«A propósito del Anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión»

Hay un viejo dicho que dice que cuando la realidad no encaja con tu relato, lo más fácil es inventarse otra. Algo parecido se percibe con determinadas opiniones sobre el borrador del Anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión, como la expresada en una tribuna en este mismo medio. Dicho texto plantea una visión crítica, con grandes dosis de dramatismo y licencias interpretativas que dejan al margen un punto clave: el actual Consell ha presentado una ley social que introduce mejoras respecto a la anterior. Lo que parece una tragedia clásica merece ser complementada con una perspectiva más rigurosa y objetiva. Lo peor no es la crítica –legítima siempre en democracia–, sino la desinformación disfrazada de análisis. Es momento de aclarar el espíritu de esta reforma. Vamos a ello.

OpiniónJuan Vicente Cosín

Anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión

Partimos de que nuestra acción legislativa no ha venido a cambiar lo que ya funciona, sino a mejorar lo que puede ser mejorado. El falso dilema entre «mantener» y «desmantelar» no aplica aquí. Lo que era útil sigue, lo que se podía perfeccionar, se ha perfeccionado. 

1) «La RVI sigue igual, no mejora nada respecto al IMV». Falso. La reforma no ha eliminado la vinculación con el IMV, la ha optimizado. Antes, dos sistemas con criterios distintos coexistían y dificultaban el acceso; ahora se armonizan, permitiendo que la RVI cubra más perfiles de vulnerabilidad y llegue a quienes el IMV deja fuera. Si esto no es mejorar, quizá debamos redefinir la palabra «mejora».

2) «Desaparecen modalidades, se elimina la diversidad de situaciones de riesgo de exclusión». Falso. Se reorganizan las modalidades previas y sus características se integran en una única modalidad más completa, ahora compatible con el empleo y otros ingresos. La nueva RVI garantiza ingresos mínimos, acompaña e interviene mediante servicios sociales (con exenciones justificadas por criterio profesional) y permite compatibilizar prestaciones por desempleo, subsidios e ingresos laborales, asegurando también el complemento para pensionistas sin trámites adicionales.

Simplificar el acceso y eliminar redundancias no es un recorte, es una mejora. Las modalidades previas generaban barreras administrativas más que soluciones. Con esta reforma, la inclusión social se refuerza. Varias entidades han celebrado estas mejoras. Así que, ¿llamar «recorte» a ampliar derechos y reducir burocracia no requiere más precisión y menos imaginación?

3) «Se congela el poder adquisitivo de la RVI». Falso. La RVI sigue vinculada al IPC, garantizando su actualización automática (art. 23 nueva ley). Si el IPC sube, la RVI sube con él, como ya ha ocurrido. Hablar de congelación cuando las cuantías se ajustan al alza es contradictorio. Además, y más importante si cabe, las cuantías aumentan, se incorporan nuevos complementos y el umbral de la pobreza se reduce del 80% al 85%. No hay espacio para interpretaciones: basta comparar los textos con rigor. 

4) «No hay mejora porque la actual ley de RVI, ya contempla los ingresos por cuenta ajena». La actual RVI tiene en cuenta los ingresos por cuenta ajena, pero solo para excluir a los solicitantes y titulares que trabajan. La nueva ley cambia esta lógica: permite compatibilizar empleo y prestación a los titulares, evitando que las personas tengan que elegir entre trabajar o mantener la ayuda. Además, introduce incentivos al empleo, convirtiendo la RVI en un trampolín hacia la autonomía. Así que sí, los ingresos por trabajo estaban antes, pero en la columna de los problemas (art. 26 nueva ley).

5) «No se establece periodo de renovación, la ley queda incompleta». La pregunta no es dónde está la renovación, sino por qué se asume que debe existir. La nueva ley elimina la renovación periódica y establece la prestación como indefinida, siempre supervisada y controlada por los profesionales de Servicios Sociales. Así, quitamos la espada de Damocles que obligaba a las personas vulnerables a vivir con la incertidumbre de si seguirían recibiendo la ayuda cada tres años. Todo recogido en el artículo 7 de la nueva ley. 

6) «No cubre a las personas mayores». Una nueva impostura. La nueva ley elimina el límite de los 65 años, garantizando que ninguna persona mayor quede desprotegida. Antes, cumplir esa edad implicaba nuevos trámites, con riesgos e incertidumbre. Ahora, cualquier mayor de 65 años podrá seguir percibiendo la RVI sin obstáculos ni solicitudes adicionales. No hay límite, solo una edad mínima, como recoge el artículo 4. No hace falta «esperar a la tramitación en les Corts», ya está recogido.

7) «Obliga a ir a los servicios sociales con el estigma que ello supone». Llamar «estigma» a la labor de los servicios sociales es no entender su función.

Los servicios sociales no estigmatizan, acompañan. Son el pilar del sistema de protección social y su papel es precisamente garantizar derechos, no señalizar a quienes los necesitan. Nuestra reforma pone en valor su trabajo y les libera de la carga burocrática, trasladando la instrucción del procedimiento a la Generalitat. Así, los profesionales pueden centrarse en lo que importa: acompañar, intervenir y hacer seguimiento (Título II de la nueva ley). Decir que esto genera sobrecarga es absurdo; al contrario, aligera su labor y refuerza su propósito esencial. ¿Dónde está el problema en permitir que hagan lo que mejor saben hacer?

8) «No se vislumbra mejora en el complemento a la infancia». ¿De verdad pasar de 0€ a 60€ al mes por menor no es una mejora? Actualmente, la RVI no incluye ningún complemento a la infancia. Con la nueva ley, cada menor en la unidad de convivencia recibirá 60€, hasta un máximo de 180€ (art. 28). Si alguien cree que no es un avance significativo, quizá no comprende lo que representa para las familias más vulnerables. Ahora sí hay un complemento, y eso marca la diferencia.

Estas son solo algunas de las mejoras, consensuadas y trabajadas con los Servicios Sociales municipales, entidades del tercer sector y grupos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Y sí, son mejoras. Y no, no son las únicas.

Hay una diferencia entre la crítica legítima y la manipulación interesada. La primera ayuda a mejorar las políticas públicas; la segunda solo busca embarrar el terreno de juego. Convertir una reforma necesaria y bien diseñada en un relato apocalíptico es una irresponsabilidad. La política no puede ser un espectáculo donde el rigor es lo de menos y lo importante es lanzar titulares alarmistas. Porque cuando la verdad se convierte en un obstáculo para el relato, quien pierde no es el gobierno de turno, sino los ciudadanos que merecen un debate público serio y fundamentado. «Estos son los datos objetivos y de cada ciudadano, las conclusiones pertinentes».