha manifestado que recurrirá a la Corte Suprema si algún tribunal inferior declara inconstitucional su orden ejecutiva porque está convencido de que los seis jueces conservadores la apoyarán. De ser así, es probable que la jueza Sotomayor emita un voto particular afirmando que los Estados Unidos se han convertido en una Autocracia hasta que los «trumpistas» pierdan las elecciones y se restablezcan el Contrato Social (el gobierno de la mayoría no puede conculcar derechos) y la división de poderes.