El president, en el bucle

La Generalitat filtró esta semana el audio de una conversación entre una empleada de la AEMET y otra del servicio autonómico de Emergencias el día de la DANA con el que pretendía demostrar que la Agencia de Meteorología, organismo estatal, había minusvalorado el riesgo e inducido a error al operativo autonómico. «No vamos a marearos más», se escuchaba decir a la técnico de la AEMET. De inmediato, los corresponsales del Consell en Madrid se lanzaron a por la presa como si no hubiera un mañana, y por supuesto sin explicar a sus usuarios que el audio estaba mutilado y recogía sólo una pequeña parte de la conversación. La cacería duró esta vez menos de lo que canta el gallo: apenas las horas que tardó el Gobierno en difundir la grabación completa, en la que se comprueba que el aviso rojo, que significa «peligro extraordinario», en el que «los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos muy graves o catastróficos», cito textualmente del Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, en ningún momento se anuló: «A las 15 horas empezará lo peor», advierte la empleada estatal a su interlocutora en la parte que inicialmente se ocultó. Antes al contrario, si la conversación entre las dos técnicos demuestra algo es que la preocupación en la AEMET y el propio 112 que depende de la Generalitat era ya muy elevada a mediodía de la jornada fatídica, a pesar de lo cual los principales responsables del Gobierno autonómico continuaron con sus agendas sin adoptar ninguna medida.

El episodio puede ser considerado uno más de la guerra de relatos que libran el Consell de Mazón y el Ejecutivo de Sánchez para endosarse recíprocamente la responsabilidad de los numerosos errores que las administraciones cometieron tanto en la prevención de la catástrofe como en la primera respuesta. Pero nos debería llevar a la cuestión de si es lícito que un Gobierno, en este caso el de Mazón, trate de confundir a sus ciudadanos con manipulaciones y medias verdades. Y la única respuesta que cabe es que en términos éticos y políticos la maniobra del Palau resulta intolerable. No es este el comportamiento que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana merecen de su gobierno.

Pero más allá de los hechos referidos hay una lectura política que no es halagüeña para Mazón. Y es que sigue sin salir del bucle del 29O. Probablemente porque es tarea imposible. La política valenciana quedó congelada ese día, pero quien quedó atrapado fue Mazón, que por activa (filtrando audios editados, a quién se le ocurre) o por pasiva, no puede pasar de esa hoja del calendario. Y eso nos arrastra a todos.

No digo que el president no avance posiciones en la guerra que se está librando. Ya escribimos aquí hace unos días que estaba remontando en las encuestas. Y en las últimas semanas, mal que le pese al PSOE, su narrativa, presentándole como víctima de la falta de información, dolosa o negligente, del Gobierno, estaba imponiéndose por encima de la de Sánchez, basada en que Mazón no ejerció sus competencias por una mezcla de frivolidad e inoperancia. Pero da la impresión de que cada vez que consigue despegar, la realidad y sus propios errores obligan a Mazón a un aterrizaje forzoso.

El bucle (proceso que se repite indefinidamente, según la tercera acepción del diccionario de la RAE) se hubiera interrumpido si en su primera comparecencia en las Corts Mazón hubiera anunciado que se mantendría en la presidencia del Consell en un ejercicio de responsabilidad pero que renunciaba a encabezar en las próximas elecciones la candidatura del PP, como se le pidió desde estas páginas en aras a la gobernanza de la Comunidad y los formidables retos que deberá superar en los próximos años. Como era de prever, eso no ocurrió. En términos personales, puede ser explicable que el president no afrontara ese sacrificio. En términos de partido, ya es más discutible. El PP sigue tan reo de aquella jornada como lo es Mazón. Y Feijóo, el que más.

Pero, con ser muy relevante todo esto, lo es más la ceremonia de la confusión a la que los ciudadanos están siendo sometidos como consecuencia de la lucha por la supervivencia de unos y las ansias de sorpasso de otros. Por la máquina de bulos que periódicamente ponen en marcha estos, y el injustificable catenaccio impuesto por los otros a sus representantes en el territorio. La responsabilidad de todos debería hacerles practicar algo tan simple pero necesario como la transparencia: hacer públicas todas las comunicaciones (también las llamadas del jefe del Consell y su equipo aquella tarde, esas de las que sorprendentemente la Generalitat dice no tener registros), todas las grabaciones, todas las agendas, todas las actas y todas las geolocalizaciones de todos los organismos y cargos públicos de ese día, ya sean estatales o autonómicos. Hasta que eso no esté publicado, seguiremos volviendo una y otra vez al 29O. Si las administraciones no las ponen a disposición, estarán socavando la confianza de los ciudadanos en la política hasta extremos nunca vistos en esta Comunidad. Y si ningún órgano judicial reclama esa información, también la Justicia quedará maltrecha en este asunto. Porque los ciudadanos no es que quieran saber qué pasó. Es que tienen derecho a saberlo, que no es lo mismo. La magistrada de Catarroja ha emprendido con acierto ese camino, pero mucho me temo que la carga es demasiado grande para un juzgado de Instrucción.

Entre tanto, la semana ha servido igualmente para ver algunos movimientos que resulta difícil calibrar: o Mazón ha abierto el libro negro, al que nos referíamos aquí el pasado fin de semana, y ha empezado a puntear nombres, o hay más desgobierno del que se presuponía. Me explico: el rector de la UMH anunció el martes que irá al Supremo en su particular campaña de acoso contra la Universidad de Alicante, a la que el PP lleva años queriendo poner bajo su dominio, sin éxito. El movimiento podría tratarse como una patología más, pero dado que Juanjo Ruiz nunca ha ocultado su afinidad con el presidente Mazón, llama la atención que reabra una guerra de la que hasta el propio Mazón parecía haber acabado harto.

En paralelo, la empresa Tescoma y la Institución Ferial Alicantina (IFA), han comunicado su baja de la patronal autonómica CEV. Tampoco pasaría nada, si no fuera porque el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha mantenido en la crisis de la DANA una posición independiente, intentando recabar ayuda para Valencia de todos los sitios donde ha podido, sin atender los requerimientos del Palau para que cerrara filas en el ataque al Gobierno. ¿Quién es el dueño de Tescoma? Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y “hermano”, según propia confesión, de Mazón. ¿Quién dirige IFA? Alejandro Morant, militante del PP, alcalde de Busot y camisa vieja del mazonismo.

Lo sorprendente es que lo que ha hecho el rector de la UMH a quien más perjudica es a Mazón, porque los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante, avalados por el Tribunal Superior de Justicia, van a continuar, pero quien se atribuyó públicamente el mérito de haber acabado definitivamente con los enfrentamientos entre ambas instituciones académicas que ahora Ruiz vuelve a atizar fue el president, cuya autoridad queda así en entredicho. Y que los disparos de Baño e IFA contra la CEV, además de avivar el secesionismo en tiempos que requieren máxima unidad, también le privan a Mazón de peones en la dirección de la patronal, lo que no parece ni responsable ni inteligente. Uno no cree en las conspiraciones, pero tampoco en las coincidencias, y menos si el tiroteo viene del territorio que Mazón se supone que tiene más controlado. Así que, o el jefe del Consell ha decidido ir ya a por todas sin remilgos, lo mismo da si es contra la Academia o contra la principal organización empresarial de la Comunitat, utilizando como fuerza de choque en primera línea a su entorno más próximo, o le están creciendo los enanos y encima se toman barra libre a su costa. No sé qué es peor.