Unos presupuestos muy necesarios

Aprobar unos presupuestos en forma y tiempo es la obligación de cualquier gobierno. La actual fragmentación parlamentaria, producto de la pluralidad y de la polarización, dificulta al máximo el acuerdo para que las necesarias cuentas públicas impulsen las acciones de las distintas administraciones. A punto de concluir febrero, el Gobierno de Pedro Sánchez todavía ha sido incapaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025 por su compleja mayoría parlamentaria. Lo mismo que el Consell de Carlos Mazón, con la agravante que eso supone para la necesaria y rápida reconstrucción que necesita la Comunitat Valenciana tras la catástrofe que asoló la mayor parte de la provincia de Valencia tras la dana del 29 de octubre.

Pese al estado de calamidad de la riada que causó 224 fallecidos y todavía 3 desaparecidos, las Corts ha sido incapaz de llegar a amplios acuerdos, mientras el Consell y el Gobierno intensifican, ante el estupor de los cientos de miles de damnificados, su guerra de relatos sobre quién tuvo mayor responsabilidad o dejación de funciones el mismo día de la tragedia y los siguientes. Mientras, el socio preferente de Mazón para aprobar los presupuestos de la dana sigue dando largas y exprimiendo los plazos. Vox está aprovechando la circunstancia para poner en más aprietos al PP, tras su salida del gobierno autonómico, como sucedió la semana pasada cuando tumbó con PSPV y Compromís el decreto que regulaba los instrumentos de coordinación específicos para la vuelta a la normalidad tras la dana, presentado por el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols.

Esta semana se antoja clave para las fechas marcadas por el PP valenciano para que la Generalitat presente su proyecto e inicie la tramitación parlamentaria de unas cuentas condicionadas por los gastos extraordinarios generados por la catástrofe. Aunque ni Mazón, ni su consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, han despejado aún el camino para su aprobación. El síndic de Vox, José María Llanos, ha insinuado que la continuidad del vicepresidente Gan Pampols en el Consell imposibilita un voto afirmativo a las cuentas autonómicas. Del amago inicial del PSPV de apoyo a la emergencia nada queda, y su líder Diana Morant, ha dejado claro que cualquier acuerdo pasa por la salida de Mazón por la gestión de la dana. Un enroque que complica las intenciones del president de sacar adelante las cuentas para afear también a Pedro Sánchez la falta de Presupuestos Generales.

Ruth Merino mantiene su intención de entregar esta semana los presupuestos de la Generalitat de 2025 para que su socio preferente, Vox, como PSPV y Compromís lo estudien con responsabilidad, y ha anunciado que aunque será único, estará diferenciado en dos partes. Por un lado, el ordinario, que será muy similar al que estaba previsto antes de la dana, y otra proveniente de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), destinados al endeudamiento para pagar todas las actuaciones que en cada conselleria se van a destinar a la reconstrucción. En paralelo a ese anuncio de un presupuesto con dos capas, la ordinaria y la dana, este miércoles está prevista una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la condonación de la deuda como posible único punto del orden del día, quedando fuera una vez más la reforma del sistema de financiación y el fondo de nivelación que debería recibir la Comunitat Valenciana, que los expertos que asesoran a la Generalitat y a las Corts han cifrado en 7.128 millones de euros.

La razón asiste a la consellera Merino cuando asegura que el orden de prioridades del Consell en sus demandas al Gobierno pasa primero por la reforma del sistema de financiación, luego por el fondo de nivelación y por último una solución para la deuda. De esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera debería salir un acuerdo claro y transparente para la Comunitat Valenciana, porque más allá del difícil equilibro financiero de un Estado descentralizado, la complicada situación económica provocada tras las inundaciones necesita de una atención especial por parte del Gobierno. Lo mismo que al Consell le compete negociar unos presupuestos que cuenten con un amplio consenso en las Corts. Lo contrario no dejaría de provocar una frustración más en una sociedad que reclama inversiones muy urgentes.